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Una ola de protesta se levantó ayer como reacción ante la sentencia del juez Celso Urbina, en el caso contra el diario La Prensa, la cual consideraron un grave precedente para el periodismo nacional, la libertad de expresión y la institucionalidad del Poder Judicial.

La periodista Cristiana Chamorro, Directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, hija de Pedro Joaquín Chamorro, Mártir de las Libertades Públicas, comentó que la sentencia dictada no es sólo un ataque frontal a la libertad de prensa para los y las periodistas, sino contra todos los nicaragüenses, porque de aquí en adelante se sienta un precedente negativo.

No se le puede llamar juicio

“Igualito a los juicios de injurias y calumnias que le montaron a mi papá (durante el régimen del dictador Anastasio Somoza). Si te das cuenta, a esto ni siquiera se le puede llamar juicio, sino una tragicomedia de la expresión y de lo que está pasando en Nicaragua. Estuve ahí, en el juicio, y te das cuenta de que el juez se burla de la audiencia al no cumplir con su papel.

“Ahora (por una crítica) te pueden acusar por injurias y calumnias y te echan todo el aparato de la justicia contra el derecho fundamental de los nicaragüenses (la libertad de expresión) que es la base y piedra angular de la democracia”.

Chamorro comentó que hoy por hoy la “justicia oficialista” es el arma de la represión del gobierno actual en una confusión Estado-Partido, donde los acusadores están adscritos a una instancia creada por el Poder Ejecutivo.

“Todos los presentes, entre periodistas, la defensa y hasta los estudiantes de periodismo, quedamos impactados de las mentiras que se usaron para llevar a una sentencia condenatoria, atropellando todos los derechos de la parte acusada. Éste sólo fue otro paso de prueba de hasta dónde puede llegar este gobierno, avanzando poco a poco en su camino de la represión”, dijo Chamorro, quien observó como algo insólito y ridículo que en este caso se acusó por una falta y se condenó por otra.

Señaló que además del efecto negativo sobre la libertad de expresión, también esto afecta la seguridad jurídica al no ser iguales ante la ley, ante los que manipulan y tienen los instrumentos de la ley para usarlos contra cualquier ciudadano, dejándolo en la indefensión.

“Estas situaciones sólo se pueden revertir si hay unidad nacional contra el autoritarismo y la gestación del uso de los instrumentos de la democracia contra los ciudadanos que tratan de sacar adelante a Nicaragua”, expresó.

Un acto de perversidad

Por su parte, la Unión de Periodistas de Nicaragua, a través de su presidenta Elsa Gómez, se pronunció tildando el fallo del juez Urbina como un acto más de perversidad contra el gremio periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión.

“Una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Lo ocurrido en el presente juicio, que considero de una sola vía porque prácticamente no se tomó en cuenta a la parte acusada, no es más que una carta abierta a la violación al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, nos indica Gómez.

Señala que no puede haber justicia cuando las leyes se aplican con nombre y apellido mediante procedimientos jurídicos amañados y politizados. No puede haber paz en un país que coarte la libertad de expresión y difusión del pensamiento. No puede haber reconciliación cuando se fomenta el odio y la desinformación a través de los medios de comunicación, en vez de utilizar esa inversión para crear condiciones de vida con estabilidad moral y social de la población.

Poder Judicial manoseado

Marcos Carmona, Director de Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, dijo que da vergüenza tener un Poder Judicial que se rinda a los intereses políticos. Por esto respalda a la prensa en su labor profesional, y pidió al periodismo nacional que no se deje amedrentar con los instrumentos políticos del Frente Sandinista.

“Todos los medios independientes han sufrido una serie de presiones iniciando con el bloqueo de publicidad estatal, pero esto va más allá. No sólo limitan la garantía de un espacio periodístico libre a través del chantaje de la publicidad, sino que ahora han mostrado que tienen carta blanca para abrir cualquier proceso, aunque esté plagado de vicios e irregularidades, con el objetivo de silenciar a los medios de comunicación que critiquen las acciones del gobierno sandinista.

Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se sumó al rechazo de la manipulación política del Poder Judicial para atacar la libertad de expresión.

“El Cenidh considera que este juicio fue contra la libertad de expresión en Nicaragua con el objetivo de intimidar a los hombres y mujeres de prensa, a organizaciones de la sociedad civil y a toda persona que se atreva a criticar la actuación del gobierno y de sus expresiones organizadas”.

El pronunciamiento de este organismo de derechos humanos menciona que ante la gravedad de este hecho, el Cenidh presentará este caso ante la relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Partidos manifiestan su repudio

Así también la bancada parlamentaria del Partido Liberal Constitucionalista, desde la Asamblea Nacional, lanzó una enérgica condena contra la conducta dictatorial de lo que denominó régimen orteguista.

“Consideramos que la democracia, con esta acción funesta, ha sido profundamente dañada y que los nicaragüenses nos encontramos frente a la reedición de agravantes que en la década de los ochenta levantaron condenas en la comunidad internacional”.

Por lo antes expuesto el PLC aseguró que están en la disposición a empujar desde el parlamento leyes que garanticen la libertad de expresión y penalicen a los que desde el ejercicio público pretendan agredirla o mediatizarla.

“La persecución del orteguismo contra La Prensa es una señal que se suma al listado de agresiones contra el periodismo independiente y un motivo más para decir que la lucha por la democracia está hoy más activa y vigente que nunca”, expresa el comunicado.

También la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) calificó como un hecho peligroso y condenable el fallo de culpabilidad que dictó el juez Urbina en contra de los representantes del diario la Prensa, considerado por ellos como un acto promovido por el Gobierno a través de cinco ciudadanas miembros de los Consejos del Poder Ciudadano.

“Para la BDN es un juicio político inaceptable que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, y lo considera un precedente nefasto en contra del pueblo nicaragüense y de los medios de comunicación, porque el Poder Judicial le proporciona más armas a este Gobierno para que implante un sistema totalitario y dictatorial como el que instauró Daniel Ortega en los años 80. Por eso es que la BDN, introdujo ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional el año pasado tres iniciativas de ley para fortalecer la libertad de prensa”, las cuales aseguran que seguirán impulsando.

Preocupación se extiende

Sobre el caso también la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), condenó el fallo emitido por el Juez Octavo Local de lo Penal en contra del ingeniero Jaime Chamorro Cardenal y del licenciado Eduardo Enríquez, del Diario La Prensa.

“Nuestra más firme condena ante la arbitraria y seriamente cuestionada decisión adoptada por el Juez de la causa, quien desde el inicio del inicuo juicio adoptó posiciones parcializadas e impidió el legítimo derecho a la defensa que asistía a los acusados. Este viciado proceso es una muestra concreta del daño que representa para la Nación, el no contar con Tribunales de Justicia que actúen conforme a derecho”, expresa el pronunciamiento.

Por otra parte se indica que el pueblo nicaragüense luchó por muchos años frente a dictaduras autoritarias y totalitarias para conquistar el sagrado Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión, mismos que se ven seriamente amenazados con acciones como las desarrolladas en el espurio juicio referido.

Otra condena fue presentada por el Movimiento por Nicaragua, que en un comunicado se solidarizaron con el periodismo nacional e instaron a continuar luchando y demandando al gobierno es respeto al Estado de Derecho y las leyes en busca de alcanzar una verdadera democracia e impedir la instauración de una dictadura.