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Santa Rita es una finca de 495 manzanas y 6 mil 989 varas cuadras ubicada en la comarca Kuikuinita, a una hora del municipio de Siuna. Desde 2004, los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense beneficiados por el gobierno de Nicaragua tras su desarme, enfrentan graves problemas, que los han llevado a convertirse en víctimas de atentados armados, quemas de sus viviendas, amenazas de muerte y hasta violaciones sexuales a hijas o compañeras de vida.

El último hecho ocurrió el pasado 14 de abril, cuando un grupo de hombres armados con fusiles AK, penetró a la propiedad e incendió un ranchito de palma de corozo. Los atacantes cargaron con tablas y cuartones.


Poder en la zona
“No quedó nada, lo quemaron todo, y hasta una escalera que usábamos se llevaron”, relata Carlos González Rivas, uno de los desmovilizados de la ex Resistencia y beneficiado con la propiedad.

González no duda en acusar a los miembros de la familia Zamorán Miranda como los responsables de la acción criminal. Los Zamorán Miranda tienen el poder en la zona. El jefe es un líder comunal, y la esposa de éste es presidenta de los Consejos del Poder Ciudadano. Un hijo de ambos es presidente del Comité de Prevención del Delito y presidente de la Cooperativa “Bernardino Díaz Ochoa”.

Esta misma familia fue la que en 2004, una vez que conocieron que la finca Santa Rita había sido titulada a favor de los desmovilizados de la ex Resistencia, ocupó, junto a un grupo de retirados del Ejército y de la Resistencia la mayor parte de la finca que actualmente usufructúan, y en la que conformaron una pequeña ciudadela, tras ir vendiendo parcela por parcela, sin ser ellos los verdaderos propietarios, según lo afirma González Rivas.

“La propiedad legítimamente es nuestra, tenemos un título de propiedad otorgado por el Estado, pero ellos han vendido parcelas obteniendo miles de córdobas por las transacciones”, asegura Cruz Urbina Mendoza, desmovilizado y conocido entre la Resistencia como “Marino”.

Uno de los tantos compradores es el señor Juan Miranda Méndez. “Yo les compré una parcela, ellos me dijeron que eran los verdaderos dueños”. Los Zamorán Miranda no pudieron demostrar con documentos legales ser los verdaderos dueños, y el caso ahora está en manos de una juez bajo el compromiso de resarcir los daños causados.

Para los Zamorán Miranda será difícil demostrar que son los dueños verdaderos, pues no tienen un título de propiedad que así lo afirme. Su permanencia en esas tierras está basada en la posesión de la propiedad, pues aseguran que mantienen ocupada la finca desde el año 96.


Sólo muertos
Segundo Amador, quien dice ser el vicepresidente de la Cooperativa “Bernardino Díaz Ochoa”, organización que según ellos lidera el movimiento por la tierra en Santa Rita, asegura que tienen una carta de asignación con fecha de 2002, otorgada por la OTR con compromiso de título agrario y “eso es suficiente”.

Amador y un grupo de ex miembros del Ejército y de la Resistencia se resisten a aceptar que legalmente no son dueños, pero afirman que de esas tierras no los sacará nadie. “Yo voy a ser el último que me saquen de aquí, pero no saldré vivo”, asegura, mientras acusa a los ex miembros de la Resistencia que lidera González Rivas, de ser los usurpadores de tierra y los responsables de los delitos que ocurren en la comarca. Llegaron a decir que los mismos desmovilizados fueron los que quemaron el ranchito sólo para acusarlos a ellos.

Los miembros de la ex Resistencia Nicaragüense tienen en su poder un título de reforma agraria otorgado el 25 de agosto de 2004 a favor de 16 desmovilizados de la ex “Contra”, entregado por el entonces intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino, título bajo el número 88922 asiento 2, folio 71-74 del tomo 743. El título fue ratificado por la doctora Mireya Molina, primera intendente de la Propiedad del gobierno de Daniel Ortega.


Juez y parte
Pero contra los Zamorán Miranda también hay acusaciones hasta de violación de mujeres. En Santa Rita, en los últimos años, fueron violadas tres mujeres, y dos de ellas identificaron plenamente a miembros de la familia Zamorán Miranda como las personas que bajó la intimidación de machetes y armas de fuego las violaron, delitos que han quedado en la impunidad, pues las denuncias no prosperaron porque fueron recibidas por los mismos Zamorán como representantes de los Comités de Prevención del Delito.

Urania Ruiz Castro, de 18 años, no teme revelar su identidad, pues en la comunidad todo mundo sabe que ella es una de las violadas. Cuando tenía 15 años fue violada por unos sujetos que amparados en la oscuridad de la noche la tomaron por la fuerza. Ella identificó a Candelario Miranda como el hombre que le pegó un golpe “en mi panza porque yo estaba embarazada, y me violó”. Otros dos sujetos también identificados no la violaron, pero estaban atentos y vigilando, mientras el otro cometía el crimen. Urania vivía en una casita ubicada dentro de la propiedad en conflicto.

Después de los hechos, según relata Urania, los tres salieron corriendo con dirección al caserío formado por los Zamorán Miranda. “’Canducho’ me dijo que si lo denunciaba me trozaban la cabeza”, relató la joven, quien aseguró que a pesar de la amenaza, fue donde la señora Cleofas Miranda, quien entonces trabajaba con organismos que defendían a las mujeres, ante quien interpuso la denuncia. “No hizo nada, ‘Canducho’ es su sobrino y ahí anda tranquilo”, aseguró la víctima.


