Redacción Central
  •  |
  •  |
  • END

Siete meses han pasado desde que un jurado de conciencia declaró culpable a Eddy Ramón Meneses González, de 23 años, por haber cometido el delito de violación en perjuicio de una joven de 19 años, con retardo mental, y quien era su alumna en la Escuela de Educación Especial, Niño Dios de Praga.

A una pena de 18 años de presidio fue sentenciado el procesado en un juicio que durante siete ocasiones fue reprogramado en el Juzgado Distrito Penal de Juicio de Ocotal, adonde será llevado el próximo 18 de julio, cuando nuevamente se enfrente a la justicia para responder por el mismo delito, pero esta vez, en perjuicio de tres niñas sordomudas, que también eran sus alumnas.

La esperanza de madres, familiares, amigos y organizaciones civiles de Jinotega, es que la justicia una vez más esté a favor de las víctimas, quienes revelaron el abuso vivido durante meses, después de conocer el primer caso de violación cometido por el docente en las instalaciones de la escuela, donde durante año y medio se desempeñó como profesor de danza y de carpintería.

Tácticas dilatorias

Por ahora, el proceso judicial manifiesta las mismas características del primer juicio oral y público, donde la defensa del señalado interpuso diversas solicitudes de reprogramación para alargar la fecha de juicio y cansar tanto a testigos como a víctimas. Aunque legalmente, según la representante del Ministerio Público en Jinotega, fiscal departamental Martha Shion Tercero, “no existe riesgo de que la acción penal prescriba”.

“La estrategia de la defensa es agotadora para las víctimas, pero nuestra mayor fortaleza es la perseverancia”, dice Shion, mientras revela que durante el desarrollo del proceso, en diversas ocasiones, la defensa se ha retirado, obligando al Sistema Judicial a ofrecer un nuevo término para que el procesado presente otra defensa y ésta se prepare para el juicio.

De acuerdo con la representante del Ministerio Público, esta institución se encuentra preparada con pruebas documentales, periciales y testificales, para presentarse a juicio y lograr un veredicto de culpabilidad en contra del acusado, a quien la nueva sentencia se le sumaría a la ya dictada hasta alcanzar los 30 años de presidio que es la pena máxima en Nicaragua.

El juicio que será un reto

El próximo juicio representa para las organizaciones civiles agrupadas en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de la Familia, la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y Los Pipitos, un nuevo reto, no sólo en asegurar la presencia de las víctimas en el estrado, sino hacer conciencia social sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Durante el primer juicio, las organizaciones civiles impulsaron una campaña que abonó al resultado positivo obtenido a favor de la víctima. “Nos han servido mucho de apoyo para poder no sólo fortalecer la causa desde el inicio de la investigación, sino que también de llevar la causa a los juzgados”, reconoce Shion.

En este primer juicio celebrado en contra de Ramón Meneses González, los representantes de las organizaciones civiles se plantaron afuera de los juzgados con pancartas y entonando consignas a favor de la niñez y en especial de la víctima. También a través de los medios de comunicación realizaron campañas de concienciación con el objetivo de llegar a las personas que podrían integrar el jurado de la causa.

Pero esa fue la culminación de una lucha que inició el 17 de agosto de 2007, cuando la joven de 19 años, después de ser víctima de violación, le comentó a su mamá lo sucedido, quien de inmediato se presentó ante la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, para denunciar el hecho e iniciar un proceso judicial.

Red de apoyo a la víctima

Ese constituyó el punto de partida que reunió a diversas organizaciones que abogaban por justicia para la joven violada, y ayudó a fortalecer la coordinación institucional para enfrentar los casos venideros. Hoy en Jinotega se han convertido en una red de auxilio para las víctimas de abuso sexual.

De acuerdo con Auxiliadora Hurtado, psicóloga de la Fundación para la Programación y Derechos de las Mujeres y la Niñez (Fudemuni), hasta junio de este año, en Ocotal, se han registrado 25 víctimas de abuso sexual, entre niñas y adolescentes. Durante 2007, la cifra hasta la misma fecha era de 10 casos menos.

La especialista considera que el hecho no se debe a un despunte en el fenómeno, sino a que las víctimas tienen más confianza en las instituciones y se acercan a denunciar el hecho. La subcomisionada Carmen Rocha, Jefa Departamental de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, coincide con Hurtado.

“Considero que la población tiene más confianza, y sabe que los organismos y las instituciones la pueden apoyar. Ellos saben que existen instituciones a las que pueden acudir y pueden ser remitidos. Un ejemplo es que no sólo llegan a la Policía a denunciar, sino hasta las organizaciones civiles”, afirma.

Desde ya, las organizaciones en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia se preparan para presentarse a juicio oral y público. El reto es ganar la batalla en favor de las tres niñas víctimas del delito de violación. Para cumplirlo, no sólo en este caso sino también en los próximos, según Ignacia Matute, delegada del Ministerio de la Familia en Jinotega, la clave es la unión de las organizaciones.