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El pacto Ortega-Alemán se extiende ahora hasta la repartición territorial, creando en base de la usurpación legislativa de Ortega, verdaderos feudos para cada uno de los pactantes. El primer paso lo dio el presidente Daniel Ortega, quien, mediante un decreto ejecutivo, cercenó un vasto territorio indígena del norte del departamento de Jinotega, para ponerlo bajo “régimen especial de desarrollo” atendido directamente por la Presidencia.

Según el artículo uno del decreto de marras, “se declara en régimen especial de desarrollo para fines de atención del Ejecutivo, a los territorios indígenas Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika, ubicados en la Cuenca del Alto Wangki y Bocay, cuya sede administrativa será la comunidad de San Andrés de Bocay, sin detrimento de la autonomía municipal”. Esto último queda borrado con el contenido del Decreto.

La sombra de los CPC

“El régimen especial de desarrollo se fundamenta en los gobiernos territoriales, comunales y las formas tradicionales de administración de los asuntos e intereses de las comunidades miembros; para su administración el régimen especial estará a cargo del gobierno territorial que estará integrado por el jefe de cada uno de los tres territorios indígenas y de su seno elegirán al jefe de gobierno territorial indígena…”, se lee en el artículo dos del decreto 19-2008.

Algunos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, que no obedecen ciegamente a Alemán, reaccionaron contra el decreto argumentando que el presidente Ortega está sustrayendo todos estos territorios de Jinotega para controlarlos con los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.

El trasfondo

EL NUEVO DIARIO conoció de una propuesta para reformar la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, mediante la cual se pretende crear una tercera región autónoma con las mismas formas de gobierno y división administrativa, pero que pasarían al control del PLC.

El diputado del PLC, Víctor Duarte Aróstegui, propone que los municipios de Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukukú, pertenecientes a la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, se junten para conformar el departamento “José Santos Zelaya”. Con el estatus de departamento, esta “sub región” dejaría de estar bajo el régimen de autonomía.

Por su parte, el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, Francisco Jarquín, confirmó las intenciones de impulsar una iniciativa para conformar otra región autónoma, y para ello propone agrupar los municipios de Nueva Guinea, El Ayote, El Rama y Muelle de los Bueyes en una nueva región.

Los cuatro municipios señalados pertenecen actualmente a la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, pero Jarquín considera que están desatendidos por parte del gobierno regional. Igual argumento esgrimió Víctor Duarte en el caso del Triángulo Minero y de Mulukukú.

El diputado de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, aliado del Frente Sandinista, respaldó de alguna manera la división; sin embargo, el secretario ejecutivo de la bancada del FSLN, José Figueroa, recordó que para hacer tales cambios territoriales se necesita de una reforma a la Constitución Política y a la Ley de Autonomía, la cual también tiene rango constitucional, y por tanto se necesita de 56 votos en el Parlamento para modificarlas, sin embargo el presidente Ortega está adelantando todas esas modificaciones a la División Administrativa del país en base a simples “Decretos Ejecutivos”.

No hay consultas

La presidenta nacional de la organización cívica Ética y Transparencia (EyT), Alta Hooker, expresó que aunque no conoce el decreto especial que emitió el Presidente de la República, Daniel Ortega, este tipo de cambios serían graves si se hacen sin consulta.

“No es conveniente sin consulta”, destacó Hooker al respecto, quien al ser referirse al tema, en caso de que fuera una propuesta oficial, dijo que “(eso) sólo nos divide y nos pone a pelear, no sé en qué beneficiaría a la población (de la región)”.

Hooker señaló que sólo ha escuchado hablar de una reforma a la Ley de Autonomía, la cual es impulsada por el líder del partido aliado del FSLN, Yatama, Brooklyn Rivera, sin embargo, al respecto manifestó que para una reforma a la ley también debe haber consulta.

(Con la colaboración de Leyla Jarquín)