Eloisa Ibarra
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El Procurador General de la República, Hernán Estrada, afirmó que le gustaría dirimir el conflicto legal con los empresarios de Barceló-Montelimar en una instancia internacional, para pedir no sólo la resolución del contrato, sino demandar por daños y perjuicios por todo lo que el Estado ha dejado de percibir durante todos estos años.

“No sólo no me preocupa ir a una instancia internacional, sino que me gustaría para demostrar la legitimidad que el Estado tiene en el cobro que les ha hecho y se niegan a reconocer, y demandar la resolución del contrato.

“Pero además, en una instancia internacional voy a revelar la modalidad de pago, porque el dinero de la ocupación por los vuelos charteres, no entraba aquí, y quedó registrado en República Dominicana, donde tienen la subsede”, afirmó Estrada.

El Procurador adelantó que preparan toda la documentación para hacerle frente a cualquier demanda internacional, donde está seguro ganarán porque el contrato establece que con el incumplimiento de una cláusula, se resuelve el contrato.

El consorcio español Barceló, propietario del Hotel Montelimar, le informó que podría solventar sus diferencias con el gobierno de Nicaragua en un arbitraje internacional, porque no reconocen la deuda que el Estado les cobra.

Representantes de la transnacional española aseguraron que el contrato contempla que en cualquier conflicto, se recurrirá a la agencia de controversias MIGA, del Banco Mundial.

Estrada dijo que en cualquier lugar donde vayan está listo para ir a sustentar el derecho que tiene el Estado nicaragüense sobre pagos adicionales que no han hecho, y para que sean reveladas causas adicionales que pudieran dar lugar al pago de daños y perjuicios a Nicaragua.

“Pueden hacerlo, pero también nosotros podemos hacerlo, y estamos listos. No nos preocupa, más bien podemos salir recuperando no sólo el saldo, sino la titularidad, porque el contrato establece la resolución con la violación de una sola cláusula”, dijo Estrada.

Además de una deuda millonaria, la Procuraduría General de la República (PGR), demanda la devolución de 100 manzanas de terreno y la pista del aeropuerto local, porque eso no estaba contemplado en el contrato original de privatización.

El Hotel Montelimar fue privatizado en 1993 y quien estuvo a cargo por parte de la Presidencia fue el abogado Tomas Delaney, hoy representante legal de Barceló- Montelimar.