Hasta con los jueces
Pero los Zamorán Miranda realmente tienen el poder. Sus influencias fueron usadas incluso ante una judicial de Mulukukú, quien, acompañada por varios policías y respaldada por Melanio Zamorán Miranda, Segundo Amador, un dirigente de la UNAG de Siuna y varios hombres armados con machetes, llegó el pasado 23 de abril hasta la finca Santa Rita.

La judicial se mostró sorprendida ante la presencia del equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO que tenía varios días de estar en la zona investigando sobre los casos de propiedad. La jueza reaccionó molesta contra los desmovilizados y contra el equipo de periodistas, y exigió al fotógrafo Oscar Sánchez que dejara de imprimir gráficas.

Según la juez Olga Álvarez, su presencia en el lugar era para mediar entre las partes y evitar mayores tragedias. Pero para los desmovilizados de la ex Resistencia, la juez tenía el objetivo de desalojarlos a la fuerza de las tierras que ellos actualmente ocupan.

Cruz Urbina confirmó que ellos no habían interpuesto demanda judicial alguna ante el despacho de la juez para que ésta hablara de trámites de mediación. “Nunca nos citaron a un tramite de mediación, y si así hubiera ocurrido, el trámite hubiera sido en el despacho de la juez”, argumentó, tras asegurar que realmente las pretensiones de la juez y de los Zamora Miranda eran desalojarlos a la fuerza sin un trámite judicial previo.

Recordó que en 2004, poco después de que los Zamorán Miranda ocuparon la finca, ellos interpusieron una demanda en un juzgado de Siuna, cuyo titular falló a favor de los ex Resistencia. La sentencia fue apelada por los demandados, y el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas ratificó el fallo a favor de los desmovilizados. Una juez de Mulukukú ordenó el desalojo de los usurpadores, pero el desahucio no ha sido ejecutado por judicial alguno.


Víctimas
González Rivas, líder de los desmovilizados, aseguró que desde que les entregaron el título de propiedad de la finca, no han podido trabajar en paz, pues los usurpadores de tierras les destruyen las siembras, les matan el ganado, los atacan a balazos y ahora les queman sus ranchos.

Para Segundo Amador, vicepresidente de la Cooperativa “Bernardino Díaz Ochoa”, ellos son los verdaderos dueños de la finca Santa Rita, a la que llegaron como parte de la firma de acuerdos con los gobiernos tras el fin del conflicto armado. Acusó a los desmovilizados de sacar de la lista a los ex militares y poner sólo a los ex Resistencia.

“Si nosotros fuéramos los usurpadores de la tierra, aquí no hubiera casas ni escuelas ni iglesias”, reclama Amador, quien asegura que fueron ellos los que hicieron el pequeño caserío San Rita, donde hay hasta casa base donde se presta atención médica, atención médica a la que no tienen derecho los desmovilizados de la ex Resistencia.

“Ellos son los delincuentes que cometen las violaciones para acusarnos”, asegura Cleofas Miranda, quien trabajó para la Cooperativa de Mujeres de Mulukukú y actualmente es lideresa de los Consejos del Poder Ciudadano de la comunidad. Ella es tía del acusado de violación Candelario Miranda, pero doña Cleofas lo defiende: “No es cierto, nunca hubo denuncia contra él”, señaló.

Pero si la lucha por la tierra en esta zona es realmente preocupante, también lo es el silencio de las autoridades gubernamentales, que parece indicar que la voluntad del gobierno es revertir todo lo actuado por las autoridades anteriores a favor de la ex Resistencia Nicaragüense. El pasado 14 de febrero, los abogados Luis Ráudez, de la Procuraduría General de la República, y Alejandro Gómez, de la Intendencia de la Propiedad, llegaron a la finca Santa Rita, y sin una sola pizca de rubor dijeron claramente que el título de propiedad a favor de los desmovilizados sería anulado y la finca sería entregada a los CPC que dirige Cleofas Miranda.

Carlos González asegura que las afirmaciones de los funcionarios de la Procuraduría son una clara amenaza de confiscación de la propiedad que legalmente les otorgó el Estado y que se encuentra inscrita en el Registro a favor de ellos.


No es nulidad
En una carta que el Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada, envió a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, asegura que no ha existido resolución alguna sobre la nulidad del título que tienen los desmovilizados de la “Contra”, pero asegura que tanto la Procuraduría como la Intendencia “revisan y analizan con mucho cuidado para poder determinar lo que procede conforme a derecho, en vista de abusos y anomalía cometidas por traficantes de tierras y otras personas irresponsables e inescrupulosas que viven del desorden y del conflicto de la propiedad”.

Los desmovilizados están seguros de que no hay voluntad gubernamental para resolver el tema de la propiedad, y precisamente ese es uno de los puntos que alega la diputada Elia María Galeano, líder de la ex Resistencia, quien amenazó con romper la alianza entre este grupo y la Convergencia Nacional.

La crisis en el tema de la propiedad es tal, que según los desmovilizados de la antigua “Contra”, en tres municipios del país existen al menos 266 propiedades que el Gobierno de Nicaragua adquirió mediante el Proyecto de Atención Especial de Desmovilizados para ser entregadas a la ex Resistencia y al Ejército, pero ninguna de ellas está en manos de los demandantes de tierra.

Es más, los desmovilizados que lograron obtener propiedades, ahora son perseguidos y sus propiedades quemadas por armados que son afines al actual gobierno, o son mandados por los antiguos dueños de las fincas.