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Primera Parte

Maritza Jiménez Meza es una mujer de 38 años, vendedora de café y pan en los semáforos del Gancho de Caminos, en el Mercado Oriental. Tiene preso a su hijo mayor de 18 años acusado de lesiones, y le ha tocado enfrentarse al nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial que implementa la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin saber de qué se trata.

Jiménez cursó hasta cuarto grado de primaria y confiesa con pena que no sabe leer ni escribir bien, que nunca ha usado una computadora, y que indagar sobre el caso de su hijo en los juzgados de Managua ha sido un tormento, porque no sabe adónde ir.

“Cuando llegué la primera vez a los juzgados me pidieron la cédula en la entrada y me preguntaron adónde iba, y les dije que a indagar sobre el caso de mi hijo. Me mandaron a una oficina que no se cómo se llama, ahí me preguntaron en qué juzgado estaba el caso, les dije que en el Quinto Local y les di el nombre de mi hijo y el día que lo echaron preso”, refiere Jiménez.

“De esa oficina me mandaron a otra y ahí me dijeron que esperara porque iban a buscar el caso, pero después de esperar una hora me respondieron que regresara porque no habían encontrado el expediente”, señaló.

Sigue el calvario

Refiere que por falta de tiempo, porque es madre soltera y además del hijo preso tiene tres más que mantener, no volvió hasta pasados dos meses, y después de hacer una enorme fila y pasar por lo mismo de la primera vez, le volvieron a decir que el expediente estaba extraviado y que lo seguían buscando.

La última vez que llegó fue hace dos semanas, y sólo perdió el tiempo, porque no consiguió nada debido a que los empleados estaban en huelga, y otras personas que había ahí le aconsejaron que mejor buscara un abogado que le ayudara.

“No sé cómo voy a hacer, porque sólo me llevan a una oficina donde una muchacha me busca en una computadora, no sé si realmente lo buscará, porque no sé cómo se usan, y como no leo bien, no entiendo”, expresa Jiménez.

Cuenta que cuando se llevaron preso a su hijo, buscó un abogado, pero le dijo que le cobraría siete mil córdobas por sacarlo, y ella sólo pudo conseguir dos mil córdobas con un prestamista, entonces sólo le miró el caso la única vez que lo llevaron donde el juez y lo mandaron a la Modelo, pero todavía no lo han condenado.

La historia de Jiménez se repite a diario en los Juzgados de Managua, especialmente en el área penal, porque son personas pobres, con niveles de educación muy bajos.

Según la última Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida, de 2005, elaborada por el gobierno, los jefes de hogares pobres son analfabetas en un 53 por ciento en el caso de os hombres, y en un 70.8 por ciento las mujeres, y el 41 por ciento no tiene ningún nivel de instrucción.

El modelo que no funciona

Uno de los objetivos del nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial, según los magistrados de la CSJ y sus técnicos, es hacer más accesible la justicia y que exista una mayor transparencia.

Para dar atención a los usuarios se organizó la Oficina de Atención al Público, la cual prestará servicio a las y los abogados, las partes (hombres y mujeres de cualquier edad, condición y etnia) periodistas y público en general, quienes podrán directamente acudir a las Salas de Autoconsulta y acceder mediante computadora a toda información sobre el juicio que les interese.

La misma información, según la CSJ, estará disponible “on line” vía internet, y para quienes no sepan usar computadora, habrá un oficial de atención al público que realizará la consulta electrónica y suministrará la información al solicitante.

Sin embargo, después de seis meses esas oficinas no llenan las necesidades de los usuarios para quienes fueron creadas y la información no está en internet, y a los usuarios como Jiménez no les sirve de mucho que le localicen el expediente y los manden de oficina en oficina, sin darles respuesta y sin encontrar a un juez o a un secretario que los pueda atender.

Celia Villanueva, Directora del Proyecto BID–CSJ, que atiende la parte técnico-organizativa-financiera del nuevo modelo, reconoció que “lastimosamente no vivimos en un país donde se tenga desarrollo tecnológico, y eso no ayuda, no pensamos en eso, hay que ser crítico en reconocerlo, incorporar la tecnología requeriría de una buena capacitación, también para los operadores era importante que estuviesen aptos”.

Nadie pregunta a usuarios

Los magistrados de la CSJ, con los representantes de la firma española Indra, antes Asertia, que diseñó el modelo, han realizado visitas con funcionarios de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República para mostrar las bondades del modelo.

Los litigantes, por su parte, han llevado a los magistrados para que visiten todas las oficinas con ellos para mostrarles dónde están los mayores obstáculos para los usuarios del sistema.

Sin embargo, ni la firma española ni los magistrados ni los técnicos se han preocupado por conocer la opinión de los usuarios comunes, de los familiares de los presos, de las mujeres que tienen casos de pensiones de alimentos y de los requeridos por los bancos, que son miles.

Villanueva reconoce que ha sido una falla, que nunca han consultado cómo sienten que funciona el modelo a los usuarios directos de la justicia, pero que en la próxima visita de los consultores españoles lo pondrán en agenda para hacerlo, porque les interesa que el modelo funcione.

Ni secretarios ni audiencias

Con el nuevo modelo, los usuarios no son atendidos por los secretarios, porque éstos ya no tienen a cargo expedientes determinados y los jueces no brindan audiencias como antes, aunque el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces deberán dar al menos cuatro horas de audiencias todos los días.

Una comisión de abogados litigantes se reunió con magistrados de la CSJ para hacerles ver que con el nuevo modelo se hicieron reformas de hecho al Código Procesal Civil, se viola la Constitución Política y el Código Procesal Penal (CPP).

Los litigantes afirman que el nuevo modelo que entró en vigencia en noviembre de 2007, con el que se crearon 22 oficinas, desarticuló el Despacho Judicial al prohibirles tener contacto con el secretario, y a éstos los alejó de los usuarios.

En efecto, antes de la implementación del modelo cualquier persona que no tuviese mayor instrucción o bien analfabeta, podía llegar hasta el juzgado donde se encontraba su caso y preguntarle al secretario cómo iba el proceso y pedir audiencia al juez para exponerle personalmente su situación, en caso de no tener abogado.

Si bien algunos secretarios, sobre todo en lo civil, siempre fueron renuentes para atender al público que no fuese abogado, en lo penal era muy común que los secretarios brindasen información, aunque los interesados tuviesen que pasar la mañana entera en espera de atención, pero al final se enteraban cómo estaba la situación de su familiar.