María Haydée Brenes
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La Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo Sostenible (CID), representada en Nicaragua por el Centro Humboldt y la Mesa Agropecuaria Forestal, solicitó al gobierno pida una moratoria de al menos cinco años para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Europa.

Las razones de esta moratoria, que no sería más que congelar el proceso de negociación iniciado por las partes, son, entre otras, la falta de una estandarización del sistema aduanero de Centroamérica, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como sus capacidades y la condición de suspender en Europa los subsidios a los agricultores.

“No estamos en condiciones de negociar con Europa porque hay enormes disparidades que no nos hacen competitivos, y van en detrimento del desarrollo y de la mejora de condiciones de los trabajadores; si están buscando un acuerdo para generar empleos en Nicaragua, que comiencen a tratar de forma humana a los miles de nicaragüenses que están migrando, y con eso demuestren lo que nos espera en materia laboral si firmamos un acuerdo con ellos”, destacó el sindicalista Luis Barboza.

Extrema confidencialidad
Otra queja de los miembros de la CID es la extrema confidencialidad con la cual se están realizando las negociaciones. Amado Ordóñez, Director del Centro Humboldt, manifestó que en la pasada II Ronda de Negociaciones realizada en Bruselas no hubo suficiente acceso a la información, y se notó la carencia de mecanismos de participación social implementados por los negociadores y las partes.

“No se ha dado hasta la fecha una sesión en la que se nos informe a los países, qué estamos negociando, nos preocupa que la Unión Europea mantenga su posición de no otorgar en la oferta inicial los aranceles preferenciales de los que actualmente goza Centroamérica, sino que se nos aplicará un arancel --Nación Más Favorecida (NMF)-- que Europa aplica al resto de sus socios en el mundo, y no podremos competir. Ese es nuestro mayor temor, porque estaremos hipotecando nuestras repúblicas por cincuenta años prorrogables”, concluyó Ordóñez.