Jorge Eduardo Arellano
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Sectores de la empresa privada e industrial de Nicaragua se pronunciaron ayer contra un decreto presidencial que manda a cobrar el agua que los negocios privados usan de sus propios pozos para elaborar sus productos o brindar sus servicios, como el caso de las piscinas hoteleras.

Representantes de la Cámara de Industrias de Nicaragua, del Consejo Superior de la Empresa Privada, de la Cámara Nacional de Turismo, de la Cámara de Comercio de Nicaragua y de la Asociación de Productores y Exportadores, se manifestaron en contra del decreto presidencial 10-2008, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, del 4 de marzo del año en curso.

En dicha publicación, el presidente Daniel Ortega estableció cobrar a las empresas bajo la figura de “Cobro para promover la sostenibilidad de reservas de aguas subterráneas”(?).

En dicho decreto, el mandatario implantó un cobro por extracción de agua cruda a todos los pozos privados cuyos procesos industriales dependen de uso de agua, y al mismo tiempo autorizó a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados a aplicar el cobro mensual.

En su pronunciamiento, los empresarios reconocen su “absoluta disposición” a pagar una tarifa por el uso del agua, pero sólo si este cobro se realiza de manera legal.

“Es decir, cuando la Asamblea Nacional apruebe y entre en vigor la Ley Especial de Canon, y que el cobro lo ejecute la Autoridad Nacional del Agua”, dice parte del comunicado, leído en la sede de la Cámara de Industria de Nicaragua, en presencia de José Adán Aguerri, Presidente del Cosep; Mario Amador, de Cadin; Lucy Valenti, de Turismo, y Ernesto Porta, de la Cámara de Comercio.

Los empresarios desconocen la autoridad del presidente Ortega para establecer cobros a la empresa privada. “El Presidente de la República no está facultado ni constitucional ni legalmente para aprobar los cánones por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y de vertidos de aguas residuales”, dijeron los empresarios, para quienes el único ente autorizado para establecer cobros y tarifas es la Asamblea Nacional
Pero para la presidenta ejecutiva de Enacal, Ruth Herrera, la solución es sencilla: pagan o pagan. “Yo les aseguro que van a tener que pagar, los ricos tienen que pagar, ellos hacen negocio con el agua, los que embotellan, las gaseosas, el jugo, licores, las gaseosas deben hacerlo”, advirtió Herrera a los empresarios de la Cámara de Industrias, quienes interpusieron recursos de amparo contra el Decreto Presidencial 10-2008, que los obliga a pagar doce córdobas por metro cúbico de agua extraída de pozos privados.

“Tienen derecho a ampararse, pero el decreto del presidente sigue firme, y nosotros lo vamos a hacer cumplir, mientras la CSJ no se pronuncie que diga es inconstitucional, sigue siendo legal, y si no pagan hay medidas legales que podemos utilizar”, dijo la funcionaria.