Eloisa Ibarra
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El Estado nicaragüense ha pagado 1,210 millones de córdobas en indemnizaciones a 5,725 reclamantes de propiedades desde 1990, cuando se dio el decreto 11-90 para dar respuesta a miles de personas que fueron confiscadas en la década de los 80, según información de la Tesorería General de la República remitida a petición del Procurador General de la República, Hernán Estrada.

De esa suma, 404 millones de córdobas corresponden a reclamantes norteamericanos, nacidos en Estados Unidos, o bien a nicaragüenses que obtuvieron esa nacionalidad y presentaron sus reclamos como extranjeros.

El Estado ha obtenido 4,811 propiedades en todo el país, mediante finiquitos pagados a reclamantes que fueron indemnizados: Managua 1,554, Chinandega 338, Río San Juan 54, Boaco 108, León 234, Chontales 113, Masaya 288, Madriz 211, Matagalpa 384, Zelaya 206, Carazo 302, Estelí 249, Jinotega 154 y Nueva Segovia 158 .

La PGR informa en su página electrónica que de esa lista hay personas que recibieron de forma ilegal doble indemnización o fueron indemnizados de manera ilegal. Entre esos, Germán Saborío fue beneficiado a través de falsificación de documentos públicos en la que se afectó al Estado, razón por la cual la Procuraduría denunció penalmente a los involucrados en mayo de 2007.

Caso de irregularidad de indemnización a José Marcelo Morazán Zeledón, por la suma de 2 millones 081 mil 200 córdobas por una propiedad urbana.

Irregularidad en el caso de José Duquestrada Lugo y de René Lucía Ortiz de Duquestrada, a quienes se les pagaron dos millones 750 mil 800 córdobas, por un inmueble rústico denominado “La Argentina”, que había dejado de estar en posesión de los reclamantes por venta forzada. No hubo afectación por parte del Estado y el reclamo fue extemporáneo, por ende, el pago es indebido, según la investigación de la PGR.

El 20 de diciembre de 2003 se debió haber cerrado la lista de reclamos, pero se siguieron aceptando.