José Adán Silva
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Antes de que los hermanos Urbina Rivas perdieran su propiedad a manos de poderosas sociedades ligadas al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el caso pasó por manos y escritorios de diversos personajes que, como mediadores o negociadores, pedían dinero a cambio de perder o enredar los juicios contra la familia de campesinos.

Al primero que acusan los hermanos Urbina Rivas es al polémico abogado de Masaya, Carlos Mario Peña, quien llevó el caso desde el inicio, y lo dejó cuando ya casi era irrecuperable legalmente.

A él lo señalan dos partes: Reinaldo Esquivel Urbina, nieto de don Cleto Urbina González y familiar de los nueve herederos de la finca de 34 manzanas en Esquipulas, y el abogado de Inversiones Guardabarranco y Desarrollo Monte Verde, Leónidas Duarte.

Según Esquivel Urbina, recién iniciaban las acciones legales de Guardabarranco para sacarlos de la propiedad, cuando Peña apareció ofreciendo sus servicios legales para pelear la tierra.

“Hicimos una mensura judicial (remedición de la propiedad) para buscar un financiamiento y echar a producir de mejor forma la tierra, y dimos a hacer una mensura a Peña, él llegó a ponerse a la orden de la familia, y de inmediato identificó a la gente que nos estaba peleando la tierra, yo creo que él ya sabía que andaban detrás de nuestra tierra, pero ya nosotros teníamos la mensura judicial”, dice Esquivel Urbina.

Con la mensura se llegó a la conclusión de que la compra de don Cleto Urbina en 1940 no era de 11 manzanas, sino de 34 manzanas.

Juez ordenó y se arrepintió

Según Esquivel Urbina, Rubén Areas Bello, Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, mandó a inscribir la mensura a favor de su familia, pero cuando llegaron al Registro de la Propiedad, la registradora Margarita Calderón les dijo que no se podía inscribir porque ya la había inscrito Inversiones Guardabarranco.

“Nosotros le dijimos que la mensura la hicimos nosotros sobre nuestra finca, pero ella explicó que Guardabarranco mandó a hacer otra”, dice Esquivel Urbina, a modo de denuncia contra el sistema judicial en el Registro de la Propiedad.

“Ideay, de repente Rubén Areas anuló lo actuado por él mismo y dio a los socios de Fernández Téfel la mensura a su favor. Y lo que más nos duele, es que nosotros le pagamos a Carlos Mario Peña, 70 mil pesos porque él nos dijo que eso le estaba cobrando Rubén Areas para inscribir la mensura, y hasta vendimos una yunta de bueyes con todo y carreta, una vaca lechera llamada La Coneja, un caballo cholenco y hasta una carga de leña”, denuncia iracundo el nieto de don Cleto Urbina.

“Todo lo que él hizo, lo hizo mal. Dejó enredado y perdido el caso, y el abogado Leónidas Duarte hasta se reía de nosotros y nos decía que ni siquiera sabíamos en manos de quién estábamos”, acusa el citado familiar de los Urbina Rivas.

El mismo Leónidas Duarte, abogado de Inversiones Guardabarranco y Desarrollo Monte Verde, que compró la propiedad de los Urbina Rivas a una cooperativa de dudosa legalidad, señaló al controversial abogado de pedir dinero a cambio de dejar el caso.

Duarte Suárez fue miembro del EPS en los años 80, y sus oficinas se encuentran dentro del complejo de casas que rodean la Secretaría del gobernante Frente Sandinista, en el reparto El Carmen.

“Carlos Mario Peña inició una serie de jugadas y acciones legales para pararnos la obra de construcción y meter a la familia Urbina Rivas en el terreno. Los juicios administrativos se cerraron, se le mostró a la Procuraduría que todo estaba bien, y el Juzgado Sexto Civil estaba pendiente de fallar porque los argumentos de él (Peña) eran débiles”, dice Duarte
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Tras los “reales”

“Las cosas estaban así, y un día vino don Carlos Mario Peña y me dijo: entregame (gesticula con la mano como si contase billetes) y nos vamos. Eso fue lo que pasó, le dijimos que no negociábamos bajo esas circunstancias, que la propiedad costaba millón y pico de dólares y que se le compró a una cooperativa”, dijo Duarte, en presencia de Reynaldo Fernández Téfel, durante una entrevista el lunes 5 de noviembre en las oficinas de EL NUEVO DIARIO.

Al abogado aludido se le buscó varias veces para obtener su versión. Se le llamó y buscó tanto en Masaya como en Managua, pero no respondió ni regresó llamadas, y por el contrario, dio un número celular que resultó ser de otra persona.

Los antecedentes de Carlos Mario Peña son diversos: ha sido destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de diversos cargos judiciales por malos manejos en la administración de justicia y otras irregularidades, incluyendo su presunta participación en la trama para sustraer más 600 mil dólares de una cuenta del Estado, dinero que fue requisado a un extranjero vinculado con el crimen organizado.

Aparece la Secretaría

Pero si la presencia del citado abogado causa sospechas en la trama contra la familia de campesinos, el cruce de espadas entre un alto militar del IPSM y un representante de la familia querellante, deja al descubierto una oscura negociación sobre el bien, que incluso llegó a puertas y escritorios de controversiales operadores políticos del Frente Sandinista, en la propia sede de ese partido, mejor conocida como “la Secretaría”.

Millones van y vienen

En la entrevista con el teniente coronel Félix Palacios Bragg, Director Jurídico del IPSM, institución que posee acciones en dos de las sociedades que adquirieron irregularmente la propiedad en litigio, el militar señaló a uno de los abogados de los campesinos de pedir dinero a cambio de “dejar el caso”.

“¿Ha tenido alguna comunicación con los abogados de los Urbina, en el sentido de llegar a un tipo de acuerdo?”, se le preguntó a Palacios Braga, y éste respondió:
“Sí, en un momento tuve una intención de…, tuvimos una intención de buscarle una salida a este conflicto. Pero hay un señor, Moisés Rodríguez, que fue ex juez, ese señor quiso pedir que le diera 3 millones de dólares, y que él daba cerrado el caso”.

A quien se refiere Palacios Bragg, es al ex juez Moisés Rodríguez, asesor jurídico de la familia en litigio, y quien fue destituido del cargo por la CSJ en el famoso caso de la sustracción de los más de 600 mil dólares requisados a un extranjero vinculado al crimen organizado.

Más figuras del FSLN

Éste negó la versión del militar, y por el contrario, lo denunció de ofrecerle sobornos a cambio de cesar los juicios, y destapó, al mismo tiempo, la escandalosa presencia de personeros del partido de gobierno en el caso.

“Lo que dice el señor Bragg no me sorprende, lo que me sorprende es por qué un alto militar del Ejército recurre a instancias políticas para resolver asuntos legales. En cuatro ocasiones fui llamado a entrevistarme con él, a través de terceras personas, para tratar de llegar a un acuerdo en este conflicto de la propiedad de la familia Urbina Rivas, donde yo simplemente hago lo que ellos dicen”, dijo Rodríguez.

Según Rodríguez, el director jurídico del IPSM lo citó a entrevistas con personas allegadas al ex diputado sandinista y actual asesor presidencial Bayardo Arce, para tratar de negociar el caso, a cambio de sumas irrisorias para los afectados y el pago de sus honorarios.

El inefable Chico López

“En una ocasión fui convocado a la Secretaría del FSLN, en presencia del señor Francisco López, Secretario de Finanzas del Frente, y ocurrió lo mismo: expusimos la situación jurídica de la familia y delante de mí, López le dijo a Bragg que le explicaran al General (no identificó el apellido) que debían pagarle a esta familia o llegar a un arreglo, porque esa situación podía afectarle la imagen al Ejército si se daban cuenta los medios”, relató Rodríguez.

Otra vez Vicente Chávez

La versión del ex juez no pudo ser contrastada con las partes señaladas, pero otra versión de varios miembros de la familia Urbina, vincula a la Secretaría del Frente Sandinista con la obstrucción de la justicia en contra de los campesinos.

“En el ‘Repliegue’ de este año, nosotros protestamos, y le pedimos al presidente Daniel Ortega que nos atendiera en Monimbó. Ahí el comandante dijo: ‘Hay que darle atención a nuestros hermanos campesinos’, y nos mandó al delegado departamental del FSLN en Masaya, Jorge Martínez, para que nos resolviera”, cuenta Reinaldo Esquivel Urbina.

Recuerda que a los cinco o seis días de haber pasado la celebración sandinista, él y cinco de los ancianos fueron llevados a la sede de la Secretaría del FSLN, en donde despacha y vive el presidente Daniel Ortega.

“Ahí nos recibió el señor Vicente Chávez y otro señor que no conozco. Nosotros le explicamos todo el caso y le pedimos ayuda, pero él dijo que era difícil porque ahí estaba el Ejército metido. Así que nos preguntó qué podíamos ofrecerle nosotros al Frente a cambio de ayuda”, relata Esquivel Urbina, quien resultó lisiado de guerra en una operación militar del Ejército Popular Sandinista en 1988.

Chávez, contralor suplente y operador político del FSLN, fue mencionado este año en el escándalo de coima y extorsión millonaria a unos empresarios turísticos en el sector de Tola, Rivas. Tratamos de contactarlo en la Contraloría, pero sólo llega ocasionalmente o cuando tiene que sustituir a su propietario, y en la Secretaría del Frente Sandinista nos dijeron que no se encontraba.

“Nosotros le dijimos que no teníamos nada que ofrecer, ni siquiera los bueyes porque ya los habíamos vendido, y entonces el señor Chávez nos dijo así, con estas palabras: ‘Piensen en una oferta y me la mandan para ver qué hacemos’”, cuenta el ex soldado que ahora lucha por recuperar la herencia que sus abuelos les dejaron desde 1947.

(Con la colaboración de Mauricio Miranda y Luis Galeano)

MAÑANA:

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