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El director del diario La Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, y el jefe de Información, Eduardo Enríquez, fueron declarados anoche culpables del delito de injurias en perjuicio de cinco ciudadanas miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

La sentencia la emitió el juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, por considerar que el representante de las querellantes, Eduardo Mejía Bermúdez, demostró que Chamorro y Enríquez injuriaron a: Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, María Auxiliadora Silva, Ana Lisbeth Villalobos y Teresa del Socorro Muñoz, en la publicación del 19 de diciembre de 2007.

Según ellas, las llamaron “pandilleras”

Urbina consideró que Chamorro y Enríquez injuriaron a las cinco miembros de los CPC del Distrito Cinco, al publicar el titular: “CPC con licencia para dar golpizas”, lo que les provocó un daño moral y las expuso al ridículo, ya que a raíz de las publicación comenzaron a ser objeto de burlas tildándolas de “pandilleras”, calificativo que es atribuido a los jóvenes que cometen delitos.

Consideró que Chamorro y Enríquez actuaron con conocimiento de lo que son los CPC al hacer las imputaciones, porque un día antes habían publicado el decreto relacionado a éstos.

La defensora Helga Asher cuestionó la sentencia, porque el juez declaró culpables a los acusados por el delito de injurias y la querella fue por calumnia, un delito de orden privado donde se exponen los hechos de forma taxativa, y se hace la calificación del delito, por lo cual resulta inaudito que cambie a un delito totalmente distinto.

Juez nunca demostró que hubo injurias

Asher afirmó que el juez cambió el delito para poder enmarcar la sentencia en un poco de legalidad, aunque tampoco cabía ese delito, porque nunca se demostró que existiera el ánimo injuriando, condición sine qua non de la injuria.

Según el Código Penal, comete injuria el que por cualquier medio ataque el honor, la reputación o la dignidad de una persona, o dé a conocer sus faltas o vicios puramente privados o domésticos, o que por carácter deshonroso o inmoral sean susceptibles de exponerlo a la animadversión, al odio, al ridículo o al menosprecio público.

Afirmó la defensa que nunca se demostró que sus representados hayan cometido injuria, porque para ello debe existir una imputación a una persona en particular, y tampoco hubo calumnia porque para ello debe haber una imputación falsa de un hecho personal concreto, que en la ley sea penado como delito y pueda perseguirse de oficio.

Durante el juicio, el representante de las querellantes trató de demostrar que con el titular y los antetítulos, Chamorro y Enríquez calumniaron a sus representadas, porque la publicación se refería a una actividad que organizaron ellas en el barrio “Ariel Darce” (La Fuente), en su condición de miembros de los CPC.

Sin embargo, Asher señaló que en la publicación nunca se mencionó a ninguna de las querellantes, quienes según el acusador comparecieron en calidad de ciudadanas miembros de los CPC.

Asher señaló que como ciudadanas, en calidad de personas naturales, nunca se les calumnió, porque no se mencionaron sus nombres, no se les hizo imputaciones falsas de delitos y tampoco cabe el delito como persona jurídica, porque no acreditaron en juicio ser las representantes legales de los CPC.

El acusador pido al juez Urbina que imponga a los acusados la pena máxima por el delito de injuria, y la defensa la pena mínima. El juez programó audiencia el martes 22 de abril a las cinco de la tarde para leer la sentencia condenatoria. El delito de injuria contempla como pena, multas.

Chamorro: Poder Judicial sin dignidad

Don Jaime Chamorro calificó la sentencia de ilegal, porque nunca han mencionado en sus publicaciones el nombre de quienes los querellaron. “El Poder Judicial está sentado en el banquillo de los acusados, nosotros estamos sentados, pero con dignidad, el Poder Judicial no tiene dignidad”, dijo. Anunció que apelarán la sentencia y recurrirán a todas las instancia pertinentes.

El abogado acusador, Eduardo Mejía, no hizo comentarios de la sentencia, mientras algunas de sus representadas se mostraron satisfechas por considerar que se hizo justicia con ellas, porque a raíz de la publicación fueron expuestas al ridículo en sus barrios.

Durante el juicio se hizo presente un grupo de personas que se identificaron como miembros de los CPC, quienes pedían justicia. END se suma al clamor de quienes condenaron este juicio, a todas luces político y en contra de la libertad de expresión, y alerta sobre el rumbo totalitario cada vez más evidente del actual gobierno.