Danilo Aguirre
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Los más caracterizados economistas nicaragüenses han venido señalando dos cosas fundamentales sobre las quiebras de los bancos y su secuela: que no pueden quedar gozando de impunidad los que provocaron los colapsos con operaciones fraudulentas, y que una auditoría deberá delimitar sobre los Cenis, cuánto es de justicia pagar por el respaldo de los bancos adquirentes a los depositarios de las entidades financieras quebradas, y cuánto debe ser objeto de juicio para rechazarlo como beneficio indebido.

La Contraloría General de la República declaró de nulidad la emisión de los Cenis, y más aún, las tasas de interés con que se emitieron originalmente.

Ésta es una resolución administrativa que debe llevar al espacio jurisdiccional el Procurador General de la República.

La decisión de la Contraloría fue recurrida de amparo, y los Procuradores del gobierno pasado y del actual se han quedado paralizados con la admisión del recurso.

Lo legal y lógico hubiera sido que el Procurador compareciera ante un juez civil, solicitando que mientras resuelve el fondo la Corte Suprema de Justicia, se detenga como medida cautelar el pago de los Cenis, ya que de resolverse en los términos señalados por la Contraloría se estaría incurriendo en pagos indebidos.

Si así hubiera ocurrido, algún revuelo se habría producido, pero no hubiera calado tan hondo para perturbar el Sistema Financiero del país, como lo que ha acontecido con el rumbo que sobre esta materia decidieron tomar la Fiscalía y un Juez de lo Penal, bendecidos en sus acciones por el propio Procurador.

En forma inusitada, un fiscal comienza a llamar a una serie de personas para utilizar sus declaraciones en un presunto juicio penal que él mismo asegura no está decidido si realmente emprenderá.

Peor aún, sin siquiera disimular la persecución política que sus acciones conllevan, solicita y un juez se lo concede, que se mande a paralizar el pago establecido en la Ley del Presupuesto General de la República como cuota 2008 de los ya tan famosos Cenis.

El fiscal y el juez penal, además, aducen que son medidas precautelares para el juicio penal que sigue siendo un proyecto.

Nunca se ha conocido que alguien sea embargado preventivamente por las resultas de un juicio penal, menos aún si ese juicio sólo está en la mente de un fiscal y en los spots televisivos denigrantes que ya lo toman como cosa juzgada.

Las declaraciones del Presidente del Banco Central abundando sobre la naturaleza de un título valor y sobre la única forma de inmovilizar su pago, las toman el fiscal y el juez por el lado más absurdo, y con ánimo de hacer cumplir la suspensión de pago, deciden desde un despacho penal ordenar un secuestro de naturaleza civil, y sin que nadie justifique ante el juez ordenante tener el dominio y haber sido despojado de la posesión del bien.

La imposibilidad legal de cumplir en sano derecho una disposición semejante, conduce a utilizar medidas de fuerza y de repente aparecerse con un gran aparato policial a rodear un banco, para finalmente llegar a un disparatado resello y a obligar a los banqueros a sentarse a negociar con un arma en la sien, lo que sin tanta estridencia ni exhibición de vocación totalitaria hubieran logrado desde el principio con sólo la acción apuntada a cumplir por el Procurador General de la República.

El daño al Sistema Financiero ya está hecho, y sus dimensiones sólo el futuro las decidirá, pero el mensaje a los nicaragüenses está muy claro: ¡Todos estamos manos arriba!