Eloisa Ibarra
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El Grupo Barceló Hoteles mostró su sorpresa y “dolor” por la aplicación por parte de la Administración nicaragüense de un secuestro preventivo del Hotel Montelimar, que la empresa tiene en Managua.

En declaraciones a Efe, un portavoz de la sociedad hotelera mallorquina afirmó "no entender" qué es lo que se pretende con esta actuación por parte del Gobierno de Nicaragua, ya que el secuestro se ha llevado a cabo a petición de la propia Presidencia de la República.

El citado portavoz, que señaló que "hasta ahora no se nos ha comunicado cuál es el contenido de la demanda", añadió que "desde luego, vamos a responder a ella cuando sepamos en qué se basa".

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, expresó que los empresarios del Grupo Barceló no pueden desconocer la situación, porque durante todo un año le hicieron cobros en la vía administrativa y siempre se negaron a reconocer la deuda con el Estado nicaragüense.

Refirió que la PGR decidió ejecutar un secuestro en Montelimar, donde se nombró depositario al Gerente General con la administración, para no alarmar a nadie, porque después de todo un año de acciones administrativas a través de la Cornap, se negaron a reconocer la deuda con el Estado que debe verse en un contexto contractual.

Explicó que Barceló Montelimar pagó tres millones 50 mil dólares al inicio, y el resto --del cual no hay un monto descriptivo numérico-- debía cancelarse de acuerdo con la ocupación del hotel, pero se niegan a hacerlo.


La ocupación a futuro
Según el portavoz de Barceló, se hicieron cargo del hotel en 1993 pagando al Gobierno de Nicaragua de Violeta Chamorro, tres millones de dólares”, a los que se sumaron otros cinco millones de inversión para la mejora del establecimiento.

Asimismo, Barceló firmó en el contrato una cláusula por la que si en los diez años siguientes la ocupación del hotel se situaba en torno al 60 por ciento se pagaría una cantidad adicional, pero “esta ocupación nunca se ha dado”, y tras una auditoría realizada por una empresa externa “se ha comprobado que, efectivamente, no se ha llegado a esa ocupación”.

Estrada afirmó que la Price Waterhouse es la firma que dice que no ha habido la ocupación del 60 por ciento para pagarle al Estado nicaragüense, pero eso será valorado por peritos.

Afirmó que el monto a pagar se va a definir con parámetros de análisis financiero, con peritos que establezcan cuánto es, para la resolución del contrato, y no con base en lo dicho por la Price Waterhouse.