Eloisa Ibarra
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Los ocho abogados a quienes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les abrió un proceso disciplinario, promovieron un recurso de implicancia contra los magistrados miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), para que se separen de conocer el caso.

El pasado viernes, miembros del CNACJ notificaron a los abogados Sergio Torres Cruz, Félix Franco Icaza, Carlos Arroyo Ugarte, Juan Chávez Meza, Adda Francis Pineda, Patricia Espinal Orozco, Marlon Loáisiga Castillo y Glenda María Orozco Aguilar, la apertura de oficio de un proceso disciplinario, por haber actuado con violencia en las instalaciones del juzgado el pasado 21 de mayo.

El recurso de implicancia es contra el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez, y contra los también miembros del Consejo, Alba Luz Ramos, Edgard Navas, y el Vicepresidente de la Corte, Rafael Solís, suplente de Martínez, todos ellos por haber firmado el auto de apertura del proceso disciplinario.

La implicancia la fundamentan en el artículo 339 inciso cinco, parte final del Código de Procedimiento Civil, que establece que “todo magistrado, juez o asesor esta implicado... cuando haya dado su opinión sobre el asunto”.

En este caso, los litigantes argumentan que en el encabezado del auto expresan “vistas las noticias de los medios de comunicación, relativos …al actuar escandaloso e inapropiado... de…” y mencionan el nombre de cada uno de los abogados, emitiendo opinión y conclusión adelantada sobre los hechos que investiga y implicándose de manera expresa.

Argumentan que por sanidad y transparencia en la impartición de justicia deben separarse de conocer la investigación y dejarla en manos de quien corresponda de conformidad con el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 38.2 de la Ley de Carrera Judicial, y el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En el informe que la CSJ mandó a rendir en el término de tres días, los abogados legaron que los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas en forma individual o colectiva a los poderes del Estado o a cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta, y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

A la vez negaron y rechazaron el haber tenido intención o voluntad de cometer algún daño a la propiedad del Estado, específicamente en las instalaciones de los juzgados, el pasado 21 de mayo.