•  |
  •  |
  • END

Bluefields / RAAS
El comisionado mayor Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Policía de la Región Autónoma del Atlántico Sur, rechazó que esa institución haya provocado el tiroteo en la hacienda El Encanto, de la comunidad de El Pavón, municipio de La Cruz de Río Grande, donde fallecieron tres personas y un soldado del Ejército resultó gravemente lesionado.

“Es cierto que el 15 de este mes recibimos una orden de arresto en contra de Gregorio García, Rafael Díaz, Miguel Solano y Arsenio Guerrero, emitida por el juez de Audiencias, Martín Henríquez, pero la lejanía y las dificultades de comunicación, no nos permitieron hacer llegar esa orden a tiempo a la delegación de Policía de La Cruz de Río Grande”, explicó Pérez.

El 14 de mayo, el fiscal auxiliar de la RAAS, Boanerges Fornos, interpuso acusación contra García, Díaz, Solano y Guerrero por el delito de abigeato, presentando como víctima a José Tránsito Ríos, caporal de la hacienda El Encanto, quien denunció a los susodichos por el robo de ocho reses valoradas en 105 mil córdobas.

Ley de la selva
El comisionado Pérez Olivas aseguró que la Policía de La Cruz de Río Grande cumplió con su obligación cuando recibió la denuncia de amenazas interpuesta por Gregorio García en contra de José Tránsito Ríos, sin saber que había orden de captura en contra de García.

“Las armas que había en la hacienda El Encanto pertenecían a Fausto Hernández, quien es el dueño de esa propiedad y las tenía legalizadas en Camoapa; lo que no entiendo es que le haya dado orden a sus trabajadores que las usaran contra cualquiera que llegara ahí, incluso las autoridades, tal como lo hicieron el miércoles, cuando atacaron a la patrulla de la Policía y el Ejército”, indicó Pérez.

El jefe policial sugiere que en el fondo, este caso puede tener como móvil los conflictos por propiedad agraria que abundan en La Cruz de Río Grande y en otras comunidades de la RAAS.

Otra denuncia
Coincidiendo con esta apreciación, la facilitadora judicial María Escoto y el campesino Francisco Mendoza, ambos de la comarca Oliwás, de La Cruz de Río Grande, llegaron a la Procuraduría de Derechos Humanos de Bluefields, a denunciar que los terratenientes boaqueños Daniel Angulo y Martín Jarquín, quieren despojar de 450 manzanas de tierra a 16 familias de la zona.

María Escoto dijo que Angulo y Jarquín tienen grupos de matones que amenazan de muerte a los campesinos que se niegan a entregar sus parcelas.

“Incluso, el 28 de enero de este año llegó el juez suplente de Audiencias de Bluefields, Avelino Gutiérrez, y el abogado Edgard McCoy, a intimidarnos para que les entreguemos nuestras fincas a Angulo y a Jarquín”, denunció Escoto.

En esa oportunidad, el juez Gutiérrez rechazó los señalamientos en su contra, pero María Escoto y Francisco Mendoza aseguran que el alcalde de La Cruz de Río Grande, Juan Ramón Espinoza, es testigo del abuso de autoridad del funcionario judicial aludido.

Mendoza dijo que los terratenientes Daniel Angulo y Martín Jarquín, se aprovechan de su poder económico y de la ayuda que les brindan influyentes dirigentes políticos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de El Ayote y de Chontales, para tratar de arrebatarles sus parcelas a campesinos pobres de la zona montañosa de La Cruz de Río Grande.