Gustavo Álvarez y Luis Galeano
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó su desacuerdo con la decisión de la Procuraduría General de la República, PGR, que pidió ejecutar un secuestro preventivo de las instalaciones del hotel Barceló Montelimar, en base a una deuda del Grupo Auxiliar o Barceló con el Estado, que suma varios millones de dólares.

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, afirmó que está preocupado por las señales contradictorias a los inversionistas. Dijo que el gobierno español está tratando de mediar para que se dé la firma del protocolo entre el gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, pero por otro lado se está viendo cómo inversiones españolas como Montelimar están afectadas por el manejo legal, pues según la Procuraduría hay una deuda que la empresa desconoce.

“Si queremos concentrarnos en el desarrollo de la economía de este país, no podemos seguir mandando este tipo de señales contradictorias”, subrayó.

Aguerri aseguró que ya el país está en una situación económica muy complicada, y si se quiere atraer la inversión, se tiene que mantener una política coherente. “Si queremos no atraer inversión y que los empleos se sigan perdiendo, entonces ese es el tipo de política que tiene que seguir empujándose”, expresó.

Que alguien nos explique, suplica Valenti

Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, (Canatur), Lucy Valenti, consideró la acción de la Procuraduría como algo que no se entiende en este momento en el país.

Señaló que se ha hablado de brindar todas las garantías y seguridades para que la inversión se pueda dar con tranquilidad en Nicaragua, y sobre todo cuando el grupo Barceló está considerando nuevas inversiones, incluyendo un hotel en Managua.

“Pero una actitud como ésta de una institución como la Procuraduría, viene a sembrar incertidumbre en un grupo empresarial como Barceló, muy importante para el posicionamiento internacional de Nicaragua”, indicó.

La presidenta de Canatur manifestó que ha estado en comunicación permanente con la gerencia del hotel Barceló y que han tenido reuniones con el presidente del Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur, pláticas en la que los españoles han mantenido su posición, que es respaldada por la Cámara de Turismo.

“Hoy (ayer) por la mañana hablé con el gerente del hotel (Barceló) y ni siquiera sabían a ciencia cierta la justificación del secuestro preventivo por parte de la Procuraduría General de la República, porque no les habían informado”, dijo.

La acción de embargo preventivo fue justificada por el procurador Hernán Estrada, porque supuestamente el hotel se vendió a un precio demasiado bajo, y el grupo español tiene una deuda de más de 1 millón 450 mil dólares de dólares.

Valenti afirmó que mucho se habla aquí de propiedades que fueron vendidas en determinada época a precio de guate mojado, y aunque reconoció que se pagó poco por las mismas, consideró que fue una transacción legal que incluso fue licitada.

“Los que vendieron son responsables”

Agregó que el Estado o cualquier institución que vendió a ese precio hay que reclamarle y no al empresario o inversionista que compró al que compró, porque eso es un caso cerrado.

La presidenta de Canatur consideró que se deben hacer las averiguaciones con las instancias responsables de haber hecho la venta, pero los inversionistas compraron en base a las reglas que el Estado puso en su momento.

“Una situación como ésta, que viene a poner en duda la seguridad jurídica como es Montelimar, seguramente viene a reconsiderar al grupo Barceló si realizan o no nuevas inversiones”, señaló.

Valenti afirmó que espera que el caso se resuelva con sensatez y que se les brinde la garantía necesaria jurídica a los empresarios, para que las inversiones del grupo español puedan continuar desarrollándose en Nicaragua.

Ayer, el gerente del hotel, Walter Martino, se excusó nuevamente de hablar con END, pues se encontraba en una reunión, pero nos hizo saber a través de la persona que atendió el teléfono en su despacho, que esperarán a que se desarrolle el proceso judicial, porque confían en que tienen la razón en el caso.