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Representantes de Barceló Montelimar aseguran sentirse acosados por el Gobierno actual por el secuestro preventivo del hotel en Nicaragua, acto que consideran ilegal.

El secuestro preventivo promovido por la Procuraduría General de la República, contra el Hotel Barceló Montelimar ya tiene repercusiones a nivel internacional, pues según afirmaron los representantes del grupo español, causa temor e incertidumbre en los inversionistas,  y en los turistas hace que  muchos pierdan su interés por Nicaragua.

El grupo Barceló sostiene que no adeuda nada al Gobierno, por cuanto el precio de compra en 3 millones de dólares efectuada en 1994, se hizo en base al precio fijado por una empresa consultora internacional y fue aceptado por el Gobierno de  entonces. El precio fue pagado y por tanto  considera las acciones carentes de legalidad.

Estamos libres de toda culpa. Sino fuera así que nos lo demuestren. Si esta situación se mantiene. Nosotros no vamos a devolver nada.

Desconocen las bases de la demanda de la Procuraduría por cuanto ni siquiera tienen documentos de la misma. Han tratado de conversar con el Procurador pero éste se niega recibirlos. Igualmente no tienen acceso al documento pues en los juzgados tampoco se las han facilitado.

Qué aclaren. Lo que se deba se va a pagar.

Aún con esta inseguridad jurídica, el grupo español seguirá sus inversiones en el país, pues tiene la apertura de un nuevo hotel en noviembre de este año.

Nosotros queremos mostrar nuestra firme posición y respaldo. El grupo Barceló si bien estaría dispuesto a una nueva auditoria al cumplimiento del contrato de compra del hotel. Sin embargo expresaron desconfiar de las pretensiones del gobierno de nicaragua.