Nery García
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El vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa Internacional, Honorato López Isla, visitará a nuestro país para reunirse con altos funcionarios gubernamentales, como un último esfuerzo para lograr acuerdos con el gobierno de Nicaragua, y así evitar que esa transnacional proceda a una demanda millonaria en contra del Estado nicaragüense por más de 150 millones de dólares.

Al menos así lo revelaron fuentes del sector eléctrico, quienes aseguraron que la llegada de López Isla ya está programada y podría estar aquí en estos días, lo que demuestra, según la fuente, que “Unión Fenosa está poniendo todo a su disposición para llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno”.

Buscarán consenso

Agregaron que en las negociaciones se tratará de llegar a un consenso sobre la conciliación de deudas que tienen las instituciones del Estado con Fenosa, y las de Fenosa con las generadoras de energía estatales; las inversiones de la compañía para los próximos años; las propuestas para resolver la fuga de energía en los asentamientos; pero principalmente la pre-compra del 16 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur por parte del Estado de Nicaragua.

El lunes pasado, el titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, reveló que el reciente 30 de abril se “rompieron” las conversaciones entre el gobierno y Fenosa, por lo que esa compañía podría abrir una demanda contra Nicaragua. Sin embargo, aseguró que están preparados ante una inminente querella internacional.

El economista Adolfo Acevedo coincidió con Castillo en que Fenosa tiene el derecho de demandar al Estado nicaragüense, pero el país “tiene las de ganar”, debido a que la empresa no ha cumplido con una serie obligaciones establecidas en el contrato de concesión.

Hay que agotar vías del diálogo

Mientras tanto, el economista Néstor Avendaño consideró que es importante que el gobierno agote las vías de comunicación y que involucre a todos las partes del sector eléctrico para llegar a un consenso que evite llegar cualquier tipo de juicio internacional que al final, según Avendaño, no beneficiaría a nadie.

Avendaño explicó que la suma por la que Fenosa podría demandar a Nicaragua ante una instancia del Banco Mundial, sería a partir de la base de los 110 millones de dólares que fue lo que le costó a la transnacional las empresas Disnorte y Dissur en 2000, más las inversiones que la empresa ha calculado que ha realizado en el país desde esa fecha.

Según Avendaño, la demanda tendría que ser ante un tribunal de justicia internacional, para realizar una querella legal entre ambas partes.

EL NUEVO DIARIO intentó conocer de nuevo la versión de Fenosa, pero no hubo respuesta por parte de Jorge Katín, Gerente de Comunicación de esa empresa, pese a que se le llamó por teléfono en reiteradas ocasiones.

Antecedentes del conflicto

El tres de enero de 2007, a sólo siete días de que el comandante Daniel Ortega asumiera la Presidencia de la República, ejecutivos de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA, por sus siglas en inglés), dependencia del Banco Mundial, le notifican al entonces ministro de Hacienda, Mario Flores, un cobro de 55 millones de dólares al Estado de Nicaragua, por “riesgos políticos”.

El 23 de marzo de 2007, el presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, inició una querella arbitral contra Fenosa, al presentar la demanda oficial, valorada en varios millones de dólares, ante el Centro de Arbitraje “Antonio Leiva Pérez”, ubicado en la Cámara de Comercio de Nicaragua.

El 28 de junio del año pasado, reunidos en el Palacio de La Moncloa, en España, el asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, junto al Embajador de Nicaragua en ese país, Augusto Zamora, firmaron “un Memorando de Intención” con Honorato López, Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, para iniciar mesas de negociaciones, y luego firmar un “Protocolo de Entendimiento” a más tardar el 31 de julio.

En ese mismo documento, según el punto siete, Fenosa expresa su intención de suspender la reclamación del seguro (Miga) y no emprender una demanda, y por su parte el gobierno suspendería el proceso de arbitraje que el INE inició en marzo pasado, para lograr la firma del “Protocolo de Entendimiento”.

Dos días después de vencida la fecha para firmar ese documento, el dos de agosto, el Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, y López Isla firmaron un “Avance del Protocolo de Entendimiento”, debido a que no había consenso en todos los puntos negociados, pero seguirían con las negociaciones.

En ese entonces, López Isla dejó claro que mantendrían el seguro ante el MIGA, al menos hasta que se lograra la firma de “Protocolo de Entendimiento”: “Nosotros esperamos con este (avance de) entendimiento que no haya incendio, pero es lógico que sigamos manteniendo el seguro (ante el MIGA), aunque creo que afortunadamente no habrá fuego”, relató López Isla confiado en que habría un acuerdo.

El cuatro de abril pasado, Arce rubricó un nuevo documento con funcionarios de Fenosa en España, en el que se contempla la compra del 16 por ciento de las acciones de esa empresa en Nicaragua, además de nombrar un miembro del gobierno en la junta directiva de Fenosa, pero al parecer ambas partes hicieron “ajustes” posteriores a ese documento, por lo que hasta el momento no ha habido consenso, por lo que oficialmente se rompieron las negociaciones el pasado 30 de abril.

(Con la colaboración de Nicole Chavarría)