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En la propiedad en la que antes recogían las siembras los hermanos Urbina Rivas, ahora solo se observan las huellas de calles y rótulos dejados por la maquinaria de la empresa Obras de Ingeniería S.A. (Obrinsa), contratada por la sociedad Desarrollo Monteverde S.A. (Demovesa) para que ahí se levantara un millonario proyecto residencial de 814 viviendas denominado “Vista Verde”.

El día que les desalojaron nadie de la familia podía explicarse cómo, dónde y cuándo habían perdido las tierras heredadas por su padre, don Cleto Urbina, el hombre que adquirió el bien de manos de Francisco Urbina Estrada en los años 40.

Cuando les gritaron que detrás de las tierras estaba el Ejército, ellos se preguntaron con estupor: ¿Y qué tenemos que ver con ellos?”

Las denuncias interpuestas por los hermanos Urbina Rivas ante diferentes instancias, incluyendo la Asamblea Nacional, Policía, Ministerio Público y Secretaría del Frente Sandinista, señalan que fueron desalojados por gestiones de oficiales y abogados bajo la dirección de Adolfo Chamorro Téfel, Félix Palacios Bragg, Norman Baldizón Morales y Leónidas Duarte Suárez.

Este último es el abogado de la empresa de Inversiones Guardabarranco S.A., las firmas Desarrollo 123, Obrinsa, Inmuebles Nicaragüenses Sociedad Anónima (Innicsa) y Demovesa, en juicios que la familia Urbina Rivas abrió para tratar de recuperar las tierras.

Aparece brazo financiero del Ejército

Todas estas empresas están ligadas al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), del cual hasta hace unas semanas era su director el general en retiro Adolfo Chamorro Téfel.

El IPSM es considerado el instrumento financiero del Ejército de Nicaragua y administra una cartera que supera 50 millones de dólares, en un amplio abanico de operaciones mercantiles, entre ellas la construcción; todas destinadas a garantizar el bienestar de los militares, de acuerdo con datos brindados por el mismo general Chamorro Téfel al semanario Confidencial en diciembre de 2004.

Entre los rubros que desarrolla el IPSM se encuentra el sector construcción, el cual funciona a través de: Fetesa (ferretería), Obrinsa, Promesa, Coniasa, Holcim e Intosa (tenería y fábrica de calzado). En el rubro inmobiliario destaca la urbanizadora Innicsa.

La presencia del general

El general Chamorro Téfel, denunciado por la familia Urbina Rivas como el poder al frente del desalojo, fue retirado de la dirección del IPSM en agosto pasado. Versiones oficiales dicen que se debió al proceso normal de rotación de oficiales de la institución castrense, pero otras fuentes anónimas indicaban que se debió a los señalamientos públicos de anomalías relacionadas con un precioso cayo ubicado en el Caribe Sur de Nicaragua, que era ofrecido en venta por el griego Peter Tsokos a través de internet.

El procurador ambiental de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, Wilbert Ibarra Blanco, denunció en su momento al general Chamorro de hacer construcciones en suelos “no autorizados o de riesgo”, poniendo en peligro el medio ambiente en el sector del islote Water Kay (Cayo de Agua).

Chamorro Téfel fue hasta el 13 de enero de 1994 presidente de la empresa de vigilancia Ultra de Nicaragua S.A. (Ultranic). Luego extendió un Poder Generalísimo a Rodrigo Cardenal Martínez, con quien el presidente de la Junta Directiva de Inversiones Guardabarranco, Norman Baldizón Morales, firmó un contrato de seguridad el 31 de marzo de 2006, para que los guardas de esa empresa resguardaran la propiedad reclamada por los hermanos Urbina Rivas.

Otra figura del IPSM

Félix Palacios Bragg, otro de los denunciados por los hermanos Urbina Rivas, es teniente coronel del Ejército de Nicaragua y Director Jurídico del IPSM. Fue bajo sus oficios notariales que Demovesa hizo una serie de contratos y escrituras para la construcción de Residencial Vista Verde, en las tierras en conflicto.

En una entrevista concedida a EL NUEVO DIARIO, Palacios Bragg negó haber participado en el desalojo de los afectados, ya que en esa acción, según él, sólo estuvieron efectivos de la Estación 5 de la Policía Nacional.

Aunque evitó relacionar al Ejército en el conflicto, Palacios Bragg admitió que el IPSM está vinculado en el asunto por ser miembro de la sociedad Demovesa, con una participación del 20 por ciento de las acciones.

“Esto (el desalojo) se hizo con mandato de un juez, y quienes participaron ahí fueron las fuerzas policiales. Es importante destacar que la institución nuestra no ha actuado de forma unilateral. Únicamente, pues, viendo por sus intereses, pero que es la sociedad Guardabarranco la que es parte de este conflicto”, dijo Palacios Bragg.

“Este problema con la familia Urbina se suscita una vez que la cooperativa agrícola ‘Manuel Castillo’, que adquirió (la propiedad) en virtud de un título agrario, le vendió a una empresa en donde el IPSM es socio minoritario”, señaló Palacios mostrando el documento.

De las mismas papeletas

El título de reforma agraria presentado, es idéntico a los centenares que fueron regados como papeletas con el facsímile del ministro de Agricultura del gobierno sandinista, Jaime Wheelock, después de la derrota electoral de 1990.

Dichos documentos que aparecieron antedatados para ampararse en la Ley 86, no tendrían validez cuando se extendieran en fincas urbanas o semiurbanas de Managua, y menos cuando se tratara de propiedades de privados como es el caso de los hermanos Urbina Rivas.

Un sobrino del General

Alberto Baldizón Morales, que también aparece en la denuncia, forma parte de la sociedad anónima Inversiones Guardabarranco, la cual adquirió la propiedad de parte de la cooperativa “Manuel Federico Castillo”.

A esta sociedad, Reynaldo Fernández Téfel, sobrino del general Adolfo Chamorro Téfel, le cedió los derechos de compra que había adquirido con la cooperativa “Manuel Federico Castillo” de las más de 31 manzanas de tierra, según escritura pública número 60 del cuatro de mayo de 2005.

Inversiones Guardabarranco, de acuerdo con escritura pública número 150, fue autorizada como sociedad anónima el 22 de octubre del año 2005 ante los oficios notariales de la abogada Julieta Jarquín González. Sus primeros socios fueron Ronald Antonio Lara Ruiz, poseedor de 34 acciones; Aníbal Guevara Mena, con 33 acciones, y Julia Esperanza Rodríguez García, con 33 acciones.

Reynaldo Fernández Téfel, según el Libro de Acta y Acuerdos de la cooperativa, expresó “que por convenir a sus intereses ha cedido en su totalidad el derecho de compra y demás acciones derivadas de la escritura pública número 60, a la entidad jurídica denominada ‘Inversiones Guardabarranco S.A.’, representada en este acto por el señor Ronald Antonio Lara Ruiz”.

En esa sociedad es accionista con cerca del 20 por ciento el IPSM, según confirmó Fernández Téfel a EL NUEVO DIARIO durante una entrevista. Ahí expresó que es un inversionista que lo único que ha buscado es el desarrollo propio, de su familia y del país, a través de la creación de fuentes de empleo.

“Yo me di cuenta que esa cooperativa estaba vendiendo esa propiedad, investigué el título de reforma agraria que me presentaron para ver si era auténtico, investigué si la cooperativa existía realmente, porque no iba a meter dinero mío y de mi familia en riesgo, y cuando comprobé que todo era legal, hicimos el negocio, porque no había nada irregular”, dijo Fernández Téfel.

Más conexiones

Leónidas Duarte Suárez, el último de los denunciados por los hermanos Urbina Rivas de haber estado presente en el momento del desalojo, ha sido el representante legal de Inversiones Guardabarranco, Innicsa, Desarrollo-123, Obrinsa y Monteverde, en los diversos juicios que se han entablado.

Secretaría FSLN apoyó desalojo

Duarte Suárez fue miembro del EPS en los años 80, y sus oficinas se encuentran dentro del complejo de la Secretaría del gobernante Frente Sandinista en el reparto El Carmen. Fuentes policiales de alto nivel, confirmaron a END que la autorización para el desalojo vino directamente desde la Secretaría del FSLN. “Apoyen al Ejército”, fue la orden, según la fuente.

Innicsa y Desarrollo-123 se unieron en un consorcio ante los oficios notariales del abogado y teniente coronel Félix Palacios Bragg, con el objetivo de firmar un “Contrato de administración de construcción” con Desarrollo Monteverde, para levantar las 814 viviendas en el terreno en litigio.

Otra vez el sobrino

Para la creación de ese consorcio, por Innicsa compareció el ingeniero Roberto Gutiérrez Huelva, como gerente general de la empresa, y se estableció un capital accionario del 70 por ciento, mientras que por la firma Desarrollo-123, lo hizo Reynaldo Fernández Téfel, a quien otorgaron un Poder Generalísimo el 15 de diciembre de 2004, para actuar en nombre y representación de dicha compañía que solo cuenta con el 30 por ciento de las acciones.

Fernández Téfel rubricó ante los oficios notariales de Palacios Bragg, el “Contrato de construcción” en representación de Demovesa, para que la empresa Obras de Ingeniería (Obrinsa) se encargara de los movimientos de tierra y compactación de terreno en las más de 31 manzanas.

Tanto Innicsa como Obrinsa y Ultranic forman parte de las empresas bajo administración del IPSM, que a la vez tiene el 20 por ciento de acciones en Inversiones Guardabarranco y también es accionista en Demovesa.

Demovesa fue inscrita en el Libro de Sociedades del Registro Mercantil de Managua el 21 de octubre de 2005.

De acuerdo con la Escritura de Constitución número 113, del tres de agosto de 2005, elaborada por la abogada Julieta Jarquín González, sus socios son Yasser Salty Jerez, Alejandro Belli Castellón y Gloria Ramona Téfel de la Rocha, que es prima del general en retiro Adolfo Chamorro Téfel y madre de Reynaldo Fernández Téfel. Posteriormente el IPSM fue incorporado como socio de Demovesa.

Demovesa fue inscrita sólo un día antes de que la misma abogada Jarquín González, se presentara al Registro Mercantil a anotar en su Libro de Sociedades a Inversiones Guardabarranco.

A pesar de admitir todos estos vínculos entre el IPSM, las familias y las sociedades, Reynaldo Fernández Téfel negó que en el asunto estén involucradas directamente las Fuerzas Armadas a través de su brazo financiero.

“No entiendo por qué mencionan al Ejército, si esto es un proyecto personal, y qué importa si está metido el Ejército, ¿qué me estás tratando de decir vos con eso? ¿Cuál es la importancia del Ejército? No le veo nada malo”, dijo Fernández Téfel.

Agregó que como el proyecto es de gran envergadura, buscó a compañías de experiencia que le ayudaran a administrarlo, y que la más indicada en el ramo inmobiliario era Innicsa. Sobre Obrinsa asegura que ganó una licitación y que contrató a Ultranic por el prestigio que tiene en su ramo y no porque fuera de su tío.

(Con la colaboración de Mauricio Miranda y José Adán Silva)

Mañana:
* Toda la maraña jurídica para el despojo.