Eloisa Ibarra
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El juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, concluyó ayer el secuestro de los títulos valores que respaldan los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), al inmovilizar los bonos de Bancentro que serían pagados este año.

Arias informó que no hubo ningún problema en Bancentro porque los funcionarios actuaron con mucha ponderación y mucha madurez. Presentaron sus bonos, no hubo mayor problema, se hizo de la manera más rápida y no hubo ningún cuestionamiento.

“Transcurrió en un ambiente de colaboración por parte de los directivos del Bancentro. Se realizó en las oficinas normales, se dejó como depositario al secretario de la Junta Directiva”, dijo Arias.

Explicó que la medida se tomó sobre los bonos de las mismas fechas de Banpro, 15 de abril y 15 de octubre de este año, y por una suma de dos millones y pico de dólares.

Un día antes, Arias concluyó el secuestro de los títulos valores en Banpro, en medio de fuertes medidas de seguridad ejecutadas por oficiales de la Policía Nacional, que también ayudaron para tomar fotografías de los documentos.

El fiscal especial, Armando Juárez, hizo la solicitud de secuestro ante el juez Arias con base en el artículo 215 del Código Procesal Penal (CPP) que establece: Orden de secuestro. Las autoridades dispondrán que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el delito, los sujetos a decomiso y aquellos que puedan servir como medios de prueba.

Agrega el artículo que cuando sea necesario, se requerirá al juez orden de secuestro. Los efectos secuestrados serán identificados, inventariados y puestos bajo custodia segura.

Podrá disponerse la obtención de copias o reproducciones de los objetos secuestrados cuando éstos puedan desaparecer, alterarse o sean de difícil custodia o cuando convenga así para la investigación.

Según el “Código Procesal Penal: Anotado y Concordado”, este secuestro es una medida coercitiva para la adquisición material de la prueba, y se puede ejecutar en la etapa de investigación o en el proceso judicial.

La Fiscalía desarrolla una investigación en contra de ex funcionarios del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y de personas particulares, por su presunta participación en el proceso de subasta de bienes y reclasificación de las carteras de los bancos llevados a liquidación forzosa.

La fiscal general adjunta, Ana Julia Guido, anunció esta semana que podrían interponer acusación en junio contra quienes tienen prueba de actos irregulares.