María Haydée Brenes
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Terminado el impasse que paralizó la Asamblea Nacional, los inversionistas y representantes de la empresa privada aglutinados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara de la micro, mediana y pequeña empresa turística (Canimet), solicitaron a los diputados que se apruebe con carácter de urgencia, en junio, la Ley de Costas.

De acuerdo con la licenciada Lucy Valenti, Vicepresidente del Cosep y Presidenta de Canatur, son más de 60 proyectos, con un monto de mil millones de dólares en inversión, los que se encuentran desde hace tres años a la espera de que los diputados aprueben una ley de costas consensuada y respetuosa de la propiedad privada.

Durante tres años nos hemos reunido con todos los sectores y la ley no se termina de aprobar, dijo la licenciada Valenti. La comisión dictaminadora mañana (hoy) se reunirá con representantes de todas las bancadas, y entonces veremos si hay consenso en las mociones que se presentaron en conjunto con el Instituto de Turismo, que es la instancia rectora de la industria sin humo del país.

Ellos corren y nosotros caminamos

Por su parte José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, dijo que la Ley de Costas urge porque Nicaragua se está quedando rezagada respecto del resto de países de Centroamérica que ya están corriendo, mientras nosotros apenas gateamos lentamente.

Mientras otros países presentan productos terminados nosotros debemos continuar vendiéndonos como un multidestino para que los turistas nos quieran visitar, dijo Aguerri. Tenemos todos los atractivos naturales, pero por razones de dilación en las leyes seguimos siendo un país con menos viabilidad para la inversión.

“Urgimos a los diputados que aprueben la Ley de Costas y pongan en su aprobación la urgencia que tiene este proyecto, otros países corren, y nosotros seguimos agrandando la brecha de pobreza. Queremos dar a conocer y hacer un llamado a las bancadas y diputados para que prioricen el tema de la Ley de Costas, nosotros hemos hecho nuestro trabajo como empresa privada, pero ahora falta que la promesa de aprobar la ley se vuelva una realidad”, afirmó Aguerri.

Transformar pobreza en oportunidad

El licenciado Raúl Calvet, de la firma Calvet y Asociados, manifestó que de acuerdo con el mapa de pobreza de Nicaragua, las zonas costeras, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, son las más pobres.

Hace catorce o quince años, Nicaragua y sus atractivos representaban un reto para el resto de países de Centroamérica, señaló Calvet, pues sólo nuestros destinos acaparaban el 12.6 por ciento de los turistas y sus ingresos a la región.

Ahora sumamos apenas el 10 por ciento, y hay una sentida desaceleración, y no por falta de atractivos, sino porque en los altos niveles de decisión la gente no se pone de acuerdo, porque la pobreza en las zonas costeras se acrecienta y existe una oportunidad para que Nicaragua cambie ese panorama.

“Si la Ley de Costas es aprobada estaremos transformando la pobreza extrema de las personas en una oportunidad de desarrollo, porque se generarán empleos que no existen, se mejoraran las condiciones de acceso, infraestructura y servicios, con la Ley de Costas todos ganamos, y eso es lo que no deben obviar los diputados”, concluyó Calvet.

Cuatro puntos claves

El doctor Sergio Argüello, asesor jurídico de Canatur y de la Unión de Productores de Nicaragua (Upanic), dijo que el consenso al cual se llegó respecto a la Ley de Costas con el Intur, que fue presentado a la Comisión de Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional, que a la vez presentara al resto de presidentes de comisiones, establece cuatro puntos:

  • Respeto a la propiedad privada
  • Respeto al derecho de posesión
  • Respeto a futuro y reglas del juego claras, es decir, que la ley no se preste a interpretaciones.
  • Respeto a la servidumbre de paso, porque las playas pertenecen a todos los nicaragüenses.
“La empresa privada demanda una ley que regule el desarrollo de las zonas costeras, una ley sin interpretaciones de seguridad, porque definirá qué es propiedad privada y qué es propiedad estatal.

Si queda establecido que se respetarán los 30 metros que establece la Ley General de Recursos Naturales y Medio Ambiente, entonces lo que solicitamos es que el lindero de la playa en el caso de propiedad privada pertenezca al dueño.

Establecemos el respeto a la servidumbre de paso, y si se requieren nuevas servidumbre éstas sean planificadas tomando en cuenta a todos los actores”, concluyó el doctor Argüello.