Eloisa Ibarra
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Los principios establecidos en el Proyecto de Código de Ética del Poder Judicial parecen no preocuparle al magistrado Edgard Navas, quien guarda silencio ante la publicación de un “manifiesto” de 91 supuestos abogados, en campo pagado, a la par de la “Galería de Tamales” en una revista de corte pornográfico.

El campo pagado publicado en “El Mercurio”, dice “91 abogados de Granada se pronuncian en contra de las publicaciones de END”, los días, 10, 11 y 13 de marzo, donde miembros de la Asociación de Abogados Litigantes de ese departamento señalan a Navas de proteger al juez de distrito civil de Granada, Róger Pérez Vega, quien tiene pendiente una serie de quejas en la CSJ.

En la lista de supuestos abogados que respaldan al magistrado Navas, además de aparecer abogados sentenciados por diferentes delitos y suspendidos por la CSJ, hay jueces y defensores públicos que son funcionarios del Estado y no litigantes --como se identifican-- y familiares de estos.

Al consultar al magistrado Navas al respecto, dijo: “Si me enteré de la publicación, y en ese periódico, esa es su motivación (pornografía), son cosas que pasan, si de mi dependiera no lo hiciera. Aunque me parezca correcto o no, igual se publicó”.

En el artículo 69 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 260, dice: Se incurrirá en infracción disciplinaria Grave: "Cuando se atente públicamente contra la respetabilidad del Poder Judicial."

El Proyecto de Código de Ética establece que es deber de todo profesional observar estrictamente los preceptos de la moral en el ejercicio de su profesión y EN SU CONDUCTA PRIVADA".

Navas aseguró que en la lista de personas que lo apoyan no hay ninguno que no sea abogado o que haya sido sancionado o sentenciado por la comisión de algún delito. Informó que el caso del juez Pérez está pendiente de que se resuelva, hay quejas que se han rechazado y otras están en trámite, pero en su caso mantiene la posición de que todo se debe a la enemistad que tiene el Presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, Norman Miranda.

Sin embargo, los magistrados Armengol Cuadra y Alba Luz Ramos han confirmado que desde hace mucho tiempo hay quejas contra el juez, y la situación ha sido planteada por todos los magistrados de Granada, no sólo por Miranda.


La lista de firmantes
END, con el auxilio de personas de Granada, logró identificar a abogados litigantes sentenciados por diferentes delitos y sancionados por la CSJ. Entre esos figuran: Reina Clark Alemán, condenada a cinco años de prisión por Estelionato en perjuicio de Juan Francisco Navarro Urbina, por sentencia del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Granada de las 11 de la mañana del 15 de diciembre de 2003, según copia de la sentencia.

Lorena Córdoba Martínez, con Auto de Prisión por delito contra la Administración de
Justicia al facilitar la huida del Complejo Judicial de Granada a una detenida. Sentencia de las 9 de la mañana del 9 de mayo de 2003, y posteriormente fue absuelta por un Tribunal de Jurados. El caso fue un tremendo escándalo en los Juzgados de Granada, y actualmente tiene otra denuncia por falsificación de documentos en la Fiscalía de Granada.

Xóchitl Xalteva Lazo M. Acusada por delito contra la Administración de Justicia en el departamento de Rivas. El caso esta pendiente de proceso.

Leonte Gerardo Rivas, procesado por Homicidio Culposo. Este caso fue publicado en edición de END el 20 de diciembre de 2005.

German Josué Mayorga ha tenido dos procesos penales. Uno de 1999 publicado en END bajo el titular: "De enamorado a violador". Hace poco fue acusado por otra presunta violación, y en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias el juez declaró falta de mérito.

Carlos Castro Guevara, abogado recién graduado que fue nombrado por el juez Pérez Vega, Guardador Ad Litem en el caso de Gioconda Sandino, quien interpuso una queja ante la CSJ contra el juez Pérez, por despojarla a ella y sus dos hijos de un inmueble en Granada, valorado en 110,000 dólares. END publicó el caso el 28 de marzo pasado.

Roberto José Lacayo, involucrado junto a su esposa Karla Pérez en alrededor de 10 casos de estafa en perjuicio de ciudadanos granadinos, ya que ofrecían visas americanas, trámites rápidos en Migración y otras gestiones que después no cumplían.


Avalancha de denuncias por estafa
Su agencia de viajes en Granada --de Casa Pellas 25 varas al norte, y de nombre “Agencia de Viajes Turismo"-- fue clausurada ante la avalancha de denuncias por estafa. END publicó el caso el 22 de julio de 2002. Fue multado por la CSJ por no remitir el índice de matrimonios del año 1996, según sentencia del 11 de septiembre de 2000.

Rafael Ernesto García Bustos, suspendido de su profesión de abogado y notario público por un año por falsificación de documentos públicos, según sentencia del seis de diciembre de2002.


Un juez sin título de abogado
José María Borgen, durante 15 días fungió como Juez de Distrito Civil de Granada, período en el cual dictó más de 30 sentencias que fueron anuladas por el Tribunal de Apelaciones de Granada, después de que la CSJ, a los 16 días lo destituyó cuando descubrió que se hizo pasar como abogado sin tener título.

María Lucía Barberena aparece en la presunta falsificación de documentos públicos (escritura) y libramiento de testimonio aéreo, o sea sin matriz en el Protocolo, donde aparece vendiendo una propiedad al señor Manuel Salvador Navarro (fallecido), todo en perjuicio de Mercedes Aurora Navarro Duval, viuda de Navarro y dueña del bien.

Según documentación, firmó y selló el testimonio sin haber firmas en su protocolo, y luego, arrepentida tardíamente, manda carta al Registrador confesando los hechos y pidiéndole que no inscribiera el testimonio aéreo, ya que la sorprendieron porque ninguna de las personas había firmado.

Sin embargo, el registrador público inscribió el testimonio aéreo despojando a la heredera del señor Navarro, según copia del testimonio. Fue denunciada por la víctima ante el Ministerio Público.

Casto Cáceres Morales fue suspendido por seis meses por graves irregularidades en el ejercicio de su profesión de abogado, mediante sentencia número 178 del 4 de noviembre de 1985; también había sido suspendido el 17 de octubre de 1980.


Litigantes sin registros en CSJ
En el pronunciamiento aparecen las siguientes personas, identificándose como abogados, pero que no aparecen en el Registro de Abogados y Notarios que maneja la CSJ en su página electrónica hasta antes de la publicación: Manuel Hernán M. estudiante de derecho, Consuelo Portillo, no aparece registrada como abogado, pero, según fuentes del juzgado, litiga. Mercedes Benavente, tampoco aparece registrada como abogada.

Manuel S. Gutiérrez no figura en el directorio de abogados incorporados ante la CSJ, donde sólo figuran dos personas con el nombre de Manuel Gutiérrez, uno de Chichigalpa y otro de Masaya.

Marvin Meza Morales no aparece registrado como abogado, no tiene registro en la CSJ hasta antes de la fecha de publicación del campo pagado. Es el padre de la juez suplente de Distrito Civil de Granada, Donají Meza.

Eddy Morales Maltez no figura con carné de abogado ni aparece registrado al 25 de marzo como abogado litigante en Granada. Juan Jacobo Espinosa Lanuza no figura como abogado en el Registro de la CSJ, sólo figura su padre Juan Jacobo Espinosa Sandino, que es del domicilio de Managua (Villas Italianas). Janet del R. Juárez no figura como abogada en el Registro de la CSJ.