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La Sala Constitucional de Costa Rica aceptó un recurso de amparo en contra de la concesión otorgada para la explotación minera a cielo abierto, en el sector Las Crucitas, de Cutris, San Carlos.

La entidad jurídica resolvió que mientras no sé concluyan el caso, las autoridades recorridas deberán “adoptar de manera inmediata”, las medidas y acciones que comprueben que Industria Infinito S.A, subsidiaria de la empresa canadiense Vannessa Ventures, cumple con la normativa de ley para tal explotación.

De igual forma fiscalizar y determinar “si las obras producen o no impacto significativo sobre la biodiversidad biológica en el sector de Las Crucitas de San Carlos conforme se acusa”.

En el inciso “C” de la resolución de la Sala Constitucional, se expresa que “en el caso de que dichas obras produzcan algún tipo de impacto, tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar de manera efectiva y oportuna, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Ana Luisa ortega de AloAmbiente, Unión Norte por la VIDA, expresó su confianza de que la Sala Constitucional mantendrá su posición y anulará la nueva concesión de explotación tal y como lo hizo en el pasado.

El recurso fue presentado por el Frente Norte de Oposición a la Minería (FNOM), organización que al igual que otras, se oponen a la concesión minera por los daños que podría causar al manto acuífero de la zona y al río San Juan que se ubica a unos 3 kilómetros.

Además sostienen que la aprobación de explotación cedida por el gobierno tico, esta viciada porque esta basada en una resolución ambiental que había sido anulada por la Sala IV en noviembre del 2004.

Ana Luisa, explicó que el FNOM solicitó que se anule la nueva concesión de explotación otorgada a la minera Crucitas dado que la misma fue otorgada por el Ministerio de Ambiente mediante resolución No. 217-2008 con fundamento en la resolución No.R578-2001-MINAE, la cual se encuentra anulada por la misma Sala según sentencia No.2004-13414 el 26 de noviembre del 2004.

La contestación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y de la empresa Industrias Infinito deberá darse este 20 de junio.

A juicio de la funcionaria de AloAmbiente, esta resolución permite que sociedad civil y las organizaciones ambientalistas, puedan emprender otras acciones para que se ordene a lo inmediato paralizar las obras de construcción que se realizan en la mina Crucitas.

Asimismo que los otros procesos de permisos que se siguen ante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente para obtener los avales de funcionamiento de la planta de producción de oro y el permiso de corta de árboles sean detenidos.

“Costa Rica es un país de derecho y no podemos permitir que un gobierno por intereses muy particulares se brinque las decisiones del máximo órgano jurídico que posee la patria”, sostuvo Ana Luisa Ortega.

lmendoza@elnuevodiario.com.ni