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OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Policías apostados en la entrada principal de la Alcaldía, máquinas aparcadas en la calle, incluidos camiones recolectores de basura, el alcalde Marciano Berríos con directores de áreas encerrados en sus labores, y en la acera de enfrente, la mayoría de empleados hasta ayer viernes permanecían de brazos caídos. Demandan incremento salarial y la reintegración de un despedido y dos sancionados.

“El paro es indefinido hasta que él (el alcalde) se retracte”, dijo Miguel Ardón, uno de los empleados en paro. El despedido es el responsable del registro del contribuyente, Augusto Rivera, y los suspendidos por 15 días y sin goce de salario son: Aracely Montecinos y Darwin Vásquez.

En la ciudad de 40 mil habitantes se acumula la basura porque los camiones con sus conductores y operarios han paralizado sus labores para sumarse a la protesta, a igual que lo hizo el personal intermedio de las oficinas administrativas.

El alcalde explicó que cesanteó al empleado porque el 30 de abril pasado, cuando los trabajadores realizaron un plantón de una hora, ordenó cerrar la caja y amenazó con bloquear la base de datos con el registro de los contribuyentes.

No obstante, Karol López, directiva del Sindicato “Roberto Gómez”, de la comuna, aclaro al alcalde que la acción de sus compañeros afectados era la misma que realizaban el resto de trabajadores, de explicarle a la ciudadanía que no había atención por la huelga, “y, por tanto, la sanción debería ser para todos”, dijo.


Consultan a la Contraloría
“El único delito que estamos cometiendo es defender nuestros derechos”, dijo por su parte Ardón.

Indicó que el último lunes, el alcalde se había comprometido ante los concejales a no aplicar represalias, pero al día siguiente inició los despidos.

La Comisión Nacional de la Ley de Carrera Administrativa Municipal determinó en un escrito entregado a los empleados de Ocotal, que el procedimiento de despido y sanción aplicado por el alcalde es inadecuado.

Por su parte, Ramón Antonio Amador, secretario del sindicato de la alcaldía, dijo a una radio local que esperan para mañana una resolución de la inspectoría departamental del Ministerio del Trabajo, la cual se pronunciaría sobre la situación laboral de la municipalidad.

Según Miguel Ardón, uno de los empleados en paro, el conflicto laboral inició en octubre pasado, cuando solicitaron incluir en el presupuesto un incremento salarial, que oscila entre el 20 y el 30%, petición que les fue ignorada.

“Luego, este año, le insistimos en la revisión salarial, y nos sale con el argumento de que no está presupuestado”, indicó. La alcaldía se encuentra en la categoría ‘B’, según la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, debido al importante incremento en las recaudaciones tributarias que ha venido superando los 10 millones.

“La ley nos indica que debemos destinar un porcentaje para las inversiones. De manera que legalmente estamos impedidos de hacer un incremento. Y estamos haciendo una consulta a la Contraloría General de la República para saber si hay una salida”, explicó el edil.

La administración edilicia de esta ciudad, dirigida por el FSLN, y cuyo período finaliza este año, quedó amarrada con un convenio colectivo que firmó el alcalde anterior, Edward Centeno Gadea, y que fue calificado de oneroso por las actuales autoridades, por los altos montos que significan las indemnizaciones para los funcionarios que renuncien.