Rafael Lara
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A un día de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores ex trabajadores de tres instituciones gubernamentales, aseguran que las instituciones del gobierno del mandatario Daniel Ortega están aplicando una política de persecución contra sindicatos no pro gubernamentales, irrespetando las leyes laborales y violando el derecho a la estabilidad laboral.

El antiguo personal del Ministerio de Educación (MINED), Ministerio del Transporte (MTI) y de la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), interpusieron la denuncia en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) donde su director, Marcos Carmona, aseguró que al menos 7 mil 500 trabajadores han quedado en el desempleo en año y medio del gobierno de “paz y reconciliación” por las razones señaladas.

“Basta ya señor presidente. Haga un alto y reflexionemos. Verdaderamente todo esto nos está llevando a la inestabilidad social. Es necesario que se ponga la vista en el MTI y se detenga la ola de despidos. A estas alturas llevamos un promedio de 252 despidos y se está proyectando otra ola de 300 empleados más que van a la calle”, expresó el sindicalista Alvaro Leiva Sánchez, de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, quien aseguró que su lucha no es política sino laboral y apegado a derecho.

Derroche y despidos

Guillermo Espinales, en representación de una comisión de despedidos de la dirección financiera del MINED, calcula que hasta el momento, junto a los delegados departamentales, municipales territoriales aproximadamente 150 fueron lanzados al desempleo. Además indica que para la próxima semana iniciará el despido de al menos 300 empleados de esa institución.

¿Qué cuales son las razones del despido? “Ninguno, únicamente dice que se prescinde de nuestras labores”.

Espinales señaló que los despidos se han venido oficiando tras una lucha de competencia entre sindicatos, así como las denuncias de atropellos y abusos administrativos en la dirección general administrativa financiera, donde tanto su director general como la directora financiera, se aplicaron jugosos reajustes salariales, mientras se está despidiendo a los trabajadores.

“Mientras se aplican despidos, uno se hizo un reajuste pasando de un salario de 54 mil córdobas a otro de 57 mil 335. La otra, pasó de 45 mil a 50 mil 400 córdobas. Eso sin contar que se recetaron un pago retroactivo de marzo 2007 a febrero 2008 por la suma de 49 mil 372 córdobas y en el segundo caso, de febrero 2007 a febrero 2008, el monto fue de 74 mil 700 córdobas”, asegura el sindicalista.

Por otra parte indica que por un lado se habla de una falta de maestros, pero hay 3 mil 585 plazas vacantes, lo que significan poco más de 9 millones de córdobas que no se están ejecutando en el presupuesto de esa institución.

Sobre esto el Ministro de Educación, Miguel de Castilla, desestimó la denuncia y dijo que la denuncia sobre los despidos son acciones de personas alarmistas.

Agregó que si se han tomado medidas contra algunos empleados fue por la falta de beligerancia de ese personal en sus labores, por lo cual se consideró necesario aplicar el orden en pro de la bien andanza de la institución.

PDDH sigue ignorando al MITRAB

Javier Quinto, en representación de los despedidos de la PDDH, señaló que fue secretario general del sindicato de trabajadores de esa institución sin embargo, contradictoriamente donde se supone que se debe velar por los derechos humanos, no se respetó esto y tan arbitrariamente como sucedió con el resto del personal, fue despedido.

Posteriormente el Misterio del Trabajo dictó una resolución que invalida lo actuado en contra del personal afectado, pero dos semanas después sigue sin acatarse el mandato de la instancia rectora de la ley laboral.

“Lo que hemos encontrado son dilaciones, insensibilidad social y la desprotección del trabajador por la instancia que se supone rectora de velar por los derechos fundamentales de los servidores públicos, para satisfacer conveniencias particulares sin fundamentos legales”.

Sobre este último caso, Carmona comentó que se entrevistó con la comisión laboral de la Asamblea Nacional y los diputados le aseguraron que pedirán a Omar Cabezas, procurador de derechos humanos, que se presente a explicar su actuación por no someterse al cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Por otra parte, los denunciantes esperan que la Asamblea Nacional actúe de la misma manera con los otros funcionarios públicos que continúan actuando de manera arbitraria.