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La magistrada Alba Luz Ramos, responsable de la ejecución del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, afirmó que le abrirán proceso disciplinario a los abogados litigantes que actuaron con “vandalismo” en los juzgados, y los remitirán a la Fiscalía, porque no tienen ninguna investidura y no pueden imponer cuál es el modelo a seguir.

“Nos llaman corruptos porque estamos aplicando un modelo”, y quien pone el orden, quien dirige el Poder Judicial es la CSJ de acuerdo con la Constitución, y aunque nos lancen piedras y nos descalifiquen, el modelo continuará, y el día que logren que los nombren magistrados, que lo suspendan”, dijo Ramos.

Los litigantes protestaron el pasado miércoles y derrumbaron una puerta, cuando funcionarios del Poder Judicial les negaron el derecho a mostrarles a diputados de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, las inconsistencias del Modelo de Gestión de Despacho Judicial.

Sergio Torres: no tienen autoridad moral
El litigante Sergio Torres dijo que a los abogados los tiene sin cuidado la potestad disciplinaria de la CSJ, porque no tienen autoridad moral de ninguna naturaleza para sancionar a abogados en el ejercicio de sus derechos, y de tener acceso libre a los juzgados.

Refirió que esta semana recibió una cita de la CSJ, de un expediente de hace siete años al que nunca le dieron trámite, y por el cual ahora lo amenazan con llevarlo preso para amedrentarlo por exigir el derecho que tiene de acceso verdadero a la justicia.

Lista negra
Denunció que ayer tuvieron conocimiento de que por órdenes del magistrado Martínez, se pasó al portón de entrada de la CSJ una lista inicial con el nombre de algunos de los abogados que reclaman por el Modelo y tienen prohibido el ingreso a la Corte, lo cual es una violación a sus derechos constitucionales.

En la lista, según conoció END, aparecen: Torres, Glenda Orozco, Juan Chávez, Carlos Arroyo, Patricia Espinales, Frank Icaza, Adda Francis Pineda y Marlon Loáisiga, entre otros.

Torres dijo que en vez de andar siguiéndolos a ellos, primero deberían resolver las quejas de jueces y abogados que han cometido falsificaciones, resucitan muertos y hacen maravillas, y son protegidos por magistrados de la CSJ que tienen archivados los casos.

Los litigantes confirmaron que ayer por la tarde les llegó la notificación del auto con fecha 23 de mayo de apertura de oficio del proceso disciplinario para los abogados: Orozco, Torres, Espinales, Icaza, Rivera, Chávez y Loáisiga, y pide a Inspectora Judicial que informe si han sido sancionados con anterioridad.

También remiten el caso al Ministerio Público para lo de su cargo. El auto es firmado, según los litigantes, por Ramos, Edgard Navas y Solís.

Mientras actúan con semejante diligencia en este caso, la CSJ se resiste a abrir la investigación al juez Civil de Granada, Róger Pérez Vega, quien según los abogados de Granada, goza de la protección de Navas; y al juez de Tipitapa Guillermo García, señalado de acoso sexual por tres mujeres.

Estos tres magistrados también sacaron ayer un pronunciamiento en relación con el Modelo de Gestión de Despacho que fue dado a conocer por el Vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, quien dijo que goza del respaldo de toda la Corte.

No todos firmaron
Sin embargo, tres magistrados consultados en relación con el pronunciamiento afirmaron que desconocían que existiera y que no fueron consultados, pues lo único que existe es un acuerdo para dar respuesta a los problemas del Modelo, pero que varios magistrados se niegan a firmar.

Torres le recordó a Ramos que los abogados están desempleados por la imposición de un Modelo que no funciona y viola las leyes, y que el hambre no tiene color político, y buscarán la colegiación para sacar a los funcionarios corruptos que no cumplen con sus funciones.

A la compañera Alba Luz Ramos, le digo si nos vamos a volver a poner el uniforme chocolita de los años 80. Antes existían cinco secretarios para un juzgado, pero ahora hay una oficina en los juzgados que dirige una persona de nombre Sandra, donde se reciben los expedientes de las personas que sí pueden litigar, y se entregan a los secretarios de forma controlada por órdenes partidarias de los políticos de turno para resolverles sus casos. No hay administración de justicia para los pobres, sólo para los banqueros, dijo Torres.

“En los años 80 a los jueces nos mandaban a destruir emisoras, y así comenzó a militarizarse la justicia y así se está queriendo hacer nuevamente, pero ahora les recuerdo que existe una democracia y no permitiremos que se sigan violando nuestros derechos”, dijo Torres.

Marcha contra corrupción
Aseguró que no son 40 abogados los que protestan, como dice Ramos, porque hay alrededor de dos mil litigantes que se están organizando y realizarán una marcha como hicieron en Honduras para deponer al Fiscal General por corrupción.

Por su parte, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mirna Lievano de Marques, afirmó que ellos no condicionaron el préstamo para la construcción del Complejo Judicial de Managua a la ejecución del Proyecto Piloto de Gestión de Despacho Judicial en la capital, como han dicho los magistrados de la CSJ.

“El BID no impone condiciones, dónde se va a implementar” dijo Lievano, tras reconocer que Managua es un área muy compleja porque es la más grande, definitivamente, pero, son decisiones soberanas de dónde se inicia la implementación.

No hay condiciones por parte del BID, el que fuera en Managua o en Jinotega fue una decisión de quienes ejecutaron el programa, aclaró la representante del BID.

Desmiente a magistrados
El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, y el magistrado Edgard Navas, han afirmado ante los abogados litigantes que protestan contra el Modelo, que el BID condicionó el préstamo para la construcción, a que el proyecto piloto se ejecutara en Managua.

Lievano dijo que si en el Modelo hay violaciones a leyes o disposiciones y si hay cambios que sea necesario efectuar, se vería cómo hacerlos.

La CSJ decidió comenzar un seminario con diputados ante la Asamblea Nacional y operadores del sistema judicial para analizar el Modelo de Gestión de Despacho. Los diputados de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional consideran que el Modelo viola la Constitución Política y reformó de hecho artículos del Código Procesal Penal (CPP) y del Código de Procedimiento Civil.

Sale hasta el chancho con yuca leonés
Sin embargo, Ramos dijo que el Modelo no reforma ni toca el CPP ni el Código de Procedimiento Civil, mucho menos disposiciones sustantivas, pero ahora le quieren achacar al Modelo hasta la venta de chancho con yuca en los juzgados.

Ramos dijo que no es cierto que la gente no maneje las computadoras. “Es una visión minimizante, discriminadora sobre la gente pobre” porque en todos los barrios existen ciber”, señaló.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), en el “Perfil y Característica de los Pobres en Nicaragua 2005), que publicó el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dice que los jefes de hogares pobres son analfabetas en un 53 por ciento en el caso de los hombres, y en un 70.8 por ciento las mujeres, y el 41 por ciento no tiene ningún nivel de instrucción.

Los litigantes pidieron a Ramos y a Navas que den cumplimiento al acuerdo y se trasladen a tiempo completo a los juzgados, y acompañen a los abogados para que conozcan de verdad y no como “tour” lo que sucede en los juzgados, donde la gente pobre no tiene acceso a la justicia.

En el pronunciamiento del Consejo Nacional de Administración, se afirma que el viejo modelo de administración de justicia sólo produjo “retardación de justicia, corrupción y falta de acceso a los servicios judiciales para la población más pobre y desvalida”.

Sin embargo, mientras estuvo vigente hasta noviembre de 2007, los magistrados siempre afirmaron que la corrupción y la retardación de justicia no eran generalizadas, y criticaban cuando los medios de comunicación publicaban casos comprobados de corrupción.

Ahora, en el Pronunciamiento hacen un llamado a los Medios de Comunicación a abordar el tema del Modelo con objetividad, y rechazaron que existan limitaciones para que los periodistas tengan acceso a los expedientes y la población pueda conocer las actuaciones de los funcionarios judiciales, aunque desde la implantación del Modelo no se pueden ver los expedientes.