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El caso está lleno de elementos extrañísimos, por no decir irregulares. El primero de ellos es que la Juez Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, quien ejecutó el embargo preventivo, no exigió la fianza de ley a la Dirección General Aduanas, alegando que el Estado no la necesita. Tampoco notificó a la Esso. Y no sólo eso, colocó como depositario de las instalaciones al administrador de Aduanas de Corinto, Roberto Zepeda, en lugar de nombrar como depositario al dueño del bien, tal como lo demanda la ley.

¿Si no hay fiador, quién responderá por los daños y perjuicios si la demanda no se pone o es fallada en contra de los demandantes?

¿Qué hace Petronic en esto?
El tercer elemento que despierta sospechas es que el propio administrador de Aduanas de Corinto, Roberto Zepeda, reconoció a nuestro corresponsal Róger Olivas, que los guardas de seguridad que ahora controlan los depósitos de combustible, son pagados por Petronic, la compañía estatal comercializadora de petróleo. “Todo esto lo controla Petronic”, confesó Zepeda a nuestro corresponsal.

¿Qué hay detrás de esta ‘toma’ de la Esso? Hay dos versiones: la primera indica que el gobierno intenta apoderarse de instalaciones que le servirían para que Petronic importe el petróleo venezolano. Y la segunda versión, divulgada en círculos empresariales, consiste en que la toma es una represalia del gobierno porque la Esso se habría negado a seguir vendiendo combustible al fiado a las generadoras estatales, lo que desembocaría en más apagones que impactarían la imagen pública del presidente Daniel Ortega.

La Esso controla el 47 por ciento del mercado interno de hidrocarburos en Nicaragua y es una de las petroleras más importantes del mundo. Es el proveedor del resto de petroleras que hay en el país. El gobierno de Daniel Ortega ha sido crítico acérrimo de las autoridades norteamericanas y del “capitalismo salvaje”, pero esta es la primera acción concreta de una autoridad del gobierno en contra de inversionistas estadounidenses de este calibre.

La historia oficial es que la Dirección de Aduanas solicitó a la juez segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, el embargo preventivo de las instalaciones de la petrolera estadounidense en el puerto de Corinto por un adeudo de 54 millones de córdobas en impuestos. Aduanas tiene quince días para entablar una demanda formal. Los guardias de seguridad de la Esso fueron retirados y sustituidos por otros contratados por Petronic a eso de las cinco de la tarde del viernes pasado.

EEUU emite seria declaración
El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer que las acciones tomadas por el gobierno sandinista en contra de las instalaciones de la compañía Esso, Exxon Mobile, en el puerto de Corinto, “tienen el potencial de dañar seriamente las relaciones económicas entre los Estados Unidos y Nicaragua” y “como consecuencia potencial”, afectar el clima de inversión extranjera en el país.

El embajador Paul Trivelli reafirmó esta posición advirtiendo que esa acción es injustificada, confiscatoria y preocupante; al tiempo que señaló que debe resolverse satisfactoriamente entre el gobierno y la compañía. “Hasta las nueve de la mañana de hoy ellos, ejecutivos de la Esso, no habían recibido ningún papel judicial”, advirtió Trivelli.

“El gobierno de Estados Unidos insta a que la disputa sea resuelta rápidamente y con transparencia por medio de negociaciones entre el gobierno de Nicaragua y la Compañía Esso (Exxon Mobile)”, dice el comunicado oficial de la embajada estadounidense.

Grave incidente
El embajador Trivelli espera que el “incidente” se resuelva vía negociación “pero pronto”. Según el embajador, la acción emprendida no tiene ninguna justificación política. Confirmó que habló sobre el caso con el canciller de la República, Samuel Santos, pero no entró en detalles.

Por su parte, el canciller Santos dijo a EL NUEVO DIARIO que aclaró al embajador Trivelli que el caso de la toma de las instalaciones de la Esso Standard Oil, está en manos del Poder Judicial y el gobierno central no tiene nada que ver en dicho asunto.

El canciller rechazó que la acción judicial se trate de una confiscación que tendría repercusiones negativas en las relaciones comerciales entre los dos países, como advirtiera el diplomático estadounidense. “No, yo creo que se está adelantando y está emitiendo juicios que en estos momentos no tienen cabida” expresó Santos.

Canciller: se resolverá
“El proceso ha seguido los cauces normales desde el momento en que la aduana está tratando de recuperar unos impuestos que la compañía norteamericana tiene atrasados”, alegó el canciller.

Negó también que esta situación ponga en peligro la inversión extranjera tras explicar que todo país tiene derecho a cobrar los impuestos conforme a las leyes; y aquellos que no los paguen, están sujetos a estas acciones.

Santos espera que se encuentren salidas al problema. “Yo creo que se van a encontrar las soluciones y no creo que la Esso, una empresa de tanto tamaño y tanta riqueza no le quiera pagar a Nicaragua unos impuestos atrasados, yo creo que van a encontrar la fórmula de resolver este problema”.

Montealegre: Petronic está detrás
La intervención de aduanas a las instalaciones de la petrolera Esso en el Puerto de Corinto, podría estar vinculada al interés del gobierno sandinista en subarrendar a favor de Petronic dichas instalaciones y así facilitar la importación de petróleo venezolano.

Así lo señaló ayer Eduardo Montealegre, diputado y presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, quien se mostró preocupado por lo que ocurre en torno a la petrolera de origen estadounidense.

“Todo es posible”, reiteró Montealegre, al advertir que esta inusitada intervención podría obedecer a motivaciones políticas que favorezcan la importación del petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo presidente Hugo Chávez es aliado del presidente Daniel Ortega.

INE tratando de evitar desabastecimiento
Sea cual fuere la acción judicial o administrativa que proceda sobre los activos o pasivos de la compañía Esso Standard Oil, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) prometieron que no se afectará ni las operaciones en este plantel y mucho menos el suministro de combustible al país, y en esta vía movilizaron a su equipo legal.

David Castillo, titular del INE, indicó que ayer, desde horas tempranas, se solicitó un informe detallado a Esso acerca de lo que está sucediendo en sus instalaciones de Puerto Corinto, para participar del caso como ente regulador.

“Solicitamos un informe a la Esso sobre lo que está pasando, en nuestro carácter de ente regulador, y pedimos todos los detalles del caso, pero nos respondieron que en los juzgados al menos no hay nada”, explicó Castillo.

Una batería de abogados del INE ayer se movilizó en los juzgados de Chinandega y confirmó que no se trata de una acción judicial, sino de “un procedimiento de Aduanas para cobrar un dinero que la compañía no ha cancelado”, dijo uno de los técnicos.

“Nosotros vamos a personarnos como INE ante el depositario o interventor, para garantizar que en ningún momento se afecte las operaciones y el suministro de combustible de la Esso, pues ocasionaría desabastecimiento”, dijo Castillo.

Cabe destacar que esta situación ocasiona más tensiones en la industria petrolera del país, la que había convocado de urgencia a una reunión este miércoles para tomar decisiones respecto del precio del combustible, pues subirá este domingo próximo por el impacto que sufren los grandes mercados debido al paso del huracán Dean.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se reunió de emergencia ayer para abordar el caso de la Esso, mostrándose claramente alarmados, pero sus directivos decidieron no pronunciarse oficialmente en espera de un “acuerdo amistoso” entre las partes.

(Con la colaboración de Gustavo Álvarez, Oliver Gómez y Róger Olivas)