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El señor asiático no hallaba qué hacer con su vida, y en tres ocasiones intentó suicidarse en la pequeña celda donde ha pasado ocho meses de su vida, lejos de su tierra y de su familia.

Según la descripción del traductor, el señor chino salió de su patria a América, buscando el sueño americano. Eso lo llevó a Sudamérica, a Perú exactamente, de donde partió hacia Estados Unidos a través de Centroamérica, que fue hasta donde pudo llegar.

Lo detuvieron tratando de cruzar ilegalmente la frontera sur con varias personas de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, quienes fueron deportadas a sus países de origen, para quedar sólo él al final del viaje.

Por eso estaba solo, asustado y aislado, con una barrera insalvable entre su idioma y el español nicaragüense de los guardas del Centro Nacional de Detenciones, quienes, al final del tercer intento de suicidio, decidieron trasladarlo al Hospital Psiquiátrico y posteriormente a un hospital público, donde se recuperó.

Le cambiaron las medidas de seguridad y ahora el señor chino cocina y enseña a cocinar en el plantel, acompaña a los guardas a los mercados y limpia y repara cosas en el centro. Todo ello para hacerle sentir que estaba como en casa, para mientras le llegaba una legislación oficial que le permitiera asentarse en Nicaragua o regresar a su país.

La historia es real y salió de boca del propio subdirector general de Migración y Extranjería, Mario Noguera, durante la conferencia: “Situación de la población migrante en tránsito y los refugiados y refugiadas en Nicaragua”, que se celebró el pasado viernes 20 de junio en la Universidad Centroamericana, en ocasión del Día Mundial del Refugiado.

Los refugiados olvidados

En dicha actividad se dio a conocer oficialmente la nueva Ley de Protección al Refugiado, aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional el pasado tres de junio, la cual beneficiará a 3,986 personas que se cobijaron en este país desde 1980.

La mayoría de ellos son campesinos y viven en zonas rurales, según el censo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la oficina local de Migración y Extranjería.

Blanca Fonseca, delegada del Acnur para Nicaragua, celebró la decisión parlamentaria.

Fonseca recordó que en los años 80 los refugiados fueron incorporados de manera temporal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero a partir de 1990 se modificaron las leyes y con ello se excluyó esa protección a los extranjeros.

Según el diputado René Núñez Téllez, Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la nueva norma “presenta importantes conceptos como la defensa de género, la no discriminación por ningún motivo o causa, el principio de unidad familiar, el principio de no devolución, la prohibición de la expulsión y el papel mediador del Acnur y agentes locales”.

La ley establece la creación de un consejo nacional integrado por autoridades de Migración, instituciones de derechos humanos, de la Seguridad Social, delegados del Acnur, de organizaciones religiosas, de organizaciones humanitarias y de otros grupos de la sociedad civil.

Toda clase de derechos

El diputado Núñez detalló que también se estableció la asesoría legal para solicitantes de refugio, particularmente si son menores de 18 años no acompañados y adultos vulnerables; el derecho de esos extranjeros a trabajar y el acceso a todos los servicios estatales.

Además, estipula la obligación del personal de Migración, Policía y Ejército, de identificar y referir de manera expedita a los solicitantes al procedimiento de elegibilidad de refugiado establecido en la ley.

Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas considera que Nicaragua no es un territorio de destino, sino de paso de inmigrantes en ruta hacia Estados Unidos. No obstante, muchas veces las personas son detenidas y, ya sin dinero y opciones, optan por quedarse a vivir.

Un país de amplia diáspora

El representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, coautor de la norma junto a otras instituciones de la sociedad civil, recordó que Acnur fue fundamental para reagrupar a los nicaragüenses tras más de diez años de guerra entre la guerrilla del FSLN y la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, dispersos por el resto de América Central y Estados Unidos.

Según el diputado Agustín Jarquín, cerca del 20 por ciento del total de la población oficial de Nicaragua (5.4 millones de personas) vive en el extranjero como inmigrante, y ha sobrevivido gracias a asilos, refugios y otros estatus migratorios.

Es decir, más de un millón de nicaragüenses vive en otras tierras. “Hay que crear un viceministerio del refugiado nicaragüense, para apoyar a los nicaragüenses refugiados en otros países y a los refugiados de otros países que se refugien aquí”, propuso.

Los asilos de Ortega y la ley

La discusión parlamentaria por este asunto se caldeó más allá de lo pensado, debido a que dos meses antes, el gobierno de Ortega otorgó asilo diplomático a tres jóvenes mujeres sobrevivientes del ataque militar de Colombia contra un campamento de guerrilleros de ese país en territorio de Ecuador, que desató una severa crisis diplomática regional.

Managua otorgó asilo humanitario a las colombianas Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24 años, que estaban en el campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el primero de marzo, cuando fue bombardeado y donde murieron 26 personas, entre ellas uno de sus máximos jefes, “Raúl Reyes”.

Las dos colombianas, junto con la mexicana Lucía Morett, que también se encuentra en Nicaragua bajo la figura de refugiada, fueron rescatadas por soldados ecuatorianos tras esa operación militar.

Amplísima protección

Al final, según Carrión, la ley separa las facultades de cada país para otorgar asilo a las personas que sean consideradas aptas por las autoridades, y el estatus de refugiado que la ley obliga a proteger al Estado de Nicaragua.

“El refugio es una figura legal que obliga a los beneficiarios a estar en el país para acceder a ese beneficio bajo argumentos amplísimos, que demuestren que no puede seguir viviendo en su país de origen”, explicó el activista de derechos humanos.

Nicaragua ratificó en 1980 la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.

Martha Cranshaw, de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, expresó que la ley “es el producto de un esfuerzo de consulta desde hace más de cuatro años, donde la voz de la sociedad civil y de los organismos expertos internacionales en el tema fue integrada”.

Una de las cosas que más le llama la atención a Cranshaw, como aspecto positivo, es que la norma incorpora el derecho de reintegración familiar, prioriza la protección a la niñez y adolescencia, contempla la violencia de género como argumento válido para pedir refugio, así como la persecución por discriminación sexual.