Eloisa Ibarra
  • |
  • |
  • END

El juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, afirmó que los directivos del Banco de la Producción (Banpro) nombrados depositarios judiciales de los títulos valores que respaldan la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) tienen la obligación de preservar los bonos de forma intacta, sin cobrarlos.

Informó que la madrugada de ayer, después de largas horas en interpretaciones en torno a la orden de secuestro, el gerente general del Banpro, Arturo Arana, procedió a firmar el acta de secuestro y su nombramiento como depositario judicial.

Sólo fue prevención

Arias negó que haya existido alguna amenaza de cárcel para que mostraran los títulos valores, “lo que hubo es la prevención general que se hace, donde se advierte que de desobedecer, puede caer en desacato”.

Horas después de ejecutado el secuestro, los banqueros comenzaron su acercamiento con la nueva comisión negociadora, donde lo más seguro, según reveló el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafal Solís, es que se proponga realizar una auditoría para determinar cuáles son los Cenis buenos y cuáles los malos.

Solís indicó que los bancos le informaron que van a negociar con la nueva comisión, y que se comunicó con el procurador general de la República, Hernán Estrada, y también le confirmó que ya se acordó una reunión.

La comisión la integran, además de Estrada, el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, y el asesor económico del gobierno, Bayardo Arce. Recientemente los dos últimos llegaron a un acuerdo con los banqueros, pero no aprobado por el Presidente de la República.

Según Solís, ahora existe una sola posición en todas las autoridades de gobierno, mientras tanto, la comisión iniciará la negociación, y en el caso de la CSJ, prefiere que se espere el resultado de ésta y de una auditoría, para pronunciarse de los recursos de amparo.

Es un tema importante pero delicado que hay que ver con cuidado y sacar una sentencia “salomónica”, ajustada a derecho, que tome en cuenta el interés del país y del Sistema Financiero, porque los Cenis se están pagando con impuestos, dijo Solís.

Posición de coordinador

Sin embargo, los miembros de la Coordinadora Civil (CC) le pidieron a Solís que la CSJ juegue su rol jurídico en estricto apego a derecho, y en ese sentido declare la nulidad de la emisión de los Cenis.

Adolfo Acevedo, economista de la CC, considera que hay dos problemas, uno de legalidad y otro de graves irregularidades; en el primero la CSJ debe declarar la nulidad de la emisión de los Cenis, y que inmediatamente el Presidente de la República envíe una ley a la Asamblea Nacional para emitir títulos de deuda pública, porque los bonos actuales no lo son.

El hueco de los Centeno

Explicó que a través de la auditoría se determinaría cuáles Cenis fueron emitidos en respaldo a los depósitos, porque en el Interbank, por ejemplo, los Centeno Roque abrieron un boquete de 75 millones de dólares, y los Cenis que se emitieron por eso son legales, pero el Banpro rechazó el resto de la cartera del Interbank que después de la intervención fue valorada como buena, y se emitieron Cenis sin mayor valoración.

De esa manera, considera Acevedo, se resolvería el problema legal, se mantiene la estabilidad del Sistema Financiero y se determina cuáles Cenis son legales y cuáles producto de actos irregulares.

Los accionistas de Banpro, según reveló Arias, primero se resistieron al secuestro y a eso se debió la demora en la ejecución, porque los directivos del banco creían que la orden era para todos los bonos hasta el 1013, porque la Fiscalía así lo solicitó, pero el juez sólo accedió al secuestro de los títulos que deben ser pagos este año.

Finalmente, agregó, después de diversas interpretaciones legales se les aclaró que el secuestro sería para los bonos que serían pagados el 15 de abril, en octubre, y el pago de los bonos cupón cero en julio, lo que totaliza más de 20 millones de dólares.

“Al final de la madrugada logramos armonizar los esfuerzos con los funcionarios del banco, cotejamos actas, escuchamos recomendaciones técnicas de funcionarios del banco y todo terminó bien”, dijo Arias.

“Requisito técnico”

Explicó que no efectuó ese procedimiento desde el inicio, porque la Fiscalía sólo había solicitado que se ordenara a las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Presidente del Banco Central de Nicaragua que suspendieran el pago, pero posteriormente lo perfeccionaron para llenar un requisito técnico de acuerdo a la Ley de Títulos Valores.

“El secuestro es una figura procesal penal que se tiene a la vista la evidencia y se toman las medidas necesarias, no es el secuestro civil que se puede llevar la evidencia, Banpro está satisfecho de que siguen resguardando los instrumentos mercantiles, y hay una orden de suspensión de pago y no pueden pedir que se pague”, dijo Arias.

Reveló que a petición de la Fiscalía se tomaron fotografías de los bonos para poder tener una prueba material ante la posibilidad de realizar cualquier acción penal.

Físicamente fueron presentados los títulos valores, y como son elaborados con papel de seguridad, se adhirió una razón de la suspensión de pago, explicó, tras indicar que la Policía Nacional apoyó para levantar las pruebas y resguardarlas.