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Pretender instaurar un bipartidismo en Nicaragua a costa de la cancelación de partidos políticos opositores, “lo identificaría la población como una cuasi dictadura”, dijo el diputado Agustín Jarquín Anaya.

Jarquín Anaya, diputado de la Convergencia Nacional, aliado al FSLN, hizo este señalamiento a EL NUEVO DIARIO, al referirse a las pretensiones del CSE en anular la personalidad jurídica de los partidos Pamuc, PC y MRS.

Estimó el legislador que la pretensión del CSE “exacerba la polarización política y en consecuencia no contribuye a crear el ambiente de distensión y de confianza que se necesita en el país”.

El legislador dijo que es necesario establecer la distensión “para enfrentar con mejores resultados los actuales problemas que agobian a los nicaragüenses, principalmente el incremento del precio del petróleo, la crisis alimentaria, la inflación y el aumento del costo de la vida”.

Confianza en CSE
se debilita cada vez más
Además “estos procesos del CSE debilitan la confianza en el proceso electoral municipal y en el mismo Consejo Supremo Electoral lo cual es preocupante, aunque las razones del aparato electoral sean legalmente fundadas”, señaló Jarquín.

Estima el legislador que el hecho de haber avanzado en más de diez eventos del calendario electoral y haberse publicados las listas oficiales de candidatos “le restan méritos y credibilidad a estas iniciativas de cancelar a esos partidos políticos, siendo por lo demás acciones inoportunas”.

“Es conveniente para el país, para el proceso electoral y para el mismo CSE que se acojan las iniciativas de revisión que han introducido los partidos señalados, y que finalmente corran todos los partidos y candidatos que el CSE publicó en las listas oficiales”, añadió el legislador.

Dijo que la pretensión del CSE no puede ser comparada a la decisión que ese mismo poder de Estado adoptó en 1996 de impedirle a la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de correr en las elecciones de ese año en alianza con “Arriba Nicaragua”.

Recuerda Jarquín que en el caso de la UDC la Corte Suprema de Justicia falló en forma favorable y reparó la arbitrariedad que ocasionó el Consejo Supremo Electoral de entonces.