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MASATEPE, carazo
En aparente violación a lo establecido por una vieja ley que data de 1913, que impide el embargo de bienes que pertenecen al Estado, el juez Local Único Civil de Masatepe no sólo embargó, sino que mandó a subastar dos costosas motocicletas propiedad de la Alcaldía, porque según el judicial, esos bienes entran en la categoría de privados y no constituyen un bien público de la municipalidad.

La actuación del juez Rodolfo Chavarría Gutiérrez ha sido ahora cuestionada por el alcalde masatepino, Guillermo José Calero Sequeira, quien recurrió ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, acusando a Chavarría de violar la legislación y actuar contra ley expresa al mandar a embargar y subastar los bienes de la municipalidad, como resultado de un juicio laboral que promovió el ex asesor legal de la comuna, Carlos Alberto Aguirre, que al final se quedó con las dos motos, ambas valoradas en 58 mil 799 córdobas, el doble de la demanda que conoció el juez Chavarría, que osciló en 21 mil 187 córdobas.

El alcalde admite que el caso de su ex asesor legal se perdió por no haber sido atendido correctamente, pero de eso a que el juez haya actuado con tanta diligencia, pone al descubierto una actitud vandálica que la Corte debe investigar, porque se está sentando un grave precedente en contra de las municipalidades y otras instituciones.

Juez no cedió
Destacó que cuando sus nuevos asesores jurídicos retomaron el caso hubo un férreo intercambio de escritos con el juez, donde la comuna ejercicio el derecho que le asistía en ese momento de probar que las motocicletas no podían ser embargadas por ser un bien público del municipio, pero, además, porque el valor era superior a la demanda, y hasta se le pidió al juez un tiempo prudencial para cancelar la deuda al antiguo legal, pero no hubo manera de que el juez cediera.

De hecho, y así lo estima el alcalde, el doctor Chavarría actuó como parte interesada en el caso, y hasta en sus resoluciones pareció haber estado actuando como el demandante. Retrasó el proceso, no dio trámite a nada de lo solicitado y finalmente se apegó estrictamente a la depreciación de las motos, para decidir por sí solo que eran suficientes para saldar la deuda con Carlos Alberto Aguirre, a quien finalmente entregó las motos, a sabiendas, reiteró el alcalde, que no existe en el país ninguna ley que ampare lo actuado.

En opinión del edil, el judicial cometió delito de prevaricato al actuar contra ley expresa y expuso al delito de estelionato a quienes compraron las dos motos que, según dijo, siguen siendo propiedad de la municipalidad y que fueron adquiridas con generosas ayudas de cooperantes internacionales.

Esas motos, dijo el alcalde, están destinadas al sistema de catastro, y el juez no se imagina el daño que le causó a la municipalidad, porque ahora el personal que las usaba se mueve a pie o al “raid” para cumplir con ese trabajo, que es clave para la obtención de los impuestos por bienes inmuebles.

El juez Chavarría, a quien ayer abordamos en su despacho en la ciudad de Masatepe, lamentó que la alcaldía no haya dado el tratamiento que quería el caso de su ex asesor legal. “Yo no estoy para asesorar ni a una ni otra parte y ahora señalan un montón de cosas absurdas, cuando fueron incapaces de defender el derecho de alcaldía en el juicio”, expresó el judicial.

Según lo expresado por el juez, el alcalde Calero jamás aceptó la relación laboral con su ex asesor legal y por lo tanto la deuda, por lo que fue necesario llegar hasta el embargo y la subasta de los bienes, porque la misma Corte así lo ordena en una comunicación de 1984, y la Ley 40 de los municipios, en sus artículos 42 y 43, da potestad a los jueces para embargar los bienes privados, no así los públicos, como edificios, parques, bibliotecas, mercados, plazas y otros que sirvan al conglomerado, pero esas motos son embargables y hasta el vehículo que tiene asignado el alcalde, sostuvo el judicial.

Para el experto y ahora magistrado de la CSJ, Sergio Cuarezma Terán, lo que es patrimonio de la administración estatal no puede ser embargado y mucho menos subastado, en todo caso, advierte el experto, en uno de sus análisis, cuando una aberración de esta naturaleza se consuma, “eventualmente implica caer en el delito de estelionato por parte del que vende bienes ajenos, y también en el delito de prevaricato cuando un judicial falla contra ley expresa”.

Por otra parte, ayer EL NUEVO DIARIO conoció que la Asociación de Municipios de Nicaragua, Amunic, lució alarmada tras conocer la actuación del juez de Masatepe, y pidió un despacho con magistrados de la Suprema a fin de analizar si es verdad que los bienes del Estado están sujetos a ser embargados.