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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, rechazó que la acción legal ejercida en contra de la empresa Barceló Montelimar por una deuda al Estado sea de carácter política, y una prueba es que el gobierno del ex Presidente Enrique Bolaños tampoco les dio el finiquito.

“Aquí venimos a la repela a ver qué podemos recuperar, porque habían barrido con todo, no dejaron ni las góndolas, vendieron 352 empresas y tendríamos que echar preso a todo el gobierno de doña Violeta porque fue un latrocinio”, afirmó Estrada.

Explicó que los diez años para cancelación de la venta se le vencieron durante el gobierno de don Enrique Bolaños, y no le dio el finiquito por la transacción de la venta efectuada el 19 de mayo de 1993 ante los oficios del doctor Denis Maltez.

“No se lo dieron, lo heredamos, ellos lo pidieron y no se lo dieron durante el gobierno de Bolaños porque la PGR expresó contradicciones, porque había auditorías que decían que sí y otras que no, y la venta está cumpliendo quince años”, indicó Estrada.

Refirió que la PGR decidió ejecutar un secuestro en Montelimar, donde se nombró depositario al Gerente General con la administración para no alarmar a nadie, porque después de todo un año de acciones administrativas a través de la Cornap, se negaron a reconocer la deuda con el Estado que debe verse en un contexto contractual.

“No tiene nada que ver la política, aunque yo sabía que iban a aducir eso, porque así dicen estas empresas, que es político cuando quieren ampararse en argumentos ajenos al objetivo de salvaguardar el patrimonio del Estado. Queremos resolver el contrato porque ha habido incumplimiento”, dijo Estrada.

Aclaró que Barceló Montelimar pagó tres millones 50 mil dólares al inicio, y el resto --del cual no hay un monto descriptivo numérico-- debía cancelarse de acuerdo con la ocupación del hotel, pero se niegan a hacerlo.


Bolaños no entregó finiquito
Ese saldo fue disputado por Bolaños por las mismas razones que nosotros, porque ellos dicen que no ha habido la ocupación del 60 por ciento del hotel, y sólo han hecho un pago de tres millones 50 mil dólares, el resto tenía que ser pagado conforme la ocupación del hotel, indicó Estrada.

Ahí se fueron estableciendo los niveles de ocupación, y con lo cual se debería pagar. Ya llegó el término para pagar, por lo cual ellos piden el finiquito en 2006 y el gobierno de Bolaños no se los entrega, dijo el procurador.

Afirmó que el monto a pagar se va a definir con parámetros de análisis financieros, con peritos que establezcan cuánto es, para la resolución del contrato.

La Price Waterhouse dice que no ha habido la ocupación de más del 60 por ciento para pagarle al Estado nicaragüense, pero eso se ha valorado por peritos, dijo Estrada, tras recordar que esta empresa fue la que también dijo en 1993 que ese era el valor de Montelimar, aunque se trata de más de 300 manzanas.

Recordó que venta se hizo con la autorización de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, con la firma del secretario de la Presidencia Antonio Lacayo, refrendada por Tomás Delaney, hoy representante de Barceló Montelimar, y aparece en gestiones Noel Vidaurre, quien también trabajaba en la Cornap cuando se vendió Montelimar.