Rafael Lara
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Los propietarios de la finca “El Encanto” y productores Felipe Hurtado, Marlon Flores y José Tránsito Ríos, ayer presentaron todas sus preocupaciones al Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, a quien le pidieron una investigación a fondo de la muerte de tres trabajadores en su propiedad, a manos de efectivos militares y policiales.

Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), luego de dejar a los mencionados, incluyendo al testigo José Inés Benítez, dando sus declaraciones a la Fiscalía, comentó que se solicitó la indagación no sólo de los autores materiales, sino, inclusive, de los posibles autores intelectuales que sean descubiertos durante la investigación oficial.

“Mencionamos el supuesto de autores intelectuales por la forma en que sucedieron los hechos y la manera en que se manejaron las autoridades después de ocurridas las muertes”.


Acusado tiene más “peso” como acusador
En primer lugar, las autoridades policiales, a través del comisionado mayor Luis Alberto Pérez, de la Región Autónoma del Atlántico Sur, admitieron que Gregorio García, sobre quien había orden de captura, hizo una denuncia por amenazas en contra de Tránsito Ríos, propietario de la finca “El Encanto”, quien primeramente había acusado a García por abigeato. Aunque García llegó a una estación policial, nadie lo capturó, sin embargo, la excusa de las autoridades de no buscar a García fue la distancia.

Así, sin capturar a García, pero por una simple denuncia, se dispusieron beligerantemente y con inquietante premura, a viajar varias horas hasta la finca “El Encanto”, sin portar orden de allanamiento, ni de captura.

Por eso a Carrión le inquieta la ilegítima llegada de las autoridades a la hacienda, y después de los hechos, lo sospechoso es que bajo las órdenes de los mandos de la región, se realizara de inmediato el entierro de los cadáveres sin la preservación de la escena del crimen.

“Eso en cualquier parte del mundo es obstrucción de justicia y tiene una gran relevancia. A esto se agrega que los productores denunciaron que los oficiales les pidieron negociar la muerte de los trabajadores a cambio de no revelar públicamente el suceso”.


Convalidación a siete días del hecho
Luego aparece una convalidación de la acción siete días después del incidente. La mentada convalidación fue hecha por Adelino Gutiérrez, juez suplente del Distrito Penal de Audiencia de Bluefields. Sobre esto, el delegado del Cenidh, Denis Báez, dando lectura al Código Procesal Penal, CPP, textualmente señala que “en caso de urgencia se practicará el acto sin previa autorización, pero su validez quedará supeditada a la convalidación del juez que será autorizada con un plazo de 24 horas. Si el juez apreciara además que en la práctica del acto se ha incurrido en delito, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público”.

“Esto significa que actualmente lo único que cabía es poner el incidente en conocimiento del Ministerio Público. Sin embargo, no se hizo esto, y más bien se trata de justificar la presencia y la acción policial”, señaló Báez.

Agrega que eso se puede dar, sin tomar en cuenta la discusión de que esa indicación del CPP es considerada inconstitucional, porque una ley no puede estar por encima del precepto constitucional regido en el artículo 33 de la Carta Magna, que dicta que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la ley como el flagrante delito”.

A esto agrega que la detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley.

Carrión comentó que instaron a la fiscalía que no cabe la convalidación de un absurdo que es inconstitucional. “Es necesario que la Fiscalía le salve la cara a la institucionalidad del país, cumpliéndose con lo que determinan los mandatos y las leyes establecidas.

“De asumirse esa convalidación como legítima, en primer lugar, sería una barbarie jurídica y en segundo lugar se podrá presumir complicidad y sospechas de que la situación va más allá de lo evidente. Ojalá que salga la verdad”.

Por su parte, la encargada de relaciones públicas de la Fiscalía dijo que sus funcionarios no darían declaraciones hasta que las investigaciones concluyan.


Viuda dio a luz
Por otra parte, la joven viuda en estado de embarazo, María Estela Sáenz, quien fue testigo de la muerte de su esposo, el miércoles, después de entrevistarse con la Fiscalía, viajó a Camoapa, donde en horas de la madrugada de ayer dio a luz un varón.

Según la información obtenida, a pesar de lo duro de la violenta situación vivida en su octavo mes de embarazo, el parto no tuvo complicaciones.