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El Presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua, José Escalante, dijo en tono irónico que las empresas españolas “están de moda en Nicaragua” al referirse a los conflictos entre el gobierno y las empresas Unión Fenosa y Barceló Montelimar.

Opinó que Unión Fenosa está en una muy buena voluntad, pero la paciencia tiene un límite y espera que el gobierno llegue a un acuerdo porque sino, Nicaragua pierde, porque la empresa reorienta sus inversiones a otro lugar donde pueda operar.

En el caso de Montelimar pidió que se respeten las leyes y convenios firmados con los inversionistas, en especial los españoles, porque las consecuencias no las sentirá Barceló, sino la industria turística de Nicaragua.


¿Jugar con fuego?
“El gobierno tiene que respetar lo que firmaron los gobiernos anteriores. No puede ser que todo lo pasado sea malo, (así) no saldrán nunca adelante. Es muy delicado jugar con fuego, la empresa turística más grande está siendo cuestionada indebidamente. No es la forma de tratar a los inversionistas extranjeros, con un embargo preventivo sin haber dialogado”, dijo Escalante.

La Procuraduría, según ha explicado el Procurador General de la República, Hernán Estrada, ejecutó un secuestro en Barceló, debido a que se ha negado a reconocer una deuda con el Estado en concepto de ocupación de más del 65 por ciento del Hotel, de acuerdo al contrato de compra-venta suscrito en 1993.

Tomas Delaney, representante legal del Grupo Barceló Montelimar, y asesor de la Presidencia de la República, cuando el gobierno vendió el Hotel en 1993, dijo que no tienen nada que negociar con el gobierno porque tienen sus papeles y documentos en regla.

El relación a que si estarían dispuestos a que otra firma diferente de la Price Waterhouse audite los niveles de ocupación del hotel para determinar si le deben al Estado, Delaney respondió que no tienen ningún inconveniente, pero sería de nunca acabar y en todo caso el gobierno pasado ya reconoció lo auditado por Price Waterhouse.

Dicha firma auditora dijo que no ha habido la ocupación de más del 60 por ciento para pagarle al Estado nicaragüense, pero el Procurador General de la República, Hernán Estrada, considera que eso debe ser valorado por peritos, porque Price Waterhouse fue la que también dijo en 1993 que ese era el valor de Montelimar, aunque se trata de más de 300 manzanas.

Afirmó que la Cornap, cuando era director Chester Noguera, aceptó la auditoría de Price Waterhouse, aunque reconoció que antes había habido reclamos por errores en los cálculos sobre el 60 por ciento de ocupación.

Vale mencionar que la Cornap, cuando era Presidente de la institución Rosendo Díaz, y luego Noguera, envió reiterados cobros a Barceló para la cancelación de un millón, 394 mil 848 dólares en concepto de cuotas atrasadas y variables correspondientes a los periodos comprendidos entre 1997 y 2001.

Noguera finalmente, después de consultar con la Presidencia y recibir una carta al respecto, donde se reconocía la auditoría de Price Waterhouse, dio el visto bueno al informe de dicha firma.


Se estrellan con nuevo modelo de gestión
Delaney indicó que han pasado 20 días desde que la Procuraduría ejecutó el embargo contra Barceló y todavía no han podido ver el expediente, por los obstáculos que presenta el Modelo de Gestión de Despacho en los juzgados de Managua, donde ahora es muy difícil conocer la situación de los casos.

Refirió que, aunque ya pasaron los 15 días de ley para que la Procuraduría bonificara el embargo, cuando llegan a preguntar a los juzgados si hay demanda, les informan que no hay nada. Y no pueden saber más porque no se puede hablar con los jueces, desde que implantaron el nuevo modelo.

No fue posible conocer la reacción del Procurador Estrada a lo expresado por los empresarios de Barceló en torno al caso de Montelimar.