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El Ejército de Nicaragua, como institución, fue denunciado por dos casos diferentes en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh. Por un lado, lo señalaron de abusar de su autoridad al apropiarse de parte de un terreno, y por otra, de no cumplir con lo estipulado con las leyes laborales en un despido arbitrario.

La señora Lidia Silva, dueña de una propiedad ubicada en carretera a Masaya, del kilómetro 10 y medio, 300 varas al sur, asegura que miembros del Ejército desde 1984 se adueñaron de 6 varas de ancho y 80 de largo. Aquí tienen en todo momento a un militar en vigilancia, siempre dispuesto a ofender y agredir, asegura la denunciante.

Si no por las buenas… por las malas
“Ellos --los militares-- en dos ocasiones solicitaron comprarme parte del terreno, pero después simplemente montaron una gran cerca de malla y se apropiaron de manera abusiva. Cuando intenté reclamar por mis derechos en esos años, mi abogado, Arturo Cuadra Ortegaray, me dijo que era peligros y me recomendó que mejor no me metiera con los militares”.

Su abogado, Miguel Cáceres Palacios, mencionó que posteriormente, en 1999, Silva introdujo la demanda en el Juzgado III de Distrito de lo Civil para que le regresaran la propiedad, fallaron a su favor, pero fue apelado por un tecnicismo, que era la ausencia de una boleta fiscal.

El juicio luego pasó al Juzgado IV Civil donde tiene más de dos años sin la tramitación debida, y el juez dijo que había que darle oportunidad al Ejército. Entonces, éstos contrademandaron a la reclamante, pidiendo que les pagaran supuestas mejoras por un monto de 64 mil córdobas, lo que representa el cerco de malla que abusivamente colocaron en un terreno que se utiliza sólo como botadero.

“Estamos peleando legalmente, pero como ‘burro amarrado con tigre suelto’, y siguen sin restituir los derechos de la señora Silva”, expresó el abogado.

Corrido sin derecho a nada
Otro caso denunciado fue el de Edgard Acuña Sáenz, un trabajador civil del Taller de Apoyo Logístico CALE, quien asegura que luego de regresar de un subsidio se encontró con su carta de despido, y ni siquiera le pagaron su indemnización como lo establece el Código del Trabajo.

“Tuve una crisis nerviosa como parte de las exigencias laborales, que van desde maltrato a trabajo en horas extras sin goce de salario. Uno es un trabajador civil, sin embargo, buscan obligarnos a ajustarnos al régimen militar”, expresó Acuña.

Indicó que ante el problema decidió recurrir al Ministerio del Trabajo, donde la respuesta fue que ellos no se metían con los militares. Así fue que introdujo el caso en el Juzgado Primero del Trabajo del Distrito de Managua, donde fue hasta catorce meses después que lo citaron a él y al general Omar Halleslevens, como jefe del Ejército, a negociar.

Irela Alemán, abogada del Cenidh, comentó que harán las averiguaciones pertinentes en el caso de Acuña y le acompañarán para observar que el proceso judicial se lleve conforme a lo establecido, igual harán gestiones en el caso de la señora Silva, quien presentó en regla todos los documentos legales de su propiedad.

“Lo que estamos observando es la parcialidad que existe en los casos relacionados con el Ejército de Nicaragua; además, que en problemas laborales no es el primer incidente de este tipo que encontramos, y se ve en esto una serie de tácticas dilatorias por parte de la asesoría legal de esta institución, encaminadas a desgastar al demandante, aunque al final se establezca la responsabilidad del Ejército”, expresó la doctora Alemán.