D. Alandete
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Por una clara mayoría, el Tribunal Supremo de EU ratificó el miércoles la legalidad de la inyección de barbitúricos que se utiliza en la administración de la pena de muerte. Desde el pasado 25 de septiembre no ha habido ni un solo ajusticiamiento en los corredores de la muerte del país. Fue entonces cuando los magistrados anunciaron que analizarían el caso de dos presos del estado de Kentucky que habían llegado hasta la máxima instancia judicial del país, por considerar que este método es “cruel” e “innecesariamente doloroso”.

Ralph Blaze, condenado a muerte por matar a dos agentes de policía en 1992, y Thomas Bowling, por asesinar a una pareja después de un accidente de tráfico en 1990, presentaron una demanda contra el Estado de Kentucky en 2004, por considerar que la inyección letal a la que se enfrentaban, aplicada en tres fases, representaba un “riesgo innecesario”.

El tribunal de Kentucky desestimó su demanda, pero sus abogados decidieron llegar al Supremo. Hace 30 años que EU aplica el método de la inyección trifásica como una alternativa en apariencia menos dolorosa a la electrocución. Primero se administra un anestésico, luego un paralizante y, por último, una solución de cloruro de potasio, que hace que el corazón deje de latir y que, si se administra sin la correcta dosis previa de anestésicos, provoca una insoportable quemazón.

La gran duda expresada por los abogados de Blaze y Bowling ante los nueve jueces del Supremo, es si el primer anestésico puede llegar a ser lo “suficientemente potente como para evitar que los presos sientan dolor”.