Lizbeth García
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Por segunda vez en menos de tres meses, la ex notaria del Estado, Morena Avilés Serrano, fue declarada culpable de la autoría de estafa, estelionato y falsificación de documentos en perjuicio del Estado y de José Rigoberto García, delitos por los que podría ser condenada a doce u once años de cárcel, porque la Fiscalía y la Procuraduría enumeraron varios agravantes en su actuar.

Semanas atrás, Avilés fue condenada a seis años de prisión por estafa en el Juzgado Quinto Penal de Juicio, y tiene pendiente un tercer juicio por supuestamente haber usado un documento falso en otro proceso.

El juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, también declaró culpable por los mismos delitos que le imputaron a Avilés, a Franklin Xavier Argüello, quien a petición del Ministerio Público y de la Procuraduría podría ser condenado a siete años de prisión.

Los abogados defensores de Avilés y Argüello, Guillermo Avilés y Carlos Palacios, solicitaron al juez las penas mínimas que existen para cada delito, pero será hasta el 16 de abril que el judicial se pronunciará en su respectiva sentencia, atendiendo los agravantes y atenuantes de cada procesado. Avilés y Serrano fueron declarados culpables porque, supuestamente, vendieron en León, una propiedad que pertenece al Estado, por 41 mil dólares, a José Rigoberto García Sequeira.

Los dos acusados supuestamente falsificaron documentos para entregárselos a García, quien supeditó los pagos que les hizo a los acusados, a la entrega de los papeles que necesitaba para inscribir la propiedad.

El juez comprobó la culpabilidad de los acusados con la prueba testimonial, pericial y documental que indica que los dos acusados se conocían entre sí, pero además hay recibos del dinero con la firma y sello de Avilés, y del mismo Argüello.

En su derecho a la última palabra, Avilés dijo que nunca ha negado que le entregó a García un acta de fecha cierta, pero lo hizo debido a que García se la pidió porque tenía problemas con la propiedad, y no para que surtiera efectos legales.

Explicó que si esa escritura no aparece registrada en el Protocolo de la Notaría del Estado, como dice la acusación, es porque al momento de su abrupto despido no la dejaron entregar el cargo, y después hasta manipularon todo lo que había en su oficina para después llamar a la Policía, según dijo, al denunciar con nombres y apellidos a los procuradores que presuntamente hicieron eso.

Avilés reveló que por el mismo caso que ahora la declararon culpable, existen dos cartas denuncias de García contra el ex procurador Alberto Novoa y contra el actual procurador Hernán Estrada, pero ni la Fiscalía ni la Procuraduría investigaron ni entrevistaron a toda una serie de personas que tuvieron que ver en el caso.

“Yo me declaro inocente”, dijo Avilés Serrano, quien acusó a la Fiscalía de haber cometido anomalías a la hora de investigar el caso.

El juez Rothschuh no compartió el criterio de Avilés en cuanto a su inocencia, pero sí reconoció que “ningún funcionario debe estar excluido de ser objeto de acción penal”, pero aclaró que él sólo es el rector del proceso, porque es a la Fiscalía a la que le corresponde investigar.

Los abogados adelantaron que apelarán el fallo contra Avilés y Argüello. El juez le mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliar a este último, porque está enfermo y en silla de ruedas. Su abogado, Carlos Palacios, dice que su cliente es un vegetal, porque no habla ni se puede mover porque a raíz del juicio le dio un derrame cerebral.