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Representantes de la Coordinadora Civil (CC) de ONG señalan que el paro de los transportistas es una muestra de tantas demandas sociales que pueden poner al país al borde del colapso, si el gobierno de Daniel Ortega no deja la politiquería y busca cómo dar solución a los problemas.

Georgina Muñoz y Mario Quintana, enlaces de la CC, comentaron que la falta de atención por parte del gobierno está llevando el problema a los extremos de un estallido social, muy peligroso para el país y sobre todo para la ciudadanía de menores recursos, la cual, además del elevado encarecimiento de los productos de la canasta básica, también debe enfrentar el continuo incremento de las tarifas de energía y del agua potable.

“Como CC tenemos la obligación con el pueblo trabajador de aportar para que se encuentre una solución a estos problemas que son parte de nuestra agenda social”, señala Muñoz.

Por su parte, Quintana señaló la necesidad de un gobierno responsable que conduzca el país. “Desde esa perspectiva se necesita una convocatoria urgente de las fuerzas económicas, políticas y sociales para abordar los problemas que están aflorando, que son de fondo y necesitan de una respuesta colectiva para una política de Estado”.

El enlace de la CC agregó que están en un proceso interno de consulta con todos sus integrantes, y son estos temas los que están a la orden del día en un país que está rebasando su capacidad de resistencia.

Confronta en vez de solucionar

Mientras tanto, el economista Adolfo Acevedo criticó al gobierno por estar más interesado en desacreditar y confrontar a los transportistas que por encontrar una salida al conflicto. Por eso no ve prudente que el gobierno compare la situación con las protestas que a inicios de los años setenta surgieron en Chile para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende.

“El problemas del combustible es un planteamiento serio y muy real, que afecta al transportista interurbano y al transporte de carga, por lo que no nos parece correcto que el gobierno responda con amenazas. Se debe tomar en cuenta que la protesta está paralizando el flujo de personas y alimentos que viene a Managua, lo cual se reflejará en el precio y el desabastecimiento, agravando la situación económica de la población”.

El economista señaló que uno de los planteamientos de los reclamantes es el congelamiento del precio del diesel para los transportistas. Una forma de hacerlo es subsidiarlo con los recursos del petróleo obtenidos de la ayuda venezolana.

Solución con dinero venezolano privatizado

“Si hacemos matemáticas del acuerdo suscrito, son 10 millones de barriles a un precio 90 dólares, eso representa 900 millones de dólares, de los cuales 450 millones son en créditos. La mitad de ese crédito, 225 millones de dólares, están disponibles y en control directo del gobierno que niega su auditoría. El problema es que la operación no es transparente y nadie sabe qué se está haciendo con ese dinero que bien podría contribuir a solucionar parte de la crisis que vivimos”, dijo el especialista
Luisa Molina, también miembro de la CC, que participó en un reciente encuentro con productores de Mulukukú, Bosawás, Rosita, Bonanza y Siuna, éstos expresaron estar muy preocupados por el problema del transporte, pues sus cosechas y otros productos pueden perderse al no poderlos sacar a los mercados.

El abanderado de los pobres no soluciona

“Vemos cierta irresponsabilidad en algunos funcionarios públicos que en vez de buscar la salida, se hacen los desentendidos, alargando y agravando la situación. Nosotros no es que estemos defendiendo a los transportistas o que estamos aliados, aquí nos interesa la población que, por un lado, unos van a perder sus productos o a mal venderlos, mientras otros van a pagar elevados precios por la falta de abastecimiento”, dijo Molina.

“El gobierno de Ortega está entrando en un período de prueba. Antes, con los gobiernos liberales, era el organizador y quien controlaba los conflictos y las protestas sociales, pero es evidente que, ante la crisis económica, ha perdido ese control. Ahora es su momento, el momento para que Ortega demuestre su apoyo a los sectores pobres que dice representar”, expresó Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Indicó que el gobierno de “reconciliación” de inmediato debe abrir un espacio de negociación con el sector de los transportistas, cuyas demandas nunca antes habían sido tan legítimas, en medio de los elevados precios del petróleo a nivel internacional.

“En estos últimos años se le da subsidio a los transportistas de Managua, pero a los interurbanos no, afectando a miles de ciudadanos que diariamente deben movilizarse. Además, esto es una violación a los derechos humanos, pues refleja falta de igualdad y de oportunidades”.

Izabá consideró preocupante que en este país el mandatario sostenga un discurso de “gobierno de los pobres”, y de “el pueblo presidente”, pero en la práctica no se ve una política dirigida para favorecer a la clase más desprotegida.