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Organizaciones de derechos humanos y sindicales abogan por la necesidad de que el gobierno intervenga de inmediato con políticas que enfrenten el alto incremento en los precios de los alimentos básicos, pero desde una perspectiva de nación, y eliminando la parcialidad partidaria.

Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indica que el gobierno de Daniel Ortega se ha caracterizado por ser populista, pero ante la emergencia, ya es hora de que piense en acciones serias a nivel nacional.

“Estamos pidiendo medidas del gobierno, pero nos preocupa que se les ocurra manipular o aprovecharse de la situación buscando cómo centralizar los alimentos haciéndonos regresar a las filas de los años ochenta”, expresó el director de la CPDH recordando el chantaje que se vivió por la provisión de arroz, frijoles y azúcar (el famoso paquete AFA).

“Es preocupante que instancias internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, señalen a Nicaragua entre los países más vulnerables de la región. Y es más preocupante que el gobierno no tenga un plan para enfrentar el problema. De no elaborarlo consecuentemente, y con la participación de todos los sectores, “a los nicaragüenses sólo nos quedará el caos y matarnos por la comida”.

Carmona indicó que en esta emergencia se deben aprovechar los recursos obtenidos con la venta del petróleo venezolano, de lo que no se rinde cuentas. También está el programa Hambre Cero, pero lo están manejando personas afines al partido de gobierno, por lo que para hacerlo efectivo debería implementarse a mayor escala y de manera general. En cuanto a la merienda escolar, ésta debe replantearse, pues en la actualidad sólo es parte de los planes contra la desnutrición que venimos arrastrando desde hace mucho, lo cual no se compara a los niveles que comenzaremos a encarar.


Control de producción y precios
José Ángel Bermúdez, secretario ejecutivo nacional del Frente Nacional de los Trabajadores, aboga por un control estatal de la producción y de los precios de los alimentos, además de crear políticas de financiamiento e incentivos para la producción de granos básicos y reducir el impacto que se avecina.

“Podrán decir que eso atenta contra el libre comercio, pero en esta emergencia no se puede estar matando a la ‘gallina de los huevos de oro’ que está en el campo como productora. Se debe proteger al productor con políticas de seguridad que garanticen precios vinculantes entre los costos de producción y los precios internacionales, buscando que las ganancias mejoren para los productores y disminuyan en las cadenas de intermediación”.

Señaló que los empresarios y a los exportadores tradicionales intermediarios al final les conviene, porque ninguno venderá nada si se da una explosión social, con gente asaltando supermercados o grandes grupos de nicaragüenses migrando.


Sin avances después de siete años
Por su parte Georgina Ruiz, responsable del monitoreo económico del Cenidh, organización perteneciente al Grupo de Interés de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, indica que constitucionalmente el gobierno está obligado a platear una respuesta inmediata, además que Nicaragua ha sido firmante del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, en la Cumbre del Milenio se ha comprometido a luchar por la erradicación del hambre y la pobreza.

“Estamos conscientes de los esfuerzos gubernamentales, pero lo preocupante es que después de casi siete años de aquella cumbre mundial, prácticamente no hemos logrado nada. Las cifras de los programas de asistencia, como Hambre Cero, no son suficientes para reducir la crisis, además, recordemos que según el Índice de Desarrollo Humano, continuamos con personas que apenas sobreviven con dos dólares al día”.

Consideró que un gran problema a corregir son las políticas gubernamentales que se han venido creando, las cuales no tienen un perfil de nación. Así que terminando el período de un gobierno el siguiente anula lo anterior y nuevamente comienza de cero imponiendo otra política.

“En esto, tanto el gobierno como las organizaciones de sociedad civil y los empresarios deben intervenir para dar una respuesta multisectorial que, para ser efectiva, mantenga continuidad sin importar el gobierno que venga”, comenta Ruiz.