José Adán Silva
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En el expediente judicial 1783-0406-06, Juzgado Sexto Civil de Distrito de Managua, se radican las últimas esperanzas legales de un grupo de campesinos que en el ocaso de sus vidas, reclaman les regresen una propiedad heredada o una indemnización por la finca, destruida por maquinarias de sociedades ligadas al IPSM del Ejército de Nicaragua.

Orlando Carrión Romero, asesor legal de la familia Urbina Rivas, expresa que el estado de salud del caso judicial es delicado y de pronóstico reservado.

La causa judicial es por nulidad de instrumentos públicos, acción reivindicatoria y cancelación registral contra las sociedades Inversiones Guardabarranco y Desarrollos Monte Verde (Demovesa), a quienes los abogados de la familia campesina exigen una indemnización de casi siete millones de dólares por la destrucción del bien, ya que alegan que con la remoción de tierras echaron a perder el estado cultivable de los suelos.

En Guardabarranco y Demovesa, el IPSM posee el 20 por ciento de las acciones, según confirmaron su director jurídico, teniente coronel Félix Palacios Bragg y Reynaldo Fernández Téfel, sobrino del general Adolfo Chamorro Téfel, hasta hace unas semanas director ejecutivo de esa entidad conocida como el “brazo financiero” del Ejército.

La propiedad que supuestamente fue vendida por los Urbina a los Somoza, serviría para llevar a cabo un millonario proyecto urbanístico de 814 casas llamado Residencial Vista Verde, el cual sería ejecutado por Obrinsa e Innicsa, dos entidades también ligadas al IPSM.

Carrión Romero dice que el juicio ha estado lleno de anomalías procesales y atropellos jurídicos en contra de sus clientes, y denuncia a la juez Soraya Sánchez de ello. El caso fue fallado en agosto pasado y resuelve a favor de Guardabarranco y Demovesa sobre la supuesta legalidad de la compra del terreno.

Explica que entre algunas anomalías figuran notificaciones irregulares, como la vez que mandaron a notificar a una desconocida, María Elena Pineda, sin ser parte del juicio ni conocida de los abogados. Carrión denuncia, además, la negación del derecho a una mediación jurídica, el rechazo a la apelación, la retardación de justicia y la no respuesta ante los reclamos sobre las presuntas irregularidades jurídicas.

Antes de este juicio, y aprovechando las irregularidades de los abogados de los señores Urbina Rivas, los abogados de las sociedades habían logrado rebatir dos acciones legales establecidas por el abogado Carlos Mario Peña, incluyendo una orden de parar la obra de construcción, que se perdió por la pobreza de los demandantes: no tenían bienes suficientes para dejar en garantía y responder por daños económicos en caso que el fallo fuera contrario a sus reclamos.

(Con la colaboración de Mauricio Miranda y Luis Galeano)

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