Eloisa Ibarra
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución inmediata del juez civil de distrito de Granada, Róger Pérez Vega, por actuaciones deliberadas, dolosas y perjudiciales a los intereses del Estado.

Estrada se sumó a las denuncias presentadas ante la CSJ en contra de Pérez Vega, quien goza de la protección de los magistrados liberales, en especial del magistrado Edgard Navas, quien lo ha defendido públicamente y ha calificado las quejas en contra del judicial como una asunto personal.

Estrada denunció a Pérez Vega y pidió a los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que sea investigado y destituido por ser responsable de sus actuaciones.

Refiere la denuncia de Estrada que el 19 de octubre de 2007, compareció Edgard Yassir García Prieto, en su carácter de apoderado Generalísimo de la Zona Franca Industrial S. A. a interponer demanda a través de Gerardo Melesio Escorcia Díaz, solicitando cancelación de gravamen hipotecario, inscrito a favor del Estado.

Según el escrito de la PGR, García Prieto actuó de forma “maliciosa y dolosa” bajo el Amparo de confusión deudor --acreedor ante el juez de Granada, Pérez Vega, quien tramitó el juicio de cancelación de gravamen hipotecario de un bien inscrito a favor del Estado, en abierta violación a normas, procedimientos, principios y garantías constitucionales.

Afirma el Procurador que el juicio se tramitó sin mediar ningún procedimiento ordinario, especial (no hubo procedimiento de juicio), y la PGR no fue notificada de la demanda, violando el juez las garantías mínimas de intervención y defensa desde el inicio del proceso y a disponer medios de defensa.


Violó normas de orden público
El juez, refiere Estrada, violó normas de orden público contenidas en Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que los procedimientos no dependen del arbitrio de los jueces.

Denuncia que el juez Pérez Vega, en un hecho sin precedentes en la administración de justicia, tramitó un juicio y dictó sentencia de forma expedita en cinco días, ya que el libelo de demanda fue presentado el 19 de octubre a las 2:20 minutos de la tarde y la sentencia la dictó 24 de octubre a las 10:30 minutos de mañana y la única diligencia es la recepción de la demanda.

La actuación del juez, indica Estrada, es contraria al artículo 131 de la Constitución, el cual establece que “la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”, “todo funcionario público tiene el deber de desempeñar eficaz y honestamente sus funciones, y será responsable de sus actos y omisiones”.

Estrada le pide a la CSJ que Pérez Vega sea sancionado por cancelar de forma irregular, anómala y al margen de las leyes el gravamen hipotecario inscrito a favor del Estado, y por actuar diligentemente en ocasionar un daño patrimonial de un sujeto ajeno a los intereses del Estado.


Quejas engavetadas
El Consejo mantiene engavetadas las quejas contra Pérez Vega, de quien el propio Presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, Norman Miranda, ha señalado la forma irregular como actuado en muchos procesos.

La Asociación de Abogados de Granada ha clamado a los magistrados de la CSJ la destitución de Vega, pero pese a que hay una propuesta de destitución de los magistrados sandinistas, los liberales lo mantienen en el cargo, sin tomar en cuenta el daño que le causan a los granadinos y al Poder Judicial.