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SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN
En el refugio de vida silvestre Los Guatuzos, del departamento de Río San Juan, no sólo los recursos hídricos sufren el exterminio humano, sino también los recursos forestales. Con la publicación de la desecación de la laguna La Uva, vecinos de la comunidad de Jomusa, ubicada en el Área Protegida, denunciaron el despale que propietarios nicaragüenses de fincas fronterizas ocasionaron en la propia guardarraya.

Los denunciantes aseguran que alrededor de 40 árboles fueron derribados. Con suspicacia dijeron que les llamó la atención que al ser tumbados con sierra, los troncos quedaron en territorio nicaragüense y los árboles para aprovechamiento de la madera cayeron uno a uno “al otro lado” costarricense.

Según ellos, el panorama es lastimoso, dado que la zona fronteriza del Área Protegida va quedando en un desierto. A su parecer, los comunitarios que están acabando con el bosque que aún queda no cuentan con permiso alguno para el corte, y aducen que los volaron por los trabajos de carretera que se realizan.

El ingeniero Marvin Villalta, Delegado del Instituto Nacional Forestal (Inafor) de Río San Juan, reconoció que se han disparado los delitos en contra de los recursos naturales en la llamada Costa Sur, porque los ticos están construyendo carreteras e introducen vehículos de día o noche, y “hacen cualquier cosa”.

Explicó que no es competencia del Inafor la regulación y control forestal en esa zona, porque se trata de un Área Protegida, y le corresponde al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), velar por el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos.

Afirmó que “el problema es ambiental, y tenemos que activarnos para frenar esas acciones que afectan nuestros recursos, no se han cortado árboles maderables grandes, pero sí pequeños y en grandes cantidades y corresponde al Marena abrir cualquier proceso administrativo”.

Falta política de nación
A juicio de Teresa Mariscal, funcionaria de Fundación de Río y especialista en ecología y recursos naturales, “debe haber un trabajo de sensibilización entre la población por el daño que se están haciendo los mismos comunitarios, es razonable que reclamen, pero sienten que no hay respuesta a sus necesidades y encuentran al otro lado lo que no les da su gobierno, la demanda de carreteras es muy sentida por ellos y allá encuentran eso”.

Mariscal dice que “debería haber una política de nación para desarrollar la zona fronteriza y ejercer soberanía activa, dándoles educación, salud, proyectos de desarrollo, que la gente sienta que Nicaragua está allí”.

La Ley 559, de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, en su capítulo III, sobre los delitos contra los recursos naturales, en el artículo 18, dice: “Aprovechamiento ilegal de recursos naturales. La persona natural o jurídica que sin autorización de la autoridad competente o excediéndose de lo autorizado, aproveche los recursos naturales, será sancionada de 6 a 2 años de prisión, además de restituir a su costa la situación a su estado anterior al ilícito”.