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Representantes de las cooperativas de transportistas en paro de León, Granada y Masaya, denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que la Policía Nacional el martes actuó violentamente por órdenes venidas de las más altas esferas gubernamentales, y concretamente en León se dedicaron a actos de vandalismo contra las unidades en paro.

Según Pablo Efraín Sánchez, presidente de la Cooperativa de Transporte Selectivo de Taxis de León, luego de dar libre paso a la caravana de buses que transportaban a simpatizantes sandinistas hacia al acto de recibimiento de delegaciones que participarían en la cumbre de seguridad alimentaria, la fuerza pública lanzó a los antimotines.

El saldo fue de un centenar de transportistas detenidos y unas 40 unidades de transporte dañadas --entre buses y taxis--, por los policías que atacaron con sus bastones, gases lacrimógenos y balas de goma. Sánchez y Jaime Antonio Escobar, presidente de la Unión Regional de Transportistas de León, aseguraron que el comisionado mayor Douglas Zeledón les dijo que “las órdenes venían de arriba y que correría sangre”.

Los dejaron arruinados

Sánchez comentó que luego del conflicto la PN los dejó arruinados, porque además de quebrarles los vidrios y romperles las cajas de cambio de los vehículos, algunas unidades quedaron inservibles.

Pedro Joaquín Valle, transportista de Granada, también indicó que fueron los agentes policiales quienes iniciaron el ataque mientras la protesta se desarrollaba pacíficamente. “Desconocemos por qué sucedió, pero casualmente nos informaron que esto fue una orden venida de Managua, por lo cual la Policía no podía resolver nada sobre los detenidos hasta que llegaran instrucciones de la capital”.

Albert Selva, transportista de Masaya, aseguró que la Policía intentó quitarles las placas a los vehículos, y en el forcejeo resultó afectada la transportista Juliana Candelaria, quien terminó en el hospital, luego de que los antimotines la hirieron en la cabeza y le rociaron gas en la cara.

Más se unen al paro

Andrés Lara, presidente de la Cámara Nicaragüense del Transporte (Canitrans) y miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional del Transporte, indicó que seguirán en paro, ahora con el apoyo de las cooperativas de Bluefields y Puerto Cabezas, y también se integrará Managua.

“Comparando esta huelga de transporte con anteriores luchas, este gobierno resultó peor que los gobiernos liberales, pues ahora ni siquiera hay intentos de negociación. Por su parte, el presidente Daniel Ortega sigue sin ser consecuente con sus declaraciones de no reprimir a las luchas sociales, y está violentando el derecho a protestar. Nuestro interés es trabajar sin incrementar los costos a la población y por eso esta lucha nos conviene a todos, pues el costo del combustible crea un efecto dominó en los productos de consumo básico”, señaló el presidente de la CNT, asegurando que de aplicar el costo real del transporte, éste aumentaría casi el 80 por ciento.

Por su parte, Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis (Fenicootaxi), indicó que están abiertos al diálogo y dispuestos a escuchar propuestas que den una salida real a la problemática.

Gobierno no debe alimentar conflicto

Norwin Solano, abogado del Cenidh, comentó que investigarán y valorarán si hubo agresión injustificada por parte de los agentes del orden y violación al derecho a la protesta pacífica. Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, dijo que el gobierno debe actuar en busca de una solución y no alimentar el problema. “Esperamos que tanto las fuerzas del orden como los transportistas en protesta, respeten los derechos de las personas y se evite la violencia, que en ningún caso es justificada”.

Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil de ONG, señala que el problema se está agravando y se está llevando a conflicto social de mayor envergadura, que puede llegar a ser inmanejable.

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