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Analizando el conflicto violento ocurrido en Bilwi el viernes pasado, Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, considera que evidentemente fue algo calculado por la “mafia política” nacional, con el Consejo Supremo Electoral, CSE, y el Poder Ejecutivo, jugando un papel muy importante para suspender las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam.

“Es un precedente nefasto para la nación, pues el CSE legitimó su resolución con sangre. Ésta era una decisión política ya tomada, que esperó al estallido del conflicto como excusa para surgir y forzar una respuesta violatoria a los preceptos constitucionales”, señala el jurista.

CSE por el camino del autoritarismo

Carrión indica que los magistrados electorales, sólo con la aprobación de la Asamblea Nacional y bajo emergencia, podían suspender elecciones en los municipios mencionados. Sin embargo, sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin el poder ni la autoridad, prácticamente impusieron disposiciones permisibles sólo es situaciones extremas, declarando su propio Estado de Excepción por la vía de hecho, rompiendo con la gobernabilidad y llevándonos al grave camino del autoritarismo.

Carrión señaló que la mentada resolución suspendió los derechos y garantías fundamentales de un sector de los habitantes de la Región Autónoma del Atlántico Norte. Algo violatorio al derecho a elegir, ser elegido y a los derechos humanos.

Por otra parte, si el propio mandatario Daniel Ortega dimensiona el daño causado por el huracán Félix, significa que esa gente está en desprotección y que su gobierno no está haciendo nada por ellos.

El huracán pasó hace siete meses

“Tratan de respaldar su acción inconstitucional alegando que no hay condiciones para las elecciones, pues el padrón electoral está destruido. Si acaso eso es cierto, ¿hasta ahora se dieron cuenta? El huracán pasó hace siete meses, y después del desastre, ¿nunca pensaron en las condiciones sabiendo que estaban a las puertas de una elección municipal, o simplemente la dejaron pasar esperando esto?”

Otro aspecto que el abogado del Cenidh analizó fue la increíble prontitud con que se sacaron de la “manga” la resolución de suspender las elecciones en la zona. “Si era un tema tan delicado el cual tenían desde hace meses en sus manos, ¿por qué inmediatamente después de los actos violentos lo dieron a conocer? Y si ya tenían la resolución, ¿por qué no la habían dado a conocer? ¿qué esperaban?”

En otros momentos, para solucionar problemas han tomado medidas de emergencia y sacado documentos supletorios para que la población vote, pero hasta el momento se observa a funcionarios, cuya responsabilidad principal son las elecciones, que se cruzaron de brazos y no tomaron la mínima acción para resolver el problema sin salir de la legalidad.

Nuevamente PN entre la espada y la pared

Mientras tanto, la Policía Nacional está en otra encrucijada en medio de una protesta social.

“Como organización de derechos humanos estamos en pro de las soluciones pacíficas, negociadas y en los causes legales. Nuestro interés no es que se reprima, pero también es necesaria la acción preventiva para guardar el orden. El problema es que la Policía, o se hace de la vista gorda o llega hasta que todo ha pasado”.

Carrión expresó que a partir de hoy está la posibilidad de más protestas, por lo tanto, las autoridades policiales deben actuar de acuerdo con su mandato constitucional para evitar que los grupos en conflicto pongan en riesgo al resto de la población.