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Desarrollos Monte Verde S.A. (Demovesa), una sociedad cuyo capital social gira alrededor de la compra y venta de bienes inmuebles para desarrollar urbanizaciones, y de la cual es accionista el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua (IPSM), obtuvo la finca de los hermanos Urbina Rivas mediante un proceso plagado de irregularidades legales, según el expediente judicial al cual tuvo acceso EL NUEVO DIARIO.

Demovesa proyecta levantar un reparto de 814 casas llamado “Residencial Vista Verde”, donde el precio de cada vivienda oscila entre 47 mil y 53 mil dólares, informaron agentes vendedores de la inmobiliaria Discovery Real State.

De acuerdo con la documentación oficial del juicio, radicado en el Juzgado Sexto Distrito de lo Civil de Managua, Demovesa, sin haber legalizado los trámites de compra e inscripción del terreno, firmó contratos para la ejecución del proyecto con compañías ligadas al IPSM.

Posesión de los hermanos Urbina Rivas

La historia sobre la posesión y dominio del terreno, ubicado en la comarca de Esquipulas, inicia en 1947, cuando el señor Cleto Urbina González le compró el bien a Francisco Urbina Estrada. En ese entonces, la extensión de la finca era de once manzanas, según los datos en registro.

Ese año, la finca fue inscrita con el número 5481, en el tomo 19, folio 72, en asiento primero, en el Registro de la Propiedad de Managua. En 1960, los diez hijos de don Cleto Urbina --uno de ellos ya falleció--, recibieron la propiedad por medio de una declaratoria de herederos.

De manera que los dueños pasaron a ser Fermín de Jesús, María Isidora, José Gregorio, Margarita Leonor, Pedro Pablo, Segundo Antonio, Esperanza del Socorro, Ana de los Ángeles, Josefa de los Reyes, todos de apellido Urbina Rivas. Así se conformó el asiento 2º del inmueble, con los números: 5481, tomo 398, folio139.

Posteriormente, por medio de una mensura (o remedición de extensión de la propiedad) tramitada en el Juzgado Cuarto Civil de Managua, y que quedó con sentencia firme el 15 de mayo del 2006, se estableció que el área superficial correcta de dicha propiedad era de 34 manzanas con 6,441 varas cuadradas.

Primer zarpazo

En este punto comenzaría a tejerse la maraña jurídica sobre la propiedad, con la aparición de un título de reforma agraria a favor de la cooperativa “Manuel Federico Castillo”.

El título fue supuestamente extendido el 11 de diciembre de 1985 por Jaime Wheelock, entonces ministro de Agricultura. La cantidad de tierra asignada era de 31 manzanas 7,600 varas cuadradas.

Para Reynaldo Fernández Téfel, representante de Demovesa, el documento es una prueba fehaciente de que la propiedad que los hermanos Urbina Rivas recibieron como herencia, fue objeto de confiscación, y otorgada a los miembros de la cooperativa, aseveraciones evidentemente no sustentadas.

Linderos no coinciden

Sin embargo, el mismo título refleja que los linderos de la propiedad que recibió la cooperativa, no coinciden con los del terreno de la familia desalojada.

El título especifica: al Norte, Empresa Nacional Avícola de Reforma Agraria y Graciela Jara Garache; al Sur, parcela 50,700, Reynaldo Mayorga Matus, Félix Rivas Pérez, y Juana Magdalena Rivas.

Al Este, Saturnino Mendoza Madrigal y Horacio Núñez Martínez. Y al Oeste, se lee “resto de parcela 50801, ocupada por Margarita Loáisiga Urbina, parcela 50700, camino, parcela 49900 y José Dolores Dávila y parcela 48300”.

En cambio, los linderos del terreno donde estaban asentados los hermanos Urbina Rivas y su prole son: al Norte, Eduardo Montiel y Carlos Orozco (antes Bernardino y Juan Pérez); al Sur, Violeta viuda de Mena (antes Tomás Loásiga y ejidos de Nindirí).

Por el Este, la familia Mendoza Loáisiga y Orlando Rivas (antes José Calero y Joaquín Vanegas); y por el Oeste Humberto Ramírez, Carlos Argüello, Gilberto Palma y Simón Vallecillo (antes Juan y Joaquín Vanegas).

Malabares con fechas

Pero la incongruencia con los linderos era sólo la punta del iceberg, ya que según datos del Registro, el título que recibió la cooperativa fue publicado en La Gaceta número 168 hasta del 5 de abril de 1990, e inscrito en noviembre de ese mismo año, es decir, cinco años después de extendido el documento.

Pero, además, esta organización no se constituyó legalmente sino hasta 1993. Y fue hasta doce años después, en 2005, que la misma colectividad se inscribió en el Ministerio del Trabajo, cuando emisarios de los desarrolladores los organizaron como requisito para comprarles la propiedad.

Finalmente, en junio de 2006, transcurridos 16 años desde que la cooperativa inscribió en el Registro la supuesta asignación de tierras, fue que se canceló la cuenta de los hermanos Urbina Rivas. Los datos que se le asignaron al bien, ya como propiedad de la cooperativa son: 102,551; tomo 1705, folio 289, en asiento 1º.

Jamás fueron confiscados

Pero, según una constancia emitida el 13 de noviembre de 2006 por la Procuraduría General de la República, firmada y sellada por José Antonio Bolaños, secretario general de la institución, los hermanos Urbina Rivas jamás fueron confiscados.

Tres días después, el 16 de noviembre, Hortensia Aldana, Directora de la Oficina del Cuantificación de Indemnización (OCI) del Ministerio de Hacienda, confirmó con otra misiva que estas mismas personas no habían efectuado ningún reclamo ante esa entidad por motivo de confiscación.

Reynaldo Fernández Téfel, asesorado por Leónidas Duarte, su abogado, mostró a END copia de una constancia emitida por la Intendencia de la Propiedad el 25 de febrero de 2005, con la cual certifica que: “Se encontró registro de emisión de título de reforma agraria a favor de la cooperativa Manuel Federico Castillo” en Esquipulas.

Este documento contrasta con otro al que END tuvo acceso en el expediente 1783-0406-06, emitido por la misma Intendencia el 25 de octubre de 2006, el cual hace constar que “a la fecha no existe solicitud de solvencia de ordenamiento territorial a nombre de la cooperativa agrícola sandinista denominada Manuel Federico Castillo”.

Le venden a sociedad inexistente

Una vez que manos poderosas reactivaron a la cooperativa y “legalizaron” la propiedad, se prepararon las condiciones para traspasar el valioso terreno a las sociedades Guardabarranco primero, y Monteverde después --ambas vinculadas al IPSM--, con el objetivo de levantar la urbanización Vista Verde.

Según datos en el Registro de la Propiedad, la cooperativa decidió venderle a Inversiones Guardabarranco S.A. el bien inmueble en litigio el día 18 de enero de 2005.

Pero la escritura número 166 de la venta definitiva del terreno, señala que Inversiones Guardabarranco se constituyó hasta el 22 de octubre de 2005, es decir, que el adquirente ni siquiera existía cuando se pactó la compra-venta.

Agilizaron adquirente de “buena fe”

Según la misma escritura 166, Fernández Téfel suscribió personalmente una “promesa bilateral” para comprar el terreno a la cooperativa en 1.2 millones de dólares.

Más adelante, en la misma escritura se lee que Fernández Téfel, una vez que adquirió el compromiso de venta, “cedió” su derecho de compra a Ronald Lara Cruz, en representación de Guardabarranco S.A., que quedó de esta manera como segundo adquirente.

La cooperativa aceptó vender la propiedad a Lara, pero a un precio mayor: 1 millón 923 mil 750 dólares. Según el Registro de la Propiedad, esta compra-venta a favor de Guardabarranco fue inscrita el 11 de septiembre de 2006, con el número 102,551, tomo 1705, folio 289, asiento 2º.

Casi dos meses después, el 1 de noviembre de 2006, se inscribió en el registro el traspaso de posesión y de dominio de la propiedad a nombre de Desarrollos Monte Verde, por medio de un “aporte de capital social” que le hizo Guardabarranco.

La propiedad de los hermanos Urbina Rivas, finalmente, descansaba en las manos de Demovesa, que adquirió como tercer adquirente de “buena fe” a Guardabarranco. Los nuevos datos registrales del bien inmueble serían: finca 102,551, tomo 1705, folio 289, asiento 3º.

Monte Verde es dueña de finca 102,551, pero en Nindirí

Una constancia catastral emitida el 12 de julio de 2007 por la Alcaldía de Nindirí, Masaya, señala que Demovesa es dueña de tres propiedades en esa ciudad, y una de éstas tiene el número de finca 102,551, el mismo con el cual fue inscrito el terreno que perdieron los hermanos Urbina Rivas.

La extensión de dicha propiedad es de 35 manzanas, y está registrada en el tomo 2478, folio 74/5, asiento tercero. La constancia catastral está firmada por José Benedicto Ramírez Flores, responsable de ese departamento. Dicho de otro modo, a la propiedad en litigio hasta le buscaron acomodo en un mapa catastral en otra jurisdicción geográfica lejana a la finca original que un día fue de los hermanos Urbina.

(Con la colaboración de José Adán Silva y Luis Galeano)

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