Eloisa Ibarra
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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron en la normativa de la Ley de Carrera Judicial, cuatro artículos referidos a la obligación de mantener bajo “sigilo”, los asuntos que se discuten en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y en Corte Plena.

Aunque la Ley de Carrera Judicial no hace referencia al sigilo, en la normativa los magistrados lo incorporaron. El 22 establece el sigilo de las deliberaciones y actas. Las deliberaciones habidas en las sesiones tienen carácter reservado, a las actas se dará la publicidad que se acuerde. Quienes las conocieren, por razón de sus funciones en el Consejo, deberán guardar sigilo sobre las mismas.

En el artículo 83 vuelven a establecer que deberán mantenerse bajo sigilo las deliberaciones que tengan lugar en el Pleno, en el Consejo, en las Salas, y en las ponencias en general.

Asimismo, en el artículo 46, “Secreto, publicación y ejecución de los acuerdos”, establecen “el deber de secreto, la publicación y la ejecución de los Acuerdos se regirán por lo dispuesto por los acuerdos del Consejo”.

Aunque los magistrados de la CSJ, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial, no están sujetos a las regulaciones y deberes que la ley establece, sí gozan del beneficio que establece para la seguridad social.


Artículo de antología
Pese a que los magistrados de la CSJ están fuera de la Ley de Carrera Judicial, más allá del contenido de ésta establecieron el artículo 82, que les garantiza que al vencerse su período como magistrados y no ser reelectos, ocuparán la primera vacante de una magistratura de apelación u otro cargo dentro del Poder Judicial.

El artículo tres de la Ley de Carrera Judicial establece que “los cargos de magistrados de apelaciones que vayan quedando vacantes, serán sometidos al concurso conforme el procedimiento de ingreso establecido en la presente ley, excepto aquellos que por la evaluación al desempeño califiquen para su reelección”.

En la normativa se refieren a lo referido al Desbalance Patrimonial. Se entenderá por desbalance patrimonial excesivo de los funcionarios jurisdiccionales y administrativos, el acrecimiento desproporcionado a la remuneración de su cargo, sin origen, ni fundamento legal, del patrimonial real del funcionario, sus parientes en primer grado de consanguinidad y su cónyuge o compañero en unión de hecho estable.

Sin embargo, no establecen ningún procedimiento para darle seguimiento al desbalance patrimonial que pueda tener algún juez, magistrado de apelación, registrador público, médico forense, defensores públicos y otros regidos por la ley de Carrera Judicial.


Crean jueces itinerantes
La Normativa establece que los jueces suplentes tienen las obligaciones y prohibiciones establecidas para los jueces titulares en ejercicio del cargo, cuando sustituyan al respectivo titular. Tendrán la prohibición de litigar, por implicancia, ante aquellos órganos en que éstos intervengan como suplentes.

Indican, en la normativa, que realizarán un estudio de cuánto es el presupuesto anual en honorarios por suplencias, para determinar la creación de jueces itinerantes, que formarían parte de la Carrera Judicial y suplirían en cualquier juzgado del país.

La Normativa deja establecido el procedimiento 3-8-3 para investigar a los jueces y magistrados de apelaciones en caso de quejas y denuncias, y sólo podrán ser destituidos por causas establecidas claramente en la Ley.

Según la Ley de Carrera Judicial, los jueces serán suspendidos por las siguientes causas: cuando soliciten préstamos en dinero o en efectos, u otros favores o servicios, que por su frecuencia u otras circunstancias, pongan en tela de juicio el decoro o la imparcialidad del funcionario.

Cuando contraigan obligaciones que den lugar a reclamaciones judiciales en las que fueren declarados responsables. Cuando no den el rendimiento satisfactorio anual, evaluado como se indica en el artículo 32 de esta Ley.

Asimismo, cuando sean reincidentes en los retrasos y descuidos a que se refiere el ordinal 7 del artículo 38 de esta Ley. Cuando observen una conducta censurable que comprometa la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público.

Cuando incurran en nueva infracción después de haber sufrido dos amonestaciones en un año. Por no observar la exactitud de los plazos y términos judiciales a que están sujetos conforme a las leyes, o difieran las sentencias sin causa justificada.

Cuando no hicieren el nombramiento de depositarios en la forma señalada por la ley. Por abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la Ley, de oscuridad en sus términos, o cuando retardaren ilegalmente dictar alguna medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por estos motivos la queja para hacer efectiva la responsabilidad civil ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia.

La suspensión será por tres meses a un año a juicio del Consejo de la Judicatura y según la gravedad de la falta.

Los jueces serán destituidos de sus cargos por las siguientes causas: cuando habiendo sido sancionados con suspensión del cargo, cometieren otra falta de la misma índole de la que motivó la suspensión.

Cuando atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial, o cometan hechos graves que, sin constituir delitos, violen el Código de Ética Judicial, comprometan la dignidad del cargo o le hagan desmerecer en el concepto público.


De los sobornos
Cuando soliciten o reciban dádivas, préstamos, regalos o cualquiera otra clase de lucro de alguna de las partes, apoderados o terceros; por incurrir en grave error judicial inexcusable reconocido en sentencia por la Corte de Apelaciones o el juzgado superior o la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia, según el caso, y se haya solicitado la destitución.

Cuando fuere injustificada y reiterada la inobservancia de los plazos o términos legales o por realizar actos propios del ejercicio de la profesión de abogado; ejercer influencias directas o indirectas sobre otros jueces para que procedan en determinado sentido en los asuntos de que conocen, tramiten o han de conocer.

Por ser militantes activos de partidos políticos o realicen actividad política de cualquier naturaleza, excepto el derecho al sufragio; cuando se encuentren comprendidos en alguno de los motivos de incompatibilidad, previstos en la ley; cuando actúen estando suspendidos legalmente.

Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establecen las leyes; propicien, auspicien u organicen huelgas, paros, suspensión total o parcial de actividades o disminución del ritmo de trabajo o participen en tales actos o los toleren; por hacer constar en cualquier actuación judicial hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron.

Cuando omitan la distribución de los expedientes cuando ésta sea obligatoria, o la realicen en forma irregular; cuando inobservaren las disposiciones de la Ley de Arancel Judicial; cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.