Eloisa Ibarra
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) escuchó ayer los reclamos de abogados litigantes contra el nuevo modelo de Gestión de Despacho Judicial, el que piden sea suspendido por resultar inoperante.

Los abogados expusieron ante los magistrados de la Corte Plena que presidió el doctor Manuel Martínez Sevilla, los aspectos que consideran negativos en los procedimientos que se han de seguir desde que se implantó el proyecto piloto del modelo de gestión de despacho.

También se quejaron de recibir un trato desigual en las oficinas creadas para la tramitación de los casos, y señalaron que mientras a los abogados de los bancos les habilitaron ventanillas especiales con personal que atiende sólo sus casos, el resto de abogados tiene que esperar semanas para que sus juicios avancen.

Indicaron que existe prioridad para que diario introduzcan decenas de demandas contra morosos de tarjetas de crédito, mientras el resto de litigantes debe hacer fila por separado por cada caso que presentan.

Una fuente de la CSJ reveló que algunos magistrados reconocieron que debido al alto número de demandas que los bancos interponen diario, se han visto en la obligación de habilitarles ventanillas especiales
Los litigantes insistieron ante los magistrados que el proyecto piloto provoca retardación de justicia, porque las audiencias se reprograman constantemente, en perjuicio de sus clientes y contra el derecho al trabajo que tienen, porque no pueden cobrar sus honorarios si los juicios no avanzan.

Aunque ninguno de los magistrados brindó declaraciones del resultado de la reunión, un funcionario reveló que el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, se retiró de la reunión, lo que causó la molestia de los litigantes que lo interpretaron como una muestra de falta de interés por resolver los problemas planteados.

Los magistrados programaron una reunión el próximo martes con los jueces y empleados del Complejo Judicial Managua, antes de tomar una decisión en torno a las medidas a tomar para corregir las situaciones planteadas.

Los litigantes insisten en que el modelo es inconstitucional y violenta los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Civil.