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El asilo otorgado por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres, sospechosas de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, contraviene la Constitución de la República y las principales convenciones internacionales relativas al asilo político y a la persecución del terrorismo.

Así lo establece un estudio jurídico elaborado bajo la conducción del doctor José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien demandó a la directiva legislativa que instruya al Procurador General de la República elabore un informe oficial --soportado con documentación-- sobre el otorgamiento del asilo político a las dos ciudadanas colombianas trasladadas desde Ecuador en una avión de las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

La tipificación de terrorismo

Pérez y Bohórquez se encontraban en un campamento de las FARC localizado en Ecuador y atacado por las Fuerzas Armadas de Colombia, donde se dio muerte a Raúl Reyes, ex jefe del secretariado de las FARC, un grupo considerado terrorista por distintos países y organizaciones.

El estudio aclara que “nuestro marco jurídico interno no considera el delito de terrorismo como un delito político, sino como un delito común”.

El diputado Pallais advierte en una misiva al primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, que el gobierno de Nicaragua estaría poniendo en peligro las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 5, párrafo 5, 42 y 46, en virtud de que “para que el Estado de Nicaragua pueda otorgar asilo político debería observar los compromisos internacionales en esta materia y la norma suprema del país”.

No hay asilos en aeronaves militares

La Convención sobre Asilo Diplomático dice con claridad que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales competentes y por delitos comunes, advierte el estudio.

Asimismo, la Convención sobre Asilo Político, suscrita por Nicaragua y firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928, sostiene que “no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionada mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el gobierno local”.

La Fiscalía de Ecuador y las autoridades colombianas han señalado que ambas asiladas son sospechosas de integrar las FARC, una organización que “tiene secuestradas a un aproximado de 700 personas, entre ellos a civiles no combatientes, lo que para nuestro país constituye un acto de terrorismo, conforme la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.

Derecho a asilo, pero…

De igual modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es garante, dice en su artículo 14 que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar del mismo, pero “este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

La Carta de las Naciones Unidas establece desde su preámbulo que una de las finalidades de la organización es garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Contravino convenciones ratificadas por Nicaragua

Asimismo, el asilo contravino el Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes, el Convenio Internacional para la Represión de los atentados terroristas con bombas y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del terrorismo, todos ratificados por Nicaragua.

La Convención Interamericana contra el Terrorismo señala en su artículo 13 que cada Estado debe asegurar que “el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales”.

La Resolución 1373 (2001) aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión del 28 de septiembre de 2001, establece que los Estados deben abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo.

Las convenciones internacionales también mandan que la figura de asilo o refugiado no se utilice para proteger a personas vinculadas a actos de terrorismo.