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El violento desalojo del que fue objeto la familia Urbina Rivas recorrió, en forma de denuncia, varias puertas que no se abrieron ante la súplica de la familia de agricultores.

Salvo un organismo de derechos humanos y los medios de comunicación, que transmitieron imágenes y una que otra fotografía, no hubo mayor atención al caso, a pesar que los campesinos dirigieron denuncias a la comisionada Aminta Granera, todavía inspectora de la Policía Nacional, a quienes señalan, con números de chips y descripciones fotográficas, las actuaciones de los uniformados durante la expulsión.

“Los oficiales de la Policía se prestaron a permitir la demolición de nuestras casitas y permitieron que golpearan a mujeres y niños de nuestra familia”, dice parte de la denuncia fechada en julio de 2006.

La misma situación se expuso en escrito enviado a Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, y al candidato y ahora presidente Daniel Ortega; igual se hizo llegar denuncia por destrucción ambiental al entonces procurador del ambiente Lisandro de León, a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y por violación de derechos humanos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

(Con la colaboración de Luis Galeano, Mauricio Miranda y Heberto Rodríguez)

MAÑANA: Grados, apellidos y huellas militares en trama contra propiedad de campesinos de Esquipulas.