Heberto Jarquín
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Bluefields / RAAS
Tras conocerse que a petición del jefe de Auxilio Judicial de la Policía de la RAAS, Víctor López Sequeira, el juez suplente de audiencias de Bluefields, licenciado Avelino Gutiérrez Cordero, convalidó el operativo del 21 de mayo que realizó una patrulla de la policía con auxilio de soldados del Ejército en la hacienda El Pavón, la cual derivó en una masacre de tres campesinos, una facilitadora judicial de esa zona, denunció que la resolución de Gutiérrez es ilegal y que tiene como objetivo cubrir de impunidad la masacre.

La facilitadora judicial, que solicitó anonimato por temor a represalias, comentó que la solicitud de convalidación fue tramitada por López en el Juzgado de Audiencias de Bluefields el 26 de mayo, y el artículo 246 del Código Procesal Penal establece claramente que dicha solicitud tiene que hacerse en un término de 24 horas y ya habían pasado cinco días, “por lo tanto está fuera de lugar”, indicó.

En tanto, una fuente judicial de la RAAS que solicitó anonimato, alertó sobre la utilización del Ejército y de la Policía para intervenir en conflictos de propiedad a favor de personas adineradas o funcionarios de alto rango que se han metido a apropiarse de grandes cantidades de tierras, como es el caso del magistrado Luis
Díaz, del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, quien es hermano de Rafael Díaz, uno de los supuestos abigeos sobre quien pesa orden de captura por el robo de ocho reses en la hacienda El Pavón, lugar de la masacre.


Un juez con feos antecedentes
Por su parte, la facilitadora judicial consultada, dijo que el juez suplente Avelino Gutiérrez debe ser removido de su cargo porque hace dos años le aplicó la medida cautelar de presentación periódica a dos asesinos que aprovecharon la ocasión para fugarse.

También señaló que Gutiérrez --extralimitándose de sus funciones--, llegó a inicios de año a La Cruz de Río Grande a amenazar a varias familias campesinas para que desalojaran sus parcelas y se las entregaran a dos hacendados boaqueños. “Este juez debería ser investigado y destituido por la Corte Suprema de Justicia”, comentó.

Intentamos conocer la versión del juez suplente Avelino Gutiérrez, pero no lo localizamos, sin embargo, en su resolución emitida a las 11:00 de la mañana del 26 de mayo, argumenta que, efectivamente, la solicitud de convalidación guarda una coherente relación de equivalencia con el bien jurídico tutelado a saber: LA VIDA (de las personas que supuestamente habían amenazado los trabajadores de la finca El Pavón).


¡Qué bárbaro!
La resolución también refiere que “a criterio del investigador policial, el presunto delito cometido está vinculado al delito de amenazas de muerte, cuya consecuencia es la calificación legal con un ilícito que merece una pena que se
encuentra estipulada en la Ley 285, y siendo así tales circunstancias que describen el hecho, es criterio de este judicial autorizar la convalidación del allanamiento, registro, secuestro y detención”, justifica Gutiérrez